- Los autónomos que cuidan de un familiar tendrán más apoyo para poder seguir trabajando
- Las ayudas podrían aumentar, pero dependerá de cada comunidad autónoma
- Un autónomo puede ser cuidador no profesional sin dejar su negocio
Cuidar de un padre, una madre o un hijo dependiente obliga a miles de autónomos a reducir su jornada, rechazar clientes o incluso cerrar temporalmente su negocio. Para tratar de aliviar esa situación, el Gobierno acaba de aprobar la mayor reforma de la financiación del sistema de dependencia de los últimos años. Hablamos de una aportación estatal que ascenderá a 5.513 millones de euros en 2026 y que busca reforzar los apoyos para que quienes asumen esos cuidados puedan compatibilizarlos mejor con su actividad profesional.
Como explicó Fermín Ojeda, decano del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura y vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales de España, el real decreto ley puede tener una importante repercusión práctica para este colectivo. «Cada hora dedicada al cuidado suele traducirse en una menor capacidad para generar ingresos», resumió. Aclaro además que el principal beneficio de esta reforma no será necesariamente cobrar más dinero, sino disponer de mayores apoyos para compatibilizar el cuidado de sus familiares con el mantenimiento de su actividad profesional.
Ahora bien, aunque este incremento de recursos podría traducirse también en una mejora de las ayudas directas y de los servicios que reciben muchas familias, Fermín Ojeda aclaró que ese efecto no será automático ni igual en toda España. La mejora efectiva dependerá, en buena medida, de cómo cada comunidad autónoma traslade esos recursos adicionales a las ayudas y servicios que gestiona.
Los autónomos que cuidan de un familiar tendrán más apoyo para poder seguir trabajando
El real Ddecreto ley supone un importante refuerzo del sistema público de dependencia del que pueden beneficiarse miles de autónomos que cuidan de un familiar. La norma incrementa de forma muy significativa la financiación que el Estado destina a las comunidades autónomas para atender a las personas dependientes, con el objetivo de mejorar los servicios y seguir reduciendo las listas de espera.
Fermín Ojeda señaló que el principal efecto de la reforma va más allá del incremento de las prestaciones económicas. A su juicio, asumir el cuidado de una persona dependiente supone dedicar un tiempo que deja de invertirse en la actividad profesional, una circunstancia que penaliza especialmente a los trabajadores autónomos, ya que en muchos casos no pueden delegar su negocio ni interrumpir su actividad.
En este sentido, el graduado social aseguró que «desde una perspectiva jurídica, puede afirmarse que el real decreto ley constituye una reforma de gran relevancia para el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».
A su juicio, el éxito de esta medida no deberá medirse únicamente por el incremento del presupuesto, sino por su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas dependientes y permitir que quienes asumen diariamente su cuidado, entre ellos miles de trabajadores autónomos, puedan compatibilizar esa responsabilidad con el desarrollo de su actividad económica.
Los nuevos recursos se traducirán en más ayuda a domicilio, centros de día y menos listas de espera
Según explicó Fermín Ojeda, “aunque esta reforma no incorpora nuevas ayudas específicas para los trabajadores autónomos ni modifica su régimen de Seguridad Social, sí puede tener una importancia práctica considerable para este colectivo”.
Lo esperable es que las comunidades autónomas trasladen la nueva financiación a los servicios del sistema, de modo que los autónomos que cuidan de un familiar dependiente «dispondrán de mayores apoyos para compatibilizar el cuidado de sus familiares con el mantenimiento de su actividad profesional».
Entre las principales mejoras que podrían impulsarse se encuentran:
- Más atención domiciliaria, reduciendo el tiempo que los familiares deben dedicar personalmente a los cuidados diarios.
- Más plazas en centros de día, facilitando que la persona dependiente reciba atención especializada mientras el autónomo mantiene su jornada de trabajo.
- Desarrollo de servicios de asistencia personal, que permitan reforzar la autonomía de las personas dependientes y aliviar parte de la carga que asumen las familias.
- Refuerzo de los programas de respiro familiar, ofreciendo apoyos temporales para que los cuidadores puedan atender su negocio o descansar sin desatender al familiar.
