El Tribunal Supremo ha introducido cambios relevantes en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. A través de seis sentencias –emitidas todas entre enero y febrero– que afectan directamente a muchos autónomos con deudas públicas, al reinterpretar el alcance de la exoneración del crédito con la Administración y suavizar algunos de los obstáculos que hasta ahora impedían acceder a este mecanismo. Las sentencias fijan un giro práctico en cómo se aplican los Artículos 487 y 489 del Texto Refundido de la Ley Concursal y, en concreto, amplían el margen para cancelar parte de las deudas con Hacienda, Seguridad Social y otras administraciones.
El cambio más relevante para autónomos y pequeños negocios es que desaparece el automatismo que impedía acceder a el perdón por el mero hecho de haber sufrido derivaciones de responsabilidad o determinadas sanciones, de modo que ahora será necesario analizar si existió realmente conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave.
Luis Fonseca-Herrero, Legal Manager de Bergadà Abogados, subrayó a este diario que estas sentencias “traen a nuestro sistema de exoneración del pasivo insatisfecho novedades importantes respecto de la protección del crédito público, lo que en la práctica puede ampliar el número de deudores que logren empezar de nuevo”. Además, el nuevo criterio permite cancelar sin límite recargos, intereses de demora y parte de las sanciones asociadas a la deuda pública.
Otro elemento clave de las sentencias del Supremo es la reinterpretación del límite de 10.000 euros en la exoneración del crédito público. Ese límite ya estaba previsto, pero su aplicación generaba dudas y se venía aplicando de forma restrictiva, lo que reducía en la práctica la cantidad cancelable. Ahora el Tribunal Supremo aclara que debe aplicarse por cada acreedor público, de modo que un autónomo puede cancelar hasta esa cantidad con cada administración, lo que amplía el importe total que puede eliminarse cuando existen deudas con varios organismos.
El Supremo elimina exclusiones automáticas y amplía la exoneración del crédito público
El núcleo de la reforma interpretativa del Alto Tribunal está en el Artículo 487.1.2º del Texto Refundido de la Ley Concursal, que hasta ahora excluía automáticamente a quienes hubieran sido sancionados o tuvieran derivaciones de responsabilidad, incluso cuando no existía fraude probado. La exclusión automática deja de aplicarse cuando no hay conducta fraudulenta acreditada, explica el experto, “lo que introduce un análisis individual en cada procedimiento concursal”.
Fonseca-Herrero recoge este giro al señalar: “Mientras no conste acreditado que el acuerdo de derivación de responsabilidad trae causa de una conducta fraudulenta del administrador, esta excepción carece de la debida justificación”. Este criterio obliga a valorar las circunstancias concretas, antes de impedir el acceso a la exoneración.
La doctrina también aclara el concepto de deudor de buena fe, reforzando la obligación de declarar todas las deudas y justificar su origen para que el juez pueda comprobar que no existen causas de exclusión antes de conceder la exoneración. El deudor debe declarar todas las deudas, para permitir el control judicial del proceso.
El límite de 10.000 euros deja de ser global y multiplica la exoneración posible
Antes la ley mencionaba de forma expresa a Hacienda y a la Seguridad Social al regular la exoneración del crédito público, lo que había generado interpretaciones dispares sobre cómo debía aplicarse al resto de administraciones. Como explica Luis Fonseca-Herrero, “el Supremo interpreta ahora que la exclusión de la exoneración es parcial y para toda clase de crédito público”, lo que aclara que el criterio se extiende a cualquier deuda con una administración, no solo a esos dos organismos.
Además, el límite de 10.000 euros no se aplica a toda la deuda en conjunto, sino por cada administración pública por separado. Según explica el propio jurista, el límite “es aplicable no en su conjunto, sino a cada acreedor de Derecho público”, lo que puede aumentar el dinero que se logra cancelar cuando un autónomo tiene deudas con varias administraciones.
Recargos, intereses y sanciones subordinadas podrán perdonarse sin límite
Una de las novedades más importantes afecta a la parte secundaria de la deuda pública, formada por recargos por pagar tarde, intereses y algunas sanciones, que no corresponden a la deuda principal. El Tribunal Supremo considera ahora que esta parte puede perdonarse completamente sin aplicar el límite de 10.000 euros, lo que reduce de verdad la deuda acumulada cuando ha crecido con el tiempo.
Fonseca-Herrero resume este cambio al afirmar que “los créditos públicos que merecen la consideración de crédito subordinado están afectados por la exoneración”, una interpretación que permite eliminar recargos e intereses que antes seguían pesando sobre el deudor. Esto alivia especialmente las deudas antiguas que se habían incrementado por penalizaciones.
El experto añade que esto supone “que se podrán exonerar plenamente recargos, intereses de morosidad y gran parte de las sanciones asociadas a la deuda tributaria, lo que corrige un tratamiento que había hecho crecer muchas deudas por acumulación de cargos adicionales”. Las penalizaciones dejan de bloquear la cancelación en numerosos casos.
El nuevo marco busca mayor proporcionalidad y corrige restricciones previas del sistema
El conjunto de sentencias responde a años de discusión sobre hasta dónde podía llegar el perdón de la deuda pública dentro de la Segunda Oportunidad y cómo debía aplicarse en la práctica. El sistema se orienta ahora hacia un equilibrio mayor entre el derecho del deudor a empezar de nuevo y la protección del dinero público, tras un cambio importante de interpretación.
“Hoy, se puede decir que tenemos un sistema mucho más justo de exoneración”, sostiene Fonseca-Herrero, aunque reconoce que todavía quedan “aspectos prácticos por concretar en su aplicación en los juzgados”. El cambio amplía el acceso real al mecanismo, sin eliminar la exigencia de buena fe para quien solicita el perdón de la deuda.
“Tras años de un importante conflicto jurisprudencial y doctrinal, estas sentencias suponen un cambio muy relevante”, concluye, “al corregir interpretaciones que habían limitado la eficacia real del sistema”. Se fija así una doctrina más flexible en la aplicación de la Segunda Oportunidad, que facilita el reinicio económico del deudor.
