- Díaz quiere subir un 3,1% el SMI en 2026: 700 euros más de costes para los autónomos
- La CEOE exige subir en la misma medida los contratos públicos con los autónomos
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido finalmente aplazar la mesa de negociación que había convocado para este viernes, donde pretendía subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que deben pagar los autónomos y pymes a sus empleados en 2026. Según anunció a principios de esta semana, el incremento se llevaría a cabo con o sin el respaldo de la patronal.
Díaz lleva varias semanas anunciando que el SMI subirá «de inmediato«, tras haber pospuesto la aprobación del incremento, inicialmente prevista en diciembre, a este mes de enero. Ahora mismo, según avanzó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), no habría nada claro sobre esta subida: ni cuándo está prevista la próxima mesa de negociación, ni cuál va a ser el incremento o si la subida que plantee la ministra vendrá acompañada del mismo aumento para los autónomos y pymes que trabajan con el sector público.
En los últimos días, la vicepresidenta ha dado a conocer que está trabajando en una propuesta para indexar el SMI a los contratos públicos, una demanda de los agentes sociales que la vicepresidenta segunda también parece compartir. Ahora bien, para subir en la misma medida que el salario mínimo el precio de las licitaciones de autónomos y pymes hará falta un consenso por parte de todo el Gobierno, y especialmente con el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la potestad para aprobar este incremento.
Ahora mismo, la patronal estaría a expensas de saber si el Ejecutivo cumplirá con las dos condiciones que piden los empresarios para poder respaldar alguna subida del Salario Mínimo, por pequeña que sea. La primera sería esta subida del precio de los contratos públicos en el mismo porcentaje que suba el SMI.
Además, la patronal aclaró recientemente que sólo apoyaría una eventual subida del salario mínimo si se permite que las pequeñas empresas puedan seguir usando los pluses para aumentar el SMI de su plantilla. Este punto podría ser un escollo importante en la mesa de negociación, puesto que los sindicatos y el Ministerio de Trabajo llevan intención de prohibir esta práctica, que prevé el propio Estatuto de los Trabajadores y ha respaldado el Tribunal Supremo.
Díaz quiere subir un 3,1% el SMI en 2026: 700 euros más de costes para los autónomos
De momento, y a la espera de que se retomen las negociaciones, lo que sí se sabe es que Yolanda Díaz mantiene su intención de aplicar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 3,1%, la misma que propuso la mesa de expertos del Ministerio de Trabajo. Este incremento podría elevarse hasta el 4,7% si finalmente el SMI pasara a tributar en el IRPF, aunque esta opción, a día de hoy, parece poco probable.
En cualquiera de los dos escenarios, la medida supondría un nuevo aumento del salario para los trabajadores con jornada completa de 40 horas semanales.
Si se confirma la subida del 3,1% y el Gobierno decide mantener la exención del IRPF –la hipótesis más probable en estos momentos–, el salario mínimo pasaría de los actuales 1.183 euros brutos mensuales en 14 pagas a situarse en torno a los 1.220 euros al mes. Esto elevaría el salario anual desde los 16.562 euros actuales hasta aproximadamente 17.075 euros.
Si finalmente el SMI sí tributara en IRPF, la subida sería del 4,7%, lo que situaría la cuantía mensual en torno a 1.239 euros, alcanzando un salario anual cercano a los 17.340 euros. Pero el impacto real no se limita al sueldo. A esa cantidad hay que añadir las cotizaciones sociales que asume el empleador, así como el equivalente a las pagas extra y otros costes asociados. Con el SMI actual, el coste total por empleado ya supera los 23.000 euros anuales.
Con las subidas planteadas, estos gastos también aumentarían. Con un incremento del 3,1%, el coste total para un autónomo empleador podría situarse en torno a 23.700 euros al año, mientras que con la subida del 4,7% el coste podría elevarse hasta unos 24.050 euros anuales. En ambos casos, el aumento rondaría entre 700 y 1.050 euros más al año por trabajador contratado al salario mínimo.
La CEOE exige subir en la misma medida los contratos públicos con los autónomos
En estos momentos, la propuesta del Ministerio de Trabajo cuenta con el respaldo de los sindicatos, pero sigue sin el apoyo de la patronal. La principal condición que plantea la CEOE para no rechazar el incremento del SMI es que se permita trasladar automáticamente esta subida a los contratos públicos que mantienen miles de autónomos y pymes con la Administración.
Actualmente, la Ley de Desindexación impide actualizar estos contratos conforme al aumento de los costes laborales, lo que obliga a muchas empresas a asumir el impacto del nuevo salario mínimo sin poder repercutirlo en sus ingresos. Para la patronal, este sistema fuerza a las empresas a absorber un sobrecoste que no pueden compensar, especialmente en contratos de larga duración.
La última palabra sobre este punto la tiene el Ministerio de Hacienda, que hasta ahora se ha mostrado reticente a flexibilizar estas normas. No obstante, desde la CEOE insisten en que el cambio beneficiaría a miles de autónomos y pequeñas empresas, sobre todo en sectores con márgenes muy ajustados, donde hasta el 90% de los costes son salariales y cualquier subida del SMI tiene un efecto inmediato y multiplicador.
La segunda gran exigencia de la patronal es que se mantengan las actuales reglas de absorción y compensación de complementos salariales. Este mecanismo permite que los pluses ya existentes se utilicen para alcanzar el nuevo SMI. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos quieren prohibir esta práctica para que la subida del salario mínimo se traduzca en un aumento real del sueldo base. Para los empresarios, eliminar esta posibilidad supondría un encarecimiento adicional de los costes laborales, especialmente para los autónomos con plantillas reducidas.
