Cualquier negocio puede acabar cerrando tras un accidente laboral si no tenía las medidas adecuadas

1. Un accidente simple puede acabar costando cientos de miles de euros a un negocio
2. Recargo de prestaciones: el coste que muchos negocios desconocen hasta el accidente
3. Los errores de prevención más frecuentes que pueden acabar en reclamaciones millonarias
   • Pensar que las obligaciones preventivas son menores por ser una empresa pequeña
   • Creer que las tareas puntuales o secundarias no requieren medidas específicas
   • Entregar EPI sin dejar constancia documental
   • Utilizar equipos de protección genéricos sin adaptarlos al riesgo concreto
   • Corregir el problema sólo después del accidente
   • Confiarse porque existe un seguro
   • No revisar zonas “secundarias” del negocio
4. Que no haya multa no significa que la empresa quede libre de responsabilidad

Un resbalón en la barra de un bar, un tropiezo al bajar a un almacén, un suelo deteriorado en una cocina o un trabajador que entra ocasionalmente en una zona de carga sin el EPI adecuado. Accidentes laborales que muchos negocios consideran «gajes del oficio» pueden acabar convirtiéndose en un auténtico problema económico para autónomos y pequeñas empresas, cuando se demuestra que no se habían adoptado las medidas de prevención necesarias.

Las consecuencias pueden ser enormes. No solo por una posible indemnización al trabajador accidentado, sino también por el llamado recargo de prestaciones. Se trata de una responsabilidad económica que puede obligar a la empresa a pagar entre un 30% y un 50% más sobre las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente. En casos de incapacidad permanente o gran invalidez, las cantidades pueden mantenerse durante años y alcanzar cifras muy difíciles de asumir para un pequeño negocio.

“Puedes llegar a tener que cerrar la empresa por culpa de un accidente de trabajo”, advirtió el abogado laboralista Luis San José, especialista en este tipo de procedimientos. Según explicó, muchos autónomos y pequeños negocios desconocen todavía el alcance real de estas responsabilidades y creen erróneamente que basta con tener un seguro o que un accidente en apariencia menor no tendrá grandes consecuencias jurídicas o económicas.

Precisamente hace pocas semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la responsabilidad de una empresa después de que una trabajadora sufriera una caída mientras realizaba una inspección puntual de mercancía en un muelle de carga. La sentencia concluyó que la empresa no había facilitado calzado de seguridad antideslizante, confirmó un recargo del 30% sobre las prestaciones derivadas del accidente y mantuvo una condena indemnizatoria superior a los 166.000 euros.

Un accidente simple puede acabar costando cientos de miles de euros a un negocio

No hace falta que se trate de un accidente espectacular ni de una gran empresa industrial, un resbalón fortuito puede terminar convirtiéndose en un problema económico enorme para cualquier pyme o autónomos con empleados. Basta, simplemente, con que se demuestre que el negocio no adoptó las medidas de prevención adecuadas o no facilitó los equipos de protección necesarios.

Eso es precisamente lo que refleja la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 3129/2026, que confirmó la responsabilidad de una empresa después de que una trabajadora sufriera una caída mientras realizaba una inspección puntual de mercancía en un muelle de carga. El tribunal consideró acreditado que la empresa no había facilitado calzado de seguridad antideslizante a la empleada. 

La cuestión terminó teniendo consecuencias económicas muy importantes para el negocio: se confirmó un recargo del 30% sobre todas las prestaciones derivadas del accidente laboral y, además, una condena indemnizatoria superior a los 166.000 euros. Todo ello por un accidente que tuvo como consecuencia una lesión complicada de cúbito y radio.

El abogado laboralista Luis San José advirtió de que «muchos negocios no son conscientes del enorme impacto económico que puede generar un accidente laboral hasta que se encuentran con el problema encima». De hecho, siguen pensando erróneamente que los grandes problemas preventivos sólo aparecen en actividades especialmente peligrosas. 

Curiosamente, una de las claves de esta sentencia es que la trabajadora no realizaba habitualmente tareas de carga y descarga. Según recoge la resolución, se trataba de una comprobación puntual de mercancía cuando surgía alguna incidencia. Sin embargo, el tribunal entendió que el riesgo existía igualmente porque la tarea se desarrollaba en una zona exterior donde estacionaban camiones y había posibilidad de resbalones y caídas.

Y ahí está precisamente uno de los mayores errores que cometen muchos negocios: pensar que las tareas esporádicas o secundarias no requieren la misma atención preventiva. Pero, en cualquier trabajo “si existe riesgo, la empresa tiene obligación de evaluarlo y de adoptar las medidas necesarias para proteger al trabajador”, señaló el laboralista.

Recargo de prestaciones: el coste que muchos negocios desconocen hasta el accidente

Detrás de muchos accidentes laborales existe una consecuencia económica que sigue siendo una gran desconocida para miles de autónomos y pequeños negocios: el recargo de prestaciones.

Este recargo, regulado en el Artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social, supone un incremento de entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones económicas que cobre el trabajador accidentado cuando se demuestra que el daño se produjo por falta de medidas de seguridad o de prevención.

Y lo más importante para muchos negocios es que no funciona como una multa cerrada de importe único. Se aplica directamente sobre las prestaciones derivadas del accidente laboral y se paga mes a mes. Es decir, cuanto más grave sea la lesión y mayores sean las prestaciones reconocidas al trabajador, mayor será también el coste que tendrá que asumir la empresa.

