La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha reclamado ante la Comisión Europea que la formación en inteligencia artificial no se limite a los trabajadores y llegue también a los autónomos y pequeños empleadores. Ya que considera que serán quienes tengan que implantar estas herramientas en sus negocios durante los próximos años.
La petición fue trasladada por la vicepresidenta de la organización, Celia Ferrero, durante un seminario tripartito sobre gestión algorítmica del trabajo organizado en Bruselas.
La reivindicación afecta especialmente a las micropymes, que representan el 93,1% de las empresas europeas y que, según ATA, no desarrollarán sus propios algoritmos, sino que adquirirán soluciones ya existentes para aplicarlas a la gestión de empleados, clientes o procesos internos. Por ello, la organización considera que la formación de quienes toman las decisiones dentro de los negocios será tan importante como la de quienes utilizan esas herramientas.
- Las micropymes emplearán inteligencia artificial creada por terceros y conviene saber usarla
- ATA advierte de nuevas responsabilidades para los empleadores
- El debate alcanza también a la información que reciben los trabajadores
- La formación aparece como una de las principales demandas
Las micropymes emplearán inteligencia artificial creada por terceros y conviene saber usarla
Ferrero intervino en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y defendió que los recursos destinados a las competencias digitales deberían dirigirse también a quienes serán responsables de seleccionar, contratar e implantar estas tecnologías. “No tiene sentido formar a los trabajadores y no a quien los emplea”, afirmó durante el encuentro celebrado en la Comisión Europea.
La expansión de la inteligencia artificial está generando un intenso debate sobre sus efectos en el empleo, las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores. Sin embargo, ATA considera que una parte importante de la discusión se está centrando en los empleados, “mientras se presta menos atención a quienes deberán decidir qué herramientas se utilizan y bajo qué condiciones”.
La realidad de la inmensa mayoría de los autónomos y pequeños negocios dista mucho de la imagen de grandes compañías desarrollando sistemas propios de inteligencia artificial. Según recordó Ferrero, la mayoría se limitará a adquirir programas ya existentes para automatizar determinadas tareas o mejorar su productividad.
Esa circunstancia, lejos de reducir las responsabilidades de los empleadores, puede incrementarlas. La organización considera que quienes incorporen estas herramientas deberán contar con los conocimientos suficientes para valorar su impacto y elegir aquellas soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.
ATA advierte de nuevas responsabilidades para los empleadores
Entre los ámbitos que ATA considera prioritarios destacan la evaluación de riesgos digitales, la protección de datos y la ciberseguridad. Son cuestiones que ya forman parte de las obligaciones habituales de muchos negocios, pero cuya complejidad puede aumentar a medida que se generalice el uso de sistemas basados en inteligencia artificial.
“La evaluación de riesgos digitales, la protección de datos y la ciberseguridad son áreas imprescindibles para la digitalización de nuestro tejido empresarial y la concienciación en cuanto a las responsabilidades que conlleva”, señaló la vicepresidenta de ATA durante su intervención.
La preocupación no se limita únicamente al funcionamiento técnico de estas herramientas. También afecta a las posibles consecuencias derivadas de decisiones automatizadas relacionadas con la organización del trabajo, la evaluación del rendimiento o la gestión de recursos humanos.
En este sentido, Ferrero recordó que España ya cuenta con experiencia en esta materia a través de la denominada Ley Rider, que introdujo obligaciones de información a la representación legal de los trabajadores sobre los algoritmos utilizados por determinadas plataformas digitales.
El debate alcanza también a la información que reciben los trabajadores
ATA considera, no obstante, que todavía existen numerosas cuestiones abiertas sobre la información que debe facilitarse cuando una organización utiliza algoritmos o herramientas de inteligencia artificial que puedan influir en aspectos laborales.
La organización entiende que debe encontrarse un equilibrio entre los derechos de información de los trabajadores y otras cuestiones igualmente relevantes, como la protección de datos personales, la confidencialidad de determinados procesos o la propiedad intelectual asociada a las herramientas empleadas.
Ferrero defendió además que la inteligencia artificial no puede abordarse de forma homogénea porque existen tecnologías muy distintas entre sí y con aplicaciones que varían considerablemente según la actividad económica, el tamaño del negocio o el sector en el que opere cada organización.
Por ese motivo, ATA considera que el diálogo social y la negociación colectiva seguirán desempeñando un papel relevante a la hora de adaptar las nuevas tecnologías a las particularidades de cada actividad.
La formación aparece como una de las principales demandas
La vicepresidenta de ATA reclamó que sindicatos, organizaciones empresariales y representantes de los trabajadores refuercen también su preparación en estas materias para afrontar con mayores garantías los cambios que ya están comenzando a producirse.
“Hay que reforzar el diálogo social y la negociación colectiva, así como la formación de sus cuadros y negociadores en las mesas sobre estas materias”, sostuvo durante el seminario europeo.
La organización considera que la inteligencia artificial supondrá una transformación profunda para empresas, trabajadores y empleadores, lo que obliga a ampliar la formación más allá del ámbito tecnológico e incorporar conocimientos relacionados con las responsabilidades jurídicas, laborales y organizativas derivadas de su utilización.
“Posiblemente estemos ante la mayor revolución tecnológica de la humanidad hasta ahora y trasciende el mundo del trabajo; evaluemos los riesgos desde el conocimiento y formación de todos los actores implicados y reforcemos el diálogo necesario para ello”, afirmó Ferrero.
