- El aumento de costes laborales y cotizaciones reduce la rentabilidad de los autónomos
- Los costes por cotizaciones ganan peso frente a otros impuestos
- Los autónomos sufren un desequilibrio entre lo que aportan y lo que reciben a cambio
Los costes laborales de los autónomos con empleados no han dejado de subir en los últimos años. El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), la entrada en vigor del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y las sucesivas subidas de cotizaciones han elevado de forma sostenida el gasto que deben asumir cada mes. Lo que reduce lógicamente su margen real, incluso en negocios con ingresos estables.
De modo que la presión fiscal total sobre su actividad se sitúa en niveles elevados. El último Observatorio sobre el reparto de los impuestos, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), cifra en torno al 33,4% el peso conjunto de impuestos y cotizaciones para los autónomos. Un porcentaje que refleja el impacto acumulado de todas estas obligaciones sobre sus ingresos.
Sin embargo, esa carga no se traduce en un equilibrio al compararlo con lo que reciben a cambio. Los autónomos siguen aportando más de lo que obtienen en prestaciones y servicios públicos. Según Fedea, presentan un saldo negativo que supera ya el 13%. Y ello, dentro de un sistema donde la redistribución depende en mayor medida del gasto, especialmente las pensiones, que de los propios impuestos.
Entre esas prestaciones destaca el cese de actividad, equivalente al “paro” para los trabajadores por cuenta propia, cuyo acceso sigue siendo una de las principales reivindicaciones del colectivo. Como ya ha contado varias veces este diario, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) viene reclamando desde hace años una flexibilización de sus requisitos, ante las elevadas tasas de denegación que limitan su alcance real.
El aumento de costes laborales y cotizaciones reduce la rentabilidad de los autónomos
Este escenario se explica en buena medida por el peso creciente de las cotizaciones sociales dentro del conjunto de obligaciones fiscales del autónomo con empleados. En su caso, estas cuotas representan el 9,3% de la renta; una proporción que evidencia su impacto directo sobre la capacidad de generar beneficios y sostener el negocio.
En concreto, “en el caso de los hogares cuya fuente principal de ingresos es el trabajo autónomo, el tipo medio efectivo es del 33,4%”, explicó Carmen Marín González, investigadora de Fedea y coautora del informe junto a Julio López-Laborda y Jorge Onrubia. Esta experta subrayó que dicho cálculo incorpora tanto impuestos como cotizaciones sociales.
El IRPF sigue siendo el principal tributo, con un peso del 12,4%. Sin embargo, la cercanía de las cotizaciones a ese nivel muestra hasta qué punto la carga fiscal de los autónomos no depende únicamente de Hacienda. Esta combinación de impuestos y cuotas configura una presión sostenida que afecta directamente a su renta disponible.
Además, el incremento de costes no se limita a las obligaciones fiscales directas, sino que está vinculado a decisiones regulatorias que afectan al conjunto del mercado laboral. Las subidas del SMI y los cambios en las cotizaciones han ido elevando el umbral de gasto necesario para mantener una plantilla, lo que repercute especialmente en pequeños negocios con márgenes ajustados.
Los costes por cotizaciones ganan peso frente a otros impuestos
El informe de Fedea también pone de relieve que el sistema fiscal tiene una capacidad limitada para redistribuir la renta a través de los impuestos. La mayor parte del efecto redistributivo se canaliza a través de las prestaciones públicas, con un papel predominante de las pensiones.
“Los trabajadores autónomos presentan un saldo negativo del 13,1%”, señala Marín González, lo que implica que el valor de sus aportaciones en forma de impuestos y cotizaciones supera al de las prestaciones y servicios públicos que reciben.
Este saldo negativo no es exclusivo de los autónomos, pero sí refleja su posición como contribuyentes netos dentro del sistema. La combinación de cotizaciones elevadas y un acceso más limitado a determinadas prestaciones explica en parte este resultado.
En paralelo, las diferencias territoriales también influyen en el reparto de cargas y beneficios. Aunque el informe no desagrega específicamente por perfiles de autónomos, sí identifica territorios con saldos más negativos, como la Comunidad de Madrid o las Islas Baleares. Lo cual apunta a un mayor esfuerzo contributivo en estos territorios.
Los autónomos sufren un desequilibrio entre lo que aportan y lo que reciben a cambio
El acceso efectivo a las prestaciones es uno de los factores que más condiciona la percepción del sistema por parte de los autónomos. Más allá de servicios como la sanidad o la educación, las ayudas económicas directas tienen un peso desigual según el tipo de contribuyente.
En el caso del cese de actividad, las dificultades para acceder a esta prestación han sido una constante en las reclamaciones del colectivo. Las condiciones exigidas y la elevada proporción de solicitudes denegadas limitan su papel como red de seguridad. Sobre todo, en situaciones de caída de ingresos.
Esta situación actual de los autónomos refuerza la idea de que la redistribución del sistema no se percibe de forma homogénea entre todos los contribuyentes. Mientras algunas prestaciones tienen un impacto significativo en determinados colectivos, otros, como los autónomos, mantienen una relación más desequilibrada entre lo que aportan y lo que reciben.