El abogado laboralista Luis San José advirtió de que el problema puede agravarse todavía más en casos de incapacidad permanente o gran invalidez, donde las prestaciones pueden mantenerse durante años o incluso durante toda la vida del trabajador.

Por ejemplo, si un trabajador accidentado pasa a cobrar una pensión de incapacidad permanente de 2.000 euros mensuales y el INSS impone un recargo del 50%, la empresa tendría que asumir directamente otros 1.000 euros al mes sobre esa prestación, toda la vida. En estos casos, este sobrecargo se convierte en inasumible para cualquier pequeño negocio.

Y hay más: no basta con tener contratado un seguro de responsabilidad civil para quedar protegidos frente a este tipo de situaciones. San José aseguró que “lo paga directamente la empresa”. Es decir, recae directamente sobre el empresario infractor y no puede trasladarse a una aseguradora.

Precisamente por eso, Luis San José advirtió de que hay pequeños negocios que llegan a encontrarse con problemas económicos muy serios tras un accidente laboral que acaban con el cese total de la actividad, cerrando.

Los errores de prevención más frecuentes que pueden acabar en reclamaciones millonarias

La mayoría de los problemas no suelen empezar con grandes negligencias ni con situaciones extremas. Muchas veces, el origen está en pequeños fallos cotidianos que terminan normalizándose dentro del negocio: un suelo que resbala, una rampa deteriorada, una escalera sin protección adecuada o un trabajador que realiza una tarea puntual sin el EPI necesario.

Según explicó el abogado laboralista Luis San José, estos son algunos de los errores preventivos más frecuentes que pueden acabar derivando en accidentes laborales y reclamaciones económicas muy importantes:

Pensar que las obligaciones preventivas son menores por ser una empresa pequeña

“La prevención no depende del tamaño de la empresa”, recordó el laboralista. Un pequeño comercio, un taller, un almacén o un bar tienen igualmente obligación de evaluar los riesgos y proteger correctamente a sus trabajadores.

Creer que las tareas puntuales o secundarias no requieren medidas específicas

Precisamente, la sentencia del TSJ de Cataluña es importante porque la trabajadora accidentada no realizaba habitualmente tareas de carga y descarga, sino comprobaciones puntuales de mercancía cuando surgían incidencias. Aun así, el tribunal entendió que el riesgo existía igualmente y que la empresa debía haber previsto medidas de protección adecuadas.

Entregar EPI sin dejar constancia documental

“Muchas pymes compran calzado, guantes, gafas o chalecos, pero no conservan registro de entrega, instrucciones de uso, formación ni reposición”, explicó Luis San José. Y en un juicio eso puede convertirse en un problema importante porque, en la práctica, “lo que no se acredita documentalmente muchas veces queda debilitado”.

Utilizar equipos de protección genéricos sin adaptarlos al riesgo concreto

No sirve cualquier medida preventiva. En el caso analizado por el TSJ de Cataluña, la clave no era facilitar simplemente “calzado de trabajo”, sino proporcionar calzado de seguridad antideslizante para una zona donde existía riesgo de caída.

Corregir el problema sólo después del accidente

La sentencia recoge que, cuando acudió la Inspección de Trabajo, la empresa ya había realizado reformas en la zona del muelle, incluyendo reparaciones del pavimento y señalizaciones. Sin embargo, esas actuaciones posteriores no eliminaron la posible responsabilidad por no haber actuado antes.

Confiarse porque existe un seguro

Luis San José recordó que los seguros suelen tener límites, exclusiones o problemas de comunicación del siniestro. Además, insistió en que el recargo de prestaciones “no puede descargarse válidamente en una póliza”.

No revisar zonas “secundarias” del negocio.

Muchos accidentes graves se producen en patios, almacenes, accesos, rampas, cámaras frigoríficas, zonas de limpieza o espacios de tránsito interno. “El mayor riesgo para una pequeña empresa no suele estar en desconocer la ley, sino en normalizar situaciones inseguras hasta que ocurre el accidente”, concluyó el laboralista.

Que no haya multa no significa que la empresa quede libre de responsabilidad

Algo que también llama la atención de esta sentencia es que la Inspección de Trabajo no llegó a imponer una sanción administrativa porque la infracción había prescrito. Sin embargo, eso no evitó que la empresa terminara afrontando consecuencias económicas muy importantes.

“La prescripción de la sanción administrativa no equivale a una ‘amnistía’ de la empresa”, advirtió el abogado laboralista Luis San José. Aunque la multa ya no pudiera imponerse por el paso del tiempo, el INSS sí declaró la responsabilidad empresarial y aplicó un recargo del 30% sobre todas las prestaciones derivadas del accidente.

Por eso, el laboralista insistió en diferenciar tres cuestiones distintas: “Una cosa es la sanción administrativa, que puede prescribir. Otra distinta es la responsabilidad en materia de Seguridad Social, mediante recargo de prestaciones. Y otra tercera es la responsabilidad indemnizatoria por daños y perjuicios”.

En otras palabras, aunque el procedimiento sancionador quede cerrado, las consecuencias económicas derivadas de un accidente laboral pueden seguir existiendo durante años si se acredita que el negocio no adoptó las medidas preventivas necesarias.