La expansión de las falsificaciones se ha convertido en uno de los principales factores de competencia desleal para las pequeñas y medianas empresas de Europa, en general, y de España en particular. Y es que no se trata únicamente de una cuestión de fraude al consumidor o de pérdida fiscal para los Estados, sino de un problema más profundo que afecta directamente a la supervivencia de miles de negocios legítimos, especialmente autónomos y micropymes con menor capacidad financiera y jurídica para defenderse.
Ante este escenario, la Unión Europea ha comenzado a preparar un endurecimiento del marco sancionador contra la comercialización de productos falsificados, con especial atención al papel que juegan las plataformas digitales y los canales online. Así, la Comisión Europea reconoce que el actual modelo de control no ha sido suficiente para frenar un fenómeno que erosiona la competitividad del pequeño negocio, distorsiona el funcionamiento del mercado interior, y que ya supone pérdidas millonarias para el pequeño comercio.
- Las falsificaciones reducen un 34% la supervivencia de las pymes europeas
- Comercio ‘online’ y competencia desleal: el pequeño negocio siempre es el más perjudicado
Las falsificaciones reducen un 34% la supervivencia de las pymes europeas
El impacto de las falsificaciones sobre las pequeñas y medianas empresas es ya una realidad completamente objetiva. Porque según los últimos informes elaborados por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (que pertenece a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, UEIPO), las pymes cuyos derechos de propiedad intelectual son vulnerados presentan hasta un 34% menos de probabilidades de supervivencia a cinco años en comparación con aquellas que no sufren este tipo de infracciones.
El problema, además, se agrava porque las pymes son precisamente las empresas con menos recursos para proteger y hacer valer sus derechos. Y es que a diferencia de las grandes corporaciones, que cuentan con departamentos legales especializados y capacidad para litigar durante años, los pequeños negocios suelen asumir las pérdidas o abandonar determinados mercados cuando detectan la presencia de copias ilegales de sus productos.
En ese sentido, la UEIPO subraya que las falsificaciones afectan de forma especialmente intensa a sectores con alta presencia de pymes, como el textil, el calzado, la cosmética, los juguetes, la electrónica de consumo y determinados componentes industriales. En estos ámbitos, la copia ilegal no sólo reduce las ventas del producto legal, sino que deteriora la reputación de la marca original, genera confusión entre los consumidores y desincentiva la inversión en innovación.
Este impacto también ha sido analizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que advierte de que la vulneración sistemática de la propiedad intelectual reduce la productividad, frena el crecimiento empresarial y penaliza especialmente a las empresas más pequeñas. Porque para una pyme, perder cuota de mercado frente a productos falsificados implica, en muchos casos, renunciar a márgenes ya de por sí ajustados o asumir costes adicionales, según sus propias conclusiones.
En concreto, en España, esta realidad se refleja con claridad en los datos sectoriales que ofrece el Ministerio del Interior. El pequeño comercio y las empresas manufactureras con marca propia son los más expuestos, ya que compiten en precio con productos que no cumplen normativas de seguridad, laborales ni fiscales. La consecuencia es una competencia desleal que no se basa en eficiencia o calidad, sino en el incumplimiento sistemático de la ley.
Comercio ‘online’ y competencia desleal: el pequeño negocio siempre es el más perjudicado
Así las cosas, el auge del comercio electrónico ha multiplicado los canales de entrada de productos falsificados en el mercado europeo. Según los informes del Observatorio de Vigilancia de Mercado en España, una parte creciente de las incautaciones y detecciones de falsificaciones está vinculada a ventas realizadas a través de plataformas online. Sobre todo, mediante envíos de pequeño volumen procedentes de terceros países, sobre todo de Asia.
Este modelo perjudica de forma directa a pymes y autónomos que venden productos legales en igualdad aparente de condiciones, pero que no pueden competir con precios que son artificialmente bajos. Por eso, el Observatorio de Vigilancia de Mercado señala que las falsificaciones ya no se concentran únicamente en grandes redes ilegales, sino que se distribuyen de manera fragmentada, dificultando su detección y control y aumentando el daño para el comercio legítimo.
La Comisión Europea ha reconocido en reiteradas ocasiones este desequilibrio y ha puesto el foco en la responsabilidad que tienen las plataformas digitales. Y a través del refuerzo del Reglamento de Servicios Digitales busca imponer próximamente mayores obligaciones de control, trazabilidad y retirada de productos ilegales, así como sanciones más severas para aquellos operadores que faciliten, directa o indirectamente, la comercialización de productos falsos.
De hecho, el objetivo declarado de Bruselas es corregir una asimetría que penaliza al pequeño comercio. Mientras una pyme debe cumplir estrictamente con la normativa de seguridad, etiquetado, fiscalidad y propiedad intelectual, los vendedores de productos falsificados eluden estos costes y trasladan al mercado una ventaja competitiva ilícita.
Desde la perspectiva de las pymes, el problema no es sólo económico, sino también estratégico. La presencia de falsificaciones limita su capacidad para crecer, acceder a nuevos mercados o invertir en el desarrollo de producto. Además, cuando el consumidor asocia un producto falso a una marca, el daño a su reputación puede ser irreversible, y en el caso de que sencillamente acepte el producto falsificado como bueno, ya no querrá pagar el precio del producto original.
Por ello, a medio plazo, las instituciones europeas confían en que el endurecimiento de las sanciones y el refuerzo de los mecanismos de control contribuyan a reducir la presencia de falsificaciones en el mercado. Sin embargo, tanto la EUIPO como los observatorios nacionales advierten de que la efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación real y también de la coordinación entre los Estados miembros.
