La Comisión Europea (CE) calcula que las pymes podrían ahorrar hasta 5.000 millones de euros en gastos derivados de las tareas administrativas, fruto de la propia regulación impuesta desde Bruselas. Un efecto aún más significativo para los pequeños negocios, que se ven afectados de forma desproporciona, debido a su capacidad limitada para absorber los costes que supone su cumplimiento. Y todavía más si deben de tener presente las transposiciones que hace cada país; por ejemplo, si venden al extranjero.
Y es que la Unión Europea ha adoptado más de 13.000 leyes solo entre 2019 y 2024, en lo que supone una de las principales barreras para el crecimiento de, al menos, el 60% de las pymes, según el Comité Económico y Social Europeo.
Frente a esta situación, la Comisión Europea ha anunciado un paquete de medidas de simplificación digital, llamado Ómnibus Digital. El mismo recoge una batería de intervenciones destinadas a simplificar las normas sobre inteligencia artificial, protección de datos, ciberseguridad y trámites administrativos, con el objetivo de reducir los costes de cumplimiento y facilitar la innovación para los emprendedores.
- La Comisión Europea quiere eliminar cientos de duplicidades en los trámites que afectan a las pymes
- Ciberseguridad, control de datos y otras obligaciones para pequeños negocios
- Herramientas para almacenar credenciales y reducir el papeleo
- Ventajas previstas y límites prácticos
La Comisión Europea quiere eliminar cientos de duplicidades en los trámites que afectan a las pymes
En concreto, la CE plantea una serie de revisiones puntuales de los requisitos que en la práctica se han mostrado redundantes. Además, prevé la introducción de plazos y formatos más coherentes para notificaciones y la promoción de soluciones digitales comunes que eviten la repetición de documentación.
Por otra parte, el paquete incluye ajustes técnicos y transitorios en normas recientes como una mayor claridad en las obligaciones derivadas del Reglamento de Inteligencia Artificial, así como en ciertos aspectos prácticos del tratamiento de datos.
Este es el caso de la Directiva NIS2, que ha afectado a negocios que manejan información fiscal y datos personales como las asesorías. En concreto, la directiva exige notificar los incidentes informáticos con plazos muy estrictos (inferiores a 72 horas en muchos casos) así como cumplir ciertos requisitos de gobernanza interna y medidas de gestión de riesgos. Aspectos que antes no eran tan exigentes para las compañías de pequeño tamaño.
Ciberseguridad, control de datos y otras obligaciones para pequeños negocios
El resultado para los profesionales a cargo de micropymes ha sido la necesidad de implantar herramientas de detección, establecer procedimientos documentados e incluso recurrir a servicios externos de ciberseguridad y auditoría.
Un ejemplo similar es el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), plenamente aplicable desde 2024. Una normativa que ha obligado a las plataformas de comercio electrónico a exigir información más detallada sobre los vendedores, aplicar procesos de diligencia para detectar productos peligrosos o ilegales y facilitar mecanismos de transparencia sobre los criterios de las recomendaciones.
En la práctica, esto ha obligado a muchos pequeños comercios con tiendas online a facilitar documentación adicional, adaptar sus fichas de producto y, en su caso, coordinar ciertos procesos con las plataformas de venta, como Amazon.
Además, la entrada en vigor escalonada del Data Act ha obligado a revisar contratos y la configuración técnica cuando existen datos procedentes de dispositivos conectados, lo que penaliza a aquellas tiendas que dependen de servicios en la nube o soluciones del IoT (internet de las cosas).
Herramientas para almacenar credenciales y reducir el papeleo
Entre los instrumentos propuestos por la CE para facilitar la vida a las pymes figuran las Carteras de negocio europeas (European Business Wallets). Se trata de una herramienta digital pensada para almacenar sus credenciales (como certificados, autorizaciones e identificaciones) y presentarlas con efecto jurídico ante administraciones y terceros de distintos países.
De forma resumida, estas carteras permitirían a una empresa reutilizar sus datos que ya estén validados una administración sin tener que aportar la misma documentación en cada trámite. Lo que evitaría duplicidades y tareas repetitivas de comprobación documental lo que, en teoría, reduciría el papeleo.
En concreto, se prevé que permitan la firma electrónica, delegación de poderes y un canal único de comunicación con administraciones, siempre conforme a los estándares técnicos comunes. Con el objetivo de facilitar las operaciones comerciales entre los estados miembros.
Tanto es así que, la entrada en vigor de estas carteras, podría facilitar otros 15.000 millones de euros de ahorro anuales, según las estimaciones de la propia CE.
Ventajas previstas y límites prácticos
La CE cifra los ahorros potenciales de las medidas del Ómnibus Digital en 5.000 millones de euros hasta 2029, estimando reducciones de carga normativa significativas para las pymes si las medidas se aplican como se han planteado originalmente.
En la práctica, esos beneficios se materializarían mediante la eliminación de trámites duplicados, lo que pasa por establecer unas plantillas y formatos estandarizados y poder a disposición de las administraciones unas transiciones temporales para la adaptación a nuevas reglas.
Sin embargo, las propuestas deben ser aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por el Consejo de Europa antes de aplicarse, ya que algunas requieren de reformas técnicas y desembocan en procesos de implementación estatales.
Por otra parte, la presión política y los debates públicos, incluida la crítica sobre posibles retrasos o adaptaciones de la normativa de IA, muestran que la reducción de la carga administrativa no será homogénea ni inmediata.
Así, a corto plazo se esperan las correspondientes consultas públicas técnicas, además de pruebas piloto de implementación de las mencionadas carteras y la publicación de guías sectoriales de aplicación.
A medio plazo, si la tramitación legislativa avanza sin grandes retrasos y los estados miembros coordinan su despliegue, es cuando las pymes podrían empezar a notar una reducción gradual de duplicidades y costes operativos.
