Las reclamaciones de los autónomos contra Hacienda han alcanzado un máximo histórico, con un total de 239.177 recursos presentados ante los tribunales económico-administrativos, según la Memoria de la Administración Tributaria correspondiente al ejercicio 2023, publicada por la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La cifra supone un incremento del 4% respecto al año anterior y es la más elevada desde que existen registros oficiales, lo que refleja un aumento sostenido de la conflictividad fiscal.
El informe oficial muestra que en torno al 40,7% de las reclamaciones resueltas por los tribunales económico-administrativos regionales se estimaron total o parcialmente a favor del autónomo, frente a un 51% que se desestimaron. Este porcentaje contradice la percepción extendida entre muchos contribuyentes de que recurrir una actuación del Fisco es siempre algo estéril o está condenado al fracaso, pues deja claro que los mecanismos de revisión administrativa corrigen un volumen relevante de decisiones.
Además, la mayor parte de estos conflictos no tiene que ver con grandes fraudes, ni con operaciones complejas, sino con impuestos y procedimientos habituales en la gestión diaria de los pequeños negocios. Más de 84.000 reclamaciones estuvieron relacionadas con actuaciones de recaudación de deudas, cerca de 54.700 con el IRPF y más de 24.100 con el IVA, tres ámbitos que afectan de forma directa y recurrente a la actividad de autónomos y micropymes.
- La conflictividad fiscal se concentra en la gestión cotidiana de impuestos, no en los grandes fraudes
- Un sistema garantista con elevada litigiosidad
- Los fallos corrigen errores sin cuestionar el sistema
- Quejas y fricciones más allá de las reclamaciones formales
La conflictividad fiscal se concentra en la gestión cotidiana de impuestos, no en los grandes fraudes
El volumen total de reclamaciones presentado marca un récord desde 1997, año a partir del cual la Administración comenzó a publicar estos datos de forma sistemática. Los tribunales económico-administrativos regionales concentraron la mayor parte de los asuntos, con 227.341 reclamaciones recibidas, lo que supone un aumento del 4,7% respecto al ejercicio anterior.
Por su parte, el Tribunal Económico-Administrativo Central, que actúa como segunda instancia y también conoce de reclamaciones contra órganos centrales de la Administración del Estado, registró 11.836 asuntos en 2023. Aunque esta cifra es inferior a la del año anterior, mantiene un volumen elevado de litigiosidad en determinados impuestos clave.
En el ámbito del Tribunal Económico-Administrativo Central, el IRPF volvió a ser el principal foco de conflicto, con 5.430 reclamaciones. Le siguieron los recursos contra actuaciones de recaudación, con 2.643 casos, el impuesto sobre Sociedades, con 1.051 expedientes, y el IVA, con 761 reclamaciones.
Este reparto confirma que los conflictos más frecuentes se producen en tributos que forman parte de la operativa habitual de los pequeños negocios y no en figuras excepcionales. Para muchos autónomos, el choque con Hacienda se produce en el día a día, al aplicar normas complejas y sujetas a cambios frecuentes.
Un sistema garantista con elevada litigiosidad
El porcentaje de resoluciones favorables al contribuyente suele interpretarse como una señal de errores generalizados en la actuación de la Administración, pero los expertos introducen matices relevantes. El consultor fiscal Jacinto Escorial Smith, de Martínez & Galdón Abogados, señaló a este diario que “el dato de que en torno al 40% de los asuntos se resuelvan a favor del contribuyente no implica necesariamente que Hacienda funcione mal, sino que refleja un sistema muy garantista y conflictivo”.
En su opinión, el diseño del sistema facilita que los contribuyentes “puedan recurrir con relativa facilidad y a un coste limitado, lo que explica en parte el elevado volumen de reclamaciones. Esto favorece una revisión técnica intensa de los actos de gestión e inspección por parte de los tribunales económico-administrativos”.
Escorial Smith subrayó que “el volumen de reclamaciones, esto es, cerca de 240.000 en 2023, el máximo de la serie, y el hecho de que la mayoría se concentren en procedimientos ordinarios de recaudación, IRPF e IVA indican que la conflictividad se sitúa sobre todo en la aplicación práctica de normas muy complejas y cambiantes”.
Esta concentración de recursos en impuestos comunes refuerza la idea de que el problema no está tanto en conductas fraudulentas como en la dificultad de aplicar correctamente un marco normativo extenso y en constante evolución, especialmente para los pequeños negocios con menos recursos técnicos.
Los fallos corrigen errores sin cuestionar el sistema
El análisis del sentido de las resoluciones permite entender mejor el papel de los tribunales económico-administrativos. Alrededor del 51% de los asuntos resueltos por los tribunales regionales se fallaron en contra del contribuyente, mientras que el 40,7% se estimaron total o parcialmente a su favor, y el resto se archivaron o inadmitieron por motivos formales.
En el Tribunal Económico-Administrativo Central, el reparto fue similar, aunque con un mayor peso de los expedientes archivados o cerrados por falta de competencia. En este órgano, el 50,7% de los asuntos se resolvió en contra del contribuyente, el 21,5% a su favor y el 27,9% terminó sin una resolución sobre el fondo.
Para Jacinto Escorial, estas cifras muestran que los mecanismos de revisión cumplen una función clara dentro del sistema tributario. “Que aproximadamente la mitad de las reclamaciones se desestimen y alrededor de un 40% se estimen muestra que los mecanismos de revisión funcionan como una segunda red de seguridad”, explicó el experto fiscalista.
Según añade, estos procedimientos “permiten corregir errores y criterios discutibles sin necesidad de acudir a la vía judicial; lo que reduce costes y plazos tanto para la Administración como para los contribuyentes, sin que pueda hablarse de un fallo sistémico del Fisco”.
Quejas y fricciones más allá de las reclamaciones formales
Junto a las reclamaciones, el informe recoge también la evolución de las quejas presentadas ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente. Se registraron 11.565 quejas, lo que supone un ligero aumento del 1,05% respecto al año anterior, y se presentaron 463 sugerencias, un 8,1% menos.
Aunque estas quejas no tienen efectos directos sobre liquidaciones o sanciones, ofrecen una imagen complementaria de la relación entre Hacienda y los contribuyentes. En los últimos años, muchas de ellas han estado vinculadas a la atención administrativa, la cita previa o la gestión de determinadas ayudas y deducciones.
Desde la pandemia, el volumen de quejas se ha ido normalizando tras los picos registrados en ejercicios anteriores, y se sitúa en niveles similares a los de la última década. Aun así, el mantenimiento de cifras elevadas refleja una relación tensa en determinados ámbitos de la gestión tributaria.
Para los autónomos y pequeños negocios, el conjunto de estos datos dibuja un cuadro en el que la discrepancia con Hacienda no es excepcional, sino una realidad frecuente en la gestión fiscal ordinaria. La elevada proporción de reclamaciones estimadas confirma que los mecanismos administrativos de revisión tienen un peso real en la corrección de actuaciones tributarias.
