La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Ministerio de Sanidad que revise el anteproyecto de ley que modifica la normativa antitabaco, al considerar que algunas de las medidas previstas pueden tener un impacto relevante sobre la actividad económica y la competencia. En especial, en sectores con una fuerte presencia de autónomos y pequeños negocios.

El organismo regulador ha analizado el texto, a petición del propio ministerio, y ha emitido un informe en el que avala el objetivo de proteger la salud pública y reducir el consumo de tabaco. Pero advierte de que varias de las restricciones introducidas deben ajustarse a los principios de “buena regulación”, como la necesidad, la proporcionalidad y la neutralidad competitiva.

En este sentido, la CNMC recuerda que se trata de medidas “esencialmente restrictivas de la actividad económica”, que solo estarían justificadas si se apoyan en un análisis riguroso de evidencias y alternativas.

  1. Más espacios sin humo y nuevas limitaciones a la actividad
  2. La CNMC cuestiona la prohibición de los cigarrillos electrónicos de un solo uso
  3. La regulación de la publicidad podría distorsionar la competencia
  4. Competencia aconseja esperar a la norma europea

Más espacios sin humo y nuevas limitaciones a la actividad

Uno de los principales cambios de la propuesta de Sanidad es la ampliación de los espacios libres de humo y vapeo, que se extenderían a numerosos entornos al aire libre. Tales como exteriores de instalaciones deportivas, recintos de espectáculos, terrazas de bares y restaurantes, estaciones de transporte o accesos a edificios públicos.

Competencia recuerda que este tipo de medidas, aunque están orientadas a la protección de la salud, tienen un impacto directo en la actividad de muchos pequeños negocios, especialmente en el sector comercial y hostelero, y recomienda que se sustenten en un análisis riguroso para no imponer restricciones excesivas. 

En este caso, el regulador subraya que el derecho a la protección de la salud debe conjugarse con “el derecho a la libertad de empresa, ambos consagrados constitucionalmente”.

La CNMC cuestiona la prohibición de los cigarrillos electrónicos de un solo uso

Otro de los puntos más relevantes del informe es la prohibición total de la venta y suministro de cigarrillos electrónicos de un solo uso, una medida con impacto directo en tiendas especializadas, distribuidores y pequeños comercios.

La CNMC reconoce que existen argumentos sanitarios y medioambientales, pero advierte de que se trata de una prohibición absoluta que elimina por completo una categoría de producto. 

La nueva ley antitabaco afectará negativamente al negocio de autónomos con estancos o bares
La nueva ley antitabaco afectará negativamente al negocio de autónomos con estancos o bares.

Por ello, sugiere valorar “si existen alternativas menos restrictivas que permitan cumplir los objetivos de interés general sin llegar a prohibir completamente la categoría de producto”.

El organismo plantea, entre otras opciones, medidas fiscales, mayor concienciación del consumidor o un refuerzo efectivo de la responsabilidad medioambiental de fabricantes y distribuidores, antes de optar por la eliminación total del producto.

La regulación de la publicidad podría distorsionar la competencia

El informe también analiza las nuevas limitaciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos relacionados con el tabaco y sus dispositivos. La norma equipara este régimen al del tabaco tradicional, restringiendo la publicidad a presentaciones dirigidas a profesionales y al interior de las expendedurías.

La CNMC advierte de que esta equiparación automática puede generar problemas desde el punto de vista de la competencia, ya que podría dar lugar a una “situación de desigualdad competitiva entre estancos y otros puntos de venta”.

Competencia aconseja esperar a la norma europea 

Por último, la CNMC recuerda que la normativa europea sobre productos del tabaco y nicotina se encuentra en proceso de revisión y aconseja coordinar la tramitación de la ley española con los futuros cambios comunitarios para minimizar los costes de ajuste para los operadores, especialmente los más pequeños.

En conjunto, el regulador no cuestiona los objetivos sanitarios del anteproyecto, pero sí insiste en la necesidad de afinar el diseño de la norma, para que la protección de la salud no se traduzca en trabas innecesarias para miles de autónomos y pequeños negocios.