Tras el Consejo de Ministros de este martes, en el que el Gobierno aprobó subir el salario mínimo por decreto y sin acuerdo con las organizaciones empresariales, la titular de Trabajo abrió un nuevo frente con las pymes al anunciar que en 15 días iniciará la “negociación” de una nueva norma para introducir a trabajadores en los órganos de decisión de las empresas.
La iniciativa se apoya en el Informe sobre la Democracia en el Trabajo, encargado por su ministerio y presentado este mes de febrero. El documento propone, entre otras medidas, imponer cuotas mínimas de representación laboral en los consejos de administración en medianas empresas e, incluso, ceder acciones a los empleados de las pequeñas si tienen más de 25 trabajadores.
Al conocer la propuesta, CEPYME, la patronal que representa a las pequeñas y medianas empresas, la calificó como “una injerencia más” que se suma a las 417 normas laborales aprobadas sin el consenso de los empleadores.
- La participación obligatoria de los empleados en las pymes supondría «un golpe a la libertad de empresa»
- El informe plantea ampliar el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas
- También se plantea que los empleados asuman el relevo generacional en las pymes
- La experiencia internacional apunta a modelos voluntarios, no a imposiciones por ley
La participación obligatoria de los empleados en las pymes supondría «un golpe a la libertad de empresa»
Los autores del informe encargado por el Ministerio de Trabajo defienden a lo largo de casi 500 páginas medidas para promover la participación de los trabajadores en la empresa amparadas en el Artículo 129.2 de la Constitución. Sin embargo, Jaume Barcons, abogado laboralista de la gestoría Barcons, consideró que si estas medidas se imponen chocarían frontalmente con la libertad de empresa consagrada en el Artículo 38 de la Carta Magna.
En una línea similar, el economista y analista financiero Ignacio Moncada añadió que la participación de los trabajadores en los órganos de decisión puede ser positiva, pero únicamente cuando surge de acuerdos voluntarios entre las partes y con incentivos correctamente alineados.
A su juicio, el problema no es que los empleados participen en la gobernanza, sino que se imponga por ley sin que exista una relación directa entre esa capacidad de decisión y la exposición al valor económico de la empresa.
Para Barcons, los dueños de las empresas son quienes deben designar y confiar en sus consejeros, seleccionados por su valía en lugar de hacerlo por cuotas. Así, para este experto, un representante