- Reducción de las listas de espera, agilizando el acceso a prestaciones y servicios que, en muchos casos, tardan meses en llegar.
El Estado destinará casi el doble por cada persona dependiente
El real decreto ley incrementa las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado garantiza por cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir del 1 de julio, la financiación estatal será la siguiente:
- Grado III (Gran Dependencia): 660 euros al mes.
- Grado II (Dependencia Severa): 260 euros al mes.
- Grado I (Dependencia Moderada): 90 euros al mes.
- Grado III+ (Dependencia extrema): 4.930 euros al mes; una nueva cuantía que se incorpora por primera vez al sistema.
No obstante, Fermín Ojeda aclaró que estas cantidades no son las prestaciones económicas que recibirán directamente las familias, sino el nivel mínimo de financiación que el Estado aporta al sistema por cada persona beneficiaria. La ayuda que finalmente perciba cada dependiente seguirá determinándose por la comunidad autónoma correspondiente, en función del grado de dependencia reconocido, la capacidad económica del beneficiario y el Programa Individual de Atención aprobado para cada caso.
La mayor inyección de dinero al sistema de dependencia en años
Para hacer posible ese refuerzo, el Gobierno ha elevado la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) hasta los 5.513 millones de euros en 2026, frente a los más de 3.757 millones destinados en 2025, lo que supone un incremento cercano al 47%.
Según recoge el propio real decreto ley, el objetivo es fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema, mejorar la calidad de los servicios, continuar reduciendo las listas de espera y facilitar que las administraciones dispongan de más recursos para atender el aumento de las situaciones de dependencia derivadas del envejecimiento de la población.
El BOE recuerda, además, que el sistema atiende ya a casi 1,7 millones de personas en España y destaca que el incremento de financiación aplicado en los últimos años ha permitido ampliar la cobertura y reducir de forma significativa el número de personas que permanecen en lista de espera.
Las ayudas podrían aumentar, pero dependerá de cada comunidad autónoma
Según explicó el graduado social, algunas familias podrían beneficiarse de una mejora económica o de más servicios conforme las comunidades autónomas incorporen la nueva financiación estatal, mientras que otras podrían no notar cambios inmediatos, pero ese efecto no será inmediato ni uniforme en toda España.
Fermín Ojeda recordó que las prestaciones seguirán determinándose en función del grado de dependencia, la capacidad económica de la persona beneficiaria, el Programa Individual de Atención (PIA) y la normativa que aplique cada comunidad autónoma. Por ello, «no puede afirmarse que todos los trabajadores autónomos que cuidan de un familiar dependiente vayan a cobrar automáticamente una ayuda superior desde el mes de julio».
Un autónomo puede ser cuidador no profesional sin dejar su negocio
Otra de las dudas más habituales entre quienes cuidan de un familiar dependiente es si desarrollar una actividad por cuenta propia puede impedirles acceder a las prestaciones del sistema. Según aclaró Fermín Ojeda, la respuesta es no.
El graduado social explicó que la legislación vigente «no establece ninguna incompatibilidad general entre desarrollar una actividad por cuenta propia y ser reconocido como cuidador no profesional de una persona en situación de dependencia». Eso sí, precisó que «lo verdaderamente relevante es que el cuidador reúna las condiciones exigidas por la normativa y pueda prestar una atención efectiva y adecuada conforme al Programa Individual de Atención».
Asimismo, el experto recordó que la normativa estatal tampoco fija un límite específico de ingresos para el cuidador ni excluye el acceso a las prestaciones por el hecho de ser autónomo. La capacidad económica que se tiene en cuenta para determinar la cuantía de la ayuda es la de la persona en situación de dependencia, que es la beneficiaria del sistema.
Por ello, el reconocimiento de la prestación dependerá fundamentalmente del grado de dependencia, del Programa Individual de Atención y de que el autónomo pueda compatibilizar su actividad con el cuidado efectivo del familiar. Tal y como resumió Fermín Ojeda, la actividad profesional «únicamente será relevante cuando resulte incompatible con el ejercicio efectivo de esas funciones».
