La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España, (la antigua Sociedad Española de Ofertas y Promociones de Autopistas y Obras Públicas o SEOPAN), ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que ha encendido todas las alarmas entre las pymes y los autónomos del transporte.
Se trata de implantar un sistema generalizado de peajes para el transporte pesado en la red viaria española. Una medida que, de salir adelante, tendría un impacto directo sobre miles de empresas, de todos los tamaños, que dependen del camión para mantener su actividad diaria.
Así las cosas, la iniciativa de SEOPAN defiende la necesidad de aplicar el principio de «quien lo usa, lo paga» como fórmula para financiar el mantenimiento de las carreteras y que estas vayan mejorando su calidad. Sin embargo, la propuesta llega en un momento muy vulnerable para el sector, dado el aumento sostenido de los costes relacionados con su trabajo diario, la presión fiscal y unos márgenes cada vez más ajustados.
- Una propuesta que encarece, aún más, la carretera y crea tensión en la cadena logística
- Un impacto económico directo para pymes y autónomos del transporte
Una propuesta que encarece, aún más, la carretera y crea tensión en la cadena logística
La propuesta defendida por SEOPAN parte de una premisa que es, al menos aparentemente, sencilla: que los vehículos pesados (que son aquellos que superan las 3,5 toneladas) contribuyan de forma directa al mantenimiento de las infraestructuras viarias mediante un pago extra en forma de peaje. El argumento se apoya en la idea de que es el transporte pesado por carretera el que genera un mayor desgaste y, por tanto, un mayor gasto a la larga que se reparte de forma igualitaria entre todos los usuarios de las carreteras.
Sin embargo, el planteamiento ignora un elemento clave de la economía española, que es que según los datos del Ministerio de Transporte, más del 95% de las mercancías de nuestro país se mueven en algún momento por carretera, lo que convierte al transporte terrestre en una infraestructura crítica para el funcionamiento de toda nuestra economía. Esto quiere decir, según argumentan desde los principales sindicatos del transporte, que cualquier encarecimiento directo a su actividad se traslada de forma inmediata a la cadena de suministro y, en última instancia, al precio final de los productos.
Ahora bien, es importante saber que el Comité Nacional del Transporte por Carretera, órgano que agrupa a las pirncipales asociaciones del sector y actúa como interlocutor con la Administración, ha rechazado de forma expresa la propuesta, con un planteamiento muy rotundo: implantar peajes generalizados al transporte pesado podría suponer un sobrecoste difícilmente asumible para las empresas, sobre todo las más pequeñas, y además no resolvería los problemas estructurales de financiación de las infraestructuras.
A este rechazo se suma la crítica al enfoque económico de la medida. Y es que las organizaciones empresariales han argumentado en los últimos días que el modelo propuesto abre la puerta a convertir carreteras estratégicas en activos de rentabilidad privada, trasladando el coste directamente a quienes no pueden prescindir de ellas de ninguna forma porque tienen que trabajar.
Un impacto económico directo para pymes y autónomos del transporte
Y si existe un colectivo especialmente expuesto a esta propuesta, son, como sucede en la mayoría de las ocasiones, las pequeñas empresas y los autónomos del transporte, que además, según los datos del mismo Ministerio de Transporte, son cerca del 96% del total. Porque a diferencia de las grandes flotas, que cuentan con mayor capacidad financiera y margen de negociación, las pymes operan con estructuras más ajustadas y con escaso margen para absorber nuevos costes.
De hecho, en la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) advierten de que un sistema de peajes generalizado supondría un aumento inmediato de los costes fijos. Para una empresa con uno o dos camiones, el impacto anual podría traducirse en varios miles de euros adicionales, una cifra que es difícil de repercutir en un mercado donde las tarifas, además, llevan años tensionadas a la baja.
En el mismo sentido hablan en la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte en España (FENADISMER), y alertan de que muchas empresas del transporte trabajan ya al límite de la rentabilidad. En este contexto, cualquier incremento de gastos no previsto puede comprometer la viabilidad del negocio, especialmente en rutas de largo recorrido o en actividades ligadas a sectores con fuerte competencia de precios.
Es importante además tener en cuenta que el transporte por carretera ya soporta una elevada presión fiscal. En este sentido, ambas organizaciones del sector recuerdan que sólo a través de la fiscalidad asociada al gasóleo de automoción el Estado habría recaudado más de 200.000 millones de euros en la última década, unas estimaciones que se extraen del propio Comité Nacional del Transporte por Carretera a partir de sus informes sobre recaudación fiscal.
Y existe otro gran problema, que también es señalado por Fetransa y Fenadismer, que es que existe cierta imposibilidad de trasladar este coste extra al cliente final, ya que en muchos contratos del transporte, especialmente los vinculados a grandes cargadores o plataformas logísticas, las tarifas se fijan con escaso margen de revisión, lo que obliga a las pequeñas empresas a asumir el sobrecoste, reduciendo aún más su beneficio.
Y aunque el rechazo del Comité Nacional del Transporte por Carretera ha frenado, al menos a priori, la propuesta de SEOPAN, el debate sigue abierto. Desde el sector de los transportistas se reclama una visión más amplia, que tenga en cuenta el papel estratégico del transporte por carretera y la situación real de pymes y autónomos que, debido a la situación geopolítica y el precio de la gasolina, entre otras cosas, ya llevan unos meses complicados en cuanto a sus ganancias.
