- Las pymes que despidan por la subida de costes tendrían que devolver las ayudas
- Los ERTE permiten reducir jornadas y pagar menos cotizaciones
- Muchas empresas todavía conservan prohibiciones de despido por ayudas anteriores
- ATA y la CEOE piden medidas fiscales para proteger a los autónomos afectados por la subida de costes
El conflicto bélico en Irán podría traer consigo nuevas restricciones laborales para miles de empresas españolas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado que el Gobierno estudia limitar los despidos en pymes afectadas por el encarecimiento de la energía y los combustibles derivado de los bombardeos en Oriente Medio.
Según explicó la vicepresidenta segunda en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el Ejecutivo quiere priorizar mecanismos de ajuste interno como los ERTE frente a los despidos. Para ello, plantea recuperar una fórmula ya utilizada en anteriores crisis: permitir ayudas públicas y expedientes temporales de empleo, pero condicionarlos al mantenimiento de la plantilla.
“No hay que despedir a nadie”, afirmó Díaz, que recordó que el marco legal actual ya permite activar herramientas como los expedientes de regulación temporal de empleo o el Mecanismo RED para ayudar a las empresas a afrontar caídas de actividad o subidas de costes sin recurrir a despidos.
La medida, aunque todavía no se ha concretado en un decreto específico, seguiría la línea de las restricciones aplicadas durante la pandemia o la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. En esos casos, las empresas que recibían ayudas públicas o utilizaban ERTE no podían justificar despidos por las mismas causas que habían motivado esas ayudas.
El Gobierno todavía no ha anunciado qué paquete de ayudas aprobará para hacer frente al impacto económico del conflicto con Irán y en el resto de oriente medio. Sin embargo, todo apunta a que, si finalmente se activan mecanismos de apoyo para empresas o sectores afectados por la subida de los costes energéticos, estos volverán a estar condicionados al mantenimiento del empleo.
Las pymes que despidan por la subida de costes tendrían que devolver las ayudas
La intención del Ministerio de Trabajo sería aplicar un esquema similar al que se utilizó durante otras crisis recientes. En ese modelo, las empresas que reciban ayudas públicas o que utilicen mecanismos como los ERTE no podrán alegar posteriormente el aumento de los costes energéticos como causa de despido.
En la práctica, esto significa que si una empresa decide despedir a trabajadores alegando el encarecimiento de la energía o de los combustibles después de haber recibido ayudas vinculadas a esa misma causa, podría verse obligada a devolver las subvenciones recibidas.Durante su intervención, Díaz recordó que los instrumentos para evitar despidos ya existen en la legislación laboral actual. “Los ERTE y el Mecanismo RED ya están en vigor. Tenemos los mecanismos como país para acompañar a las empresas y evitar que tengan que despedir”, señaló la ministra.
Este planteamiento responde a una filosofía que el Gobierno ha aplicado en varias ocasiones durante los últimos años: priorizar los ajustes temporales de jornada o actividad frente a la destrucción de empleo.
Los ERTE permiten reducir jornadas y pagar menos cotizaciones
Los ERTE permiten a las empresas suspender temporalmente contratos o reducir la jornada de sus trabajadores cuando atraviesan dificultades económicas o productivas. Durante ese periodo, los empleados cobran una prestación por desempleo y las empresas pueden beneficiarse de exoneraciones en las cotizaciones.
El Mecanismo RED, por su parte, es una herramienta más reciente que permite activar medidas similares cuando se producen crisis sectoriales o cíclicas que afectan a determinados sectores de la economía.
En cualquier caso, aceptar estas ayudas suele implicar compromisos laborales. Entre ellos, mantener el empleo durante un determinado periodo de tiempo y no justificar despidos por las mismas causas que han motivado la ayuda pública.
Muchas empresas todavía conservan prohibiciones de despido por ayudas anteriores
La posible prohibición de despedir por el impacto económico de la guerra en Irán no sería una medida nueva en el sistema laboral español. En los últimos años, el Gobierno ha aplicado restricciones similares en varias ocasiones.
Durante la pandemia de la Covid-19, las empresas que se acogieron a ERTE o recibieron ayudas públicas quedaron obligadas a mantener el empleo durante un periodo determinado. Si incumplían esa condición, debían devolver las ayudas recibidas.
Un esquema parecido se utilizó posteriormente con la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania. En ese caso, las empresas que recibieron ayudas para compensar el aumento de los costes energéticos tampoco podían justificar despidos por ese mismo motivo.
El Real Decreto Ley aprobado entonces estableció que las empresas beneficiarias de determinadas ayudas no podrían alegar el encarecimiento de la energía como causa objetiva de despido hasta finales de 2026.
Esto significa que muchas empresas todavía están sujetas a estas restricciones laborales si recibieron subvenciones vinculadas a la crisis energética.
Según explicaron expertos laboralistas en su momento, el objetivo de estas medidas es evitar que las ayudas públicas destinadas a sostener la actividad empresarial terminen financiando procesos de reducción de plantilla.
Desde el punto de vista jurídico, estas normas no prohíben todos los despidos, pero sí limitan las causas que pueden utilizar las empresas para justificar un despido objetivo.
En la práctica, esto obliga a autónomos y pymes a planificar con más cautela la gestión de sus plantillas cuando solicitan ayudas públicas. Aceptar una subvención puede aliviar temporalmente la tesorería del negocio, pero también implica asumir compromisos laborales que condicionan las decisiones empresariales durante varios años.
ATA y la CEOE piden medidas fiscales para proteger a los autónomos afectados por la subida de costes
Mientras el Gobierno estudia nuevas medidas laborales, las organizaciones empresariales están reclamando un paquete de apoyo centrado en la fiscalidad y en la reducción de cargas para los autónomos y pymes.
El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido al Ejecutivo que adopte medidas urgentes para aliviar la presión fiscal que soportan los pequeños negocios ante el encarecimiento de la energía y del transporte.
Entre las propuestas planteadas por las organizaciones empresariales figuran medidas como la deflactación del IRPF para evitar que la inflación aumente la carga fiscal de autónomos y trabajadores, así como rebajas fiscales para compensar el aumento de los costes energéticos.
También se ha planteado la posibilidad de reducir impuestos que afectan directamente a los sectores más expuestos al precio del combustible, como el transporte o la logística.
Sin embargo, la ministra de Trabajo ha rechazado algunas de estas propuestas. Díaz se ha mostrado contraria, por ejemplo, a rebajar el IVA de los alimentos al 0%, una medida que había sido defendida por algunos empresarios del sector de la distribución.
Según la vicepresidenta, este tipo de rebajas fiscales no garantizan que los precios bajen para los consumidores y podrían acabar aumentando los márgenes de las empresas. “No estamos pensando en la bajada del IVA porque no es eficaz para esto”, afirmó Díaz, que defendió en cambio medidas como el control de precios en determinados productos básicos.
