El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que desarrolla la subida de las pensiones para 2026, culminando así un proceso que había quedado pendiente tras la convalidación parlamentaria de la medida. La norma permite aplicar de forma efectiva la revalorización de las prestaciones, incluidas las que perciben miles de autónomos jubilados, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
La aprobación llega en un contexto de incertidumbre normativa y económica marcado por la caída previa del decreto ‘ómnibus’ en el Congreso y la necesidad del Gobierno de ir dando seguridad jurídica a distintas medidas ya anunciadas. En este caso, aunque la subida de las pensiones ya había sido validada por el Parlamento, faltaba su desarrollo reglamentario para garantizar la aplicación efectiva.
Según el Gobierno, este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia para blindar las rentas en un momento de tensiones inflacionistas, siguiendo el mismo esquema aplicado en años anteriores, como tras el inicio de la guerra en Ucrania. En paralelo, distintos colectivos, incluidos autónomos y asociaciones empresariales, vienen reclamando mayor estabilidad normativa en ámbitos como fiscalidad, módulos o cotizaciones, ante la acumulación de cambios y retrasos regulatorios.
- El nuevo decreto desarrolla la subida de un 2,8 % en las pensiones de los autónomos
- También se incluyen las subidas de pensiones mínimas y no contributivas
El nuevo decreto desarrolla la subida de un 2,8 % en las pensiones de los autónomos
El Real Decreto aprobado ahora permite aplicar la revalorización de las pensiones contributivas, que en 2026 subirán un 2,7%, una cifra en línea con la evolución media de los precios y el mecanismo de actualización vinculado al IPC. Esta subida afecta directamente a millones de pensionistas, incluidos los autónomos que han cotizado durante su vida laboral.
En total, la medida beneficiará a cerca de 9,4 millones de personas –dos millones son trabajadores por cuenta propia– que perciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas, así como a más de 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado. En el caso de los autónomos, esta revalorización supone un incremento directo de sus prestaciones tras la jubilación, en un momento en el que muchos ven reducida su capacidad adquisitiva por el aumento del coste de vida.
Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, esta subida del 2,7% se traducirá en unos 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación, mientras que el incremento medio del conjunto del sistema rondará los 500 euros anuales.
Además, el decreto fija también nuevos límites y referencias clave para el sistema. La pensión máxima se sitúa en 3.359,60 euros mensuales, es decir, 47.034,40 euros anuales, mientras que la base máxima de cotización asciende a 5.101,2 euros mensuales, un 3,9% más que en 2025.
Este incremento de las bases también tiene implicaciones para los autónomos en activo, especialmente aquellos con mayores ingresos, que verán ajustadas sus cotizaciones dentro del nuevo sistema basado en rendimientos reales. En este sentido, la subida de pensiones se conecta con el rediseño progresivo del sistema de cotización que se está aplicando desde 2023.
También se incluyen las subidas de pensiones mínimas y no contributivas
Más allá de las pensiones contributivas, el real decreto también desarrolla la subida de las prestaciones mínimas y no contributivas, que registran incrementos superiores con el objetivo de reforzar la protección de los colectivos más vulnerables.
En concreto, las pensiones mínimas aumentan más de un 7% en 2026 (un 7,07%), mientras que las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares se incrementan un 11,4%. Este mismo porcentaje se aplica a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital (IMV), reforzando así la red de protección social.
La pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años en hogares unipersonales alcanza los 13.106,80 euros anuales, frente a los 12.241,6 euros del año anterior. En los casos con cónyuge a cargo, esta cuantía sube hasta los 17.592,40 euros anuales.
El decreto incluye igualmente mejoras en otras prestaciones vinculadas, como las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad. Así, en 2026 alcanzarán los 5.962,80 euros anuales para discapacidades iguales o superiores al 65%, y los 8.942,40 euros en el caso de discapacidades superiores al 75%.
