- El tribunal ha sancionado al abogado por tener citas inventadas y errores sistemáticos en el recurso
- La justicia recuerda que la IA es útil, pero no sustituye la responsabilidad profesional
- El TSJ de Canarias impone una multa ejemplarizante al letrado
El mal uso profesional de herramientas de inteligencia artificial ya ha tenido consecuencias judiciales en España. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha impuesto una multa de 420 euros a un abogado que incluyó en un recurso numerosas citas falsas de jurisprudencia generadas por inteligencia artificial sin someterlas a comprobación previa.
Ahora le corresponderá al Colegio de Abogados tomar medidas disciplinarias adicionales pero con esta sentencia la Justicia advierte sobre los riesgos de empleo inadecuado de las nuevas tecnologías, que ya están aplicando miles de autónomos en su actividad.
El tribunal ha sancionado al abogado por tener citas inventadas y errores sistemáticos en el recurso
El auto, fallado el pasado 10 de febrero, constata que el escrito de apelación presentado por el letrado contenía 52 referencias, de las cuales solo cuatro eran veraces, al tratarse de citas ya recogidas en la sentencia recurrida. Las 48 restantes, junto a un supuesto informe del Consejo General del Poder Judicial sobre credibilidad del testimonio infantil, resultaron inexistentes o incorrectas.
Tras detectar estas irregularidades, el tribunal encargó a su servicio de documentación un análisis detallado del recurso. En su informe concluyó que ninguna de las notas textuales atribuidas a sentencias del Tribunal Supremo aparecía realmente en las resoluciones mencionadas. Algunas referencias tenían fechas erróneas o números incorrectos, mientras que otras correspondían a resoluciones sobre materias distintas.
Según la Sala, la explicación más plausible es que las citas hubieran sido generadas mediante herramientas de inteligencia artificial e incorporadas al escrito sin revisión posterior por parte del letrado.
Por ello el tribunal ha dictaminado que el abogado bajo sospecha “no contrastó que los números de sentencia, las fechas y los identificadores existieran efectivamente”, añadiendo que “no verificó los datos de salida de la herramienta de IA con las bases de datos de jurisprudencia –en especial, la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso universal y gratuito– para confirmar siquiera una de esas referencias, lo que le hubiera puesto sobre aviso”.
La justicia recuerda que la IA es útil, pero no sustituye la responsabilidad profesional
La resolución insiste en que el tribunal no cuestiona el uso de inteligencia artificial en la práctica jurídica. De hecho, cita el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial y Abogacía para recordar que estas herramientas pueden aportar eficiencia y acceso rápido a información, pero requieren supervisión humana.
“El principio de supervisión humana se erige así en el eje vertebrador de todas las actuaciones profesionales que comporten el uso de estos sistemas”, señala el auto, subrayando que la responsabilidad última sigue recayendo en el profesional que firma el documento.
Este caso se produce en un momento de creciente adopción de la inteligencia artificial entre autónomos, que ya utilizan estos sistemas para mejorar su productividad, tal y como ya explicaron varios expertos a este medio.
Pese a las ventajas que la IA ofrece para mejorar la eficiencia de los pequeños negocios, también alertaron sobre los riesgos que implica no supervisar ni verificar el trabajo realizado por estas herramientas. Ahora, la resolución del TSJ de Canarias refuerza precisamente esa idea al recordar que la responsabilidad sobre el resultado final recae en último término en el profesional.
El TSJ de Canarias impone una multa ejemplarizante al letrado
Todo ello ha llevado a la Sala ha considerar que la conducta constituye una “desatención de deberes profesionales básicos por imprudencia grave”. Entre las negligencias señaladas destaca el uso de una herramienta de IA generalista en lugar de una especializada.
El tribunal añade que esta actuación vulnera el deber de veracidad y buena fe procesal y obligó a la Sala a realizar un trabajo adicional de comprobación para evitar que citas inexistentes fueran tomadas por válidas.
En sus alegaciones, el abogado reconoció los hechos y asumió la responsabilidad. Explicó que había confiado la búsqueda de jurisprudencia a una herramienta de inteligencia generativa con suscripción de pago y que no contrastó los resultados.
“Debí hacerlo, y no lo hice”, señaló en su escrito de disculpa, en el que también anunció su inscripción en un curso del Consejo General de la Abogacía Española orientado al uso responsable y ético de la inteligencia artificial.
En este caso, el TSJ de Canarias recuerda que la multa podría haber alcanzado los 6.000 euros pero fija una cuantía de 420 euros siguiendo un criterio que considera “objetivo y ejemplarizante”. Por una parte toma como base el coste (unos 70 euros mensuales) que habría tenido para el interesado utilizar una herramienta jurídica especializada y, por otra, rebaja los 840 euros resultantes a la mitad por considerar que el reconocimiento del letrado y su propósito de enmienda de cara al futuro suponen un atenuante.
Sin embargo, no es el única consecuencia a la que tendrá que enfrentarse este profesional ya que el auto ordena además dar traslado del caso al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para valorar posibles responsabilidades disciplinarias adicionales.
