El Govern de las Islas Baleares ha puesto en marcha un paquete de medidas para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio para los autónomos y las pymes de las islas.
La iniciativa acaba de ser publicada en el Boletín Oficial de las Illes Baleares (BOIB) con el Decreto Ley 1/2026, con el que el Ejecutivo regional va a movilizar una partida de más de 160 millones de euros en ayudas directas, deducciones, medidas para favorecer la liquidez y la revisión de contratos públicos.
Además, según comunicó el Govern, una de las principales novedades que incluye el decreto ley es una deducción que permitirá que las ayudas que reciban los autónomos no tributen en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF).
El decreto pone en marcha medidas para activar la liquidez de los negocios
La norma entra en vigor con el fin de proteger el tejido empresarial, mantener los puestos de trabajo que proporcionan las empresas y evitar que el incremento de costes repercuta directamente en la cesta de la compra de cualquier contribuyente.
Primeramente, el decreto activará medidas de apoyo a la liquidez de los negocios, para lo que destinará una partida de 75 millones. Se pondrán en marcha mediante líneas de crédito por medio de IBSA.
En segundo lugar, se dedicarán 36,75 millones de euros a ayudas directas a los sectores económicos más afectados por el conflicto. Para el sector primario se movilizarán 13,5 millones de euros:
- 5 millones para inversiones agrarias.
- 3,5 millones por el sobrecoste de la alimentación del ganado.
- 1,5 millones por el sobrecoste de fertilizantes.
- 1 millón por el sobrecoste de otros insumos agrarios.
- 1 millón para una nueva convocatoria de bonos de producto local
- 750.000 euros por el sobrecoste del combustible agrícola.
- 750.000 euros por el sobrecoste del combustible pesquero.
Para el sector del transporte se destinarán 9,75 millones de euros:
- 6 millones de euros para compensar el incremento del precio del combustible en el transporte de mercancías.
- 750.000 euros para el transporte discrecional.
- 500.000 euros para el sector del taxi.
- 2,5 millones de euros para el desguace de vehículos.
Para los sectores de la industria, la construcción y el comercio se movilizan 13,5 millones de euros:
- 8 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial y de la construcción para compensar el sobrecoste del combustible y las materias primas.
- 3,5 millones de euros para una convocatoria extraordinaria de bonos comerciales y alimentación.
- 2 millones de euros por el sobrecoste del transporte para empresas industriales exportadoras.
Todas estas ayudas e incentivos vendrán acompañados de pautas que permitan acelerar las concesiones a través de modificaciones normativas y programas que permitan reforzar los equipos que las tramitan con más personal público.
Adicionalmente, se activará una bonificación del 50% de las tasas portuarias para actividades económicas y otra bonificación del 100% en el caso de los pescadores profesionales.
Las ayudas no tributarán
Como novedad, se ha aprobado también una nueva deducción fiscal por la que las ayudas derivadas del Decreto ley que reciban las personas físicas no tributarán en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Esta normativa fija, además, los mecanismos para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios, que se adaptarán a la escalada de precios provocada por el conflicto para asegurar que se mantienen las adjudicaciones.
