El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela en primera vuelta. La norma, que tendrá que volver la semana próxima al Parlamento para su votación definitiva, después de pasar por el Senado, incluye tres cambios fundamentales para los negocios y las pymes. Cambios que saldrán adelante si la Cámara Baja convalida definitivamente el texto.
Entre ellos, se encuentra la regulación de mecanismos para eliminar reseñas falsas de los negocios en Internet, la prohibición de los gastos de gestión ocultos en las transacciones de bienes y servicios que adquieran los consumidores, o la supresión de las renovaciones de contrato no consentidas.
Asimismo, la normativa regula otros aspectos para sectores más específicos, como la eliminación de las llamadas spam, la transparencia en los algoritmos empleados para la publicidad en aplicaciones o plataformas digitales, o la prohibición de la utilización de números de tarificación adicional como medio de comunicación con los clientes.
- La normativa limita la reseñas falsas
- Fin de la gestión de gastos ocultos
- Prohibición de las renovaciones de contrato no consentidas
- Eliminación de las llamadas ‘spam’
- Cambios en los algoritmos transparentes en publicidad y precios personalizados
La normativa limita la reseñas falsas
El texto prohíbe la compraventa de reseñas y establece como requisito publicar las reseñas en los 30 días siguientes a la compra del bien o disfrute del servicio.
Además, los negocios tendrán garantizada no solo la réplica, sino también el derecho a la eliminación de la reseña cuando pueda acreditar que quien firma la reseña no ha adquirido el producto o servicio. Mediante estas pautas, el Ministerio de Consumo, Asuntos Sociales y Agenda 2030 busca garantizar que las reseñas correspondan a opiniones reales.
Fin de la gestión de gastos ocultos
Otra de las novedades que afectan a las empresas es que tendrán que aportar la totalidad del precio del producto o bien que adquiere el consumidor desde el inicio de la transacción.
Aquí se incluyen otros costes añadidos que puedan repercutir en el consumidor, a fin de evitar que las empresas informen de sus precios desagregando cifras. Especialmente, en distintos momentos durante los procesos de compra o reserva.
El consumidor debe poder conocer la totalidad del precio que paga desde el primer momento, evitando los incrementos inesperados.
Prohibición de las renovaciones de contrato no consentidas
También obligará a las empresas a comunicar con 15 días de antelación la fecha en la que renovarán automáticamente el servicio o suscripción contratado por el consumidor o cliente.
Adicionalmente, tendrán que facilitar la baja voluntaria en caso de que éste así lo quiera. La medida busca la toma de decisiones conscientes por parte del cliente que eviten la renovación automática no deseada de contratos, ya que no permiten al consumidor decidir previamente si mantiene o no el servicio.
Eliminación de las llamadas ‘spam’
La norma también obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico (un prefijo telefónico), y sus llamadas de atención al cliente con otro diferente.
Tampoco se permitirán los contratos que se cierren mediante llamadas telefónicas no consentidas, que serán declarados nulos.
Cambios en los algoritmos transparentes en publicidad y precios personalizados
Los consumidores también tendrán derecho a conocer cuáles son los parámetros que se emplean para personalizar los precios y publicidad que reciben por medio de aplicaciones o plataformas digitales.
Serán accesibles para los consumidores, y en ellos no se podrán emplear parámetros discriminatorios o que exploten situaciones de urgencia o necesidad.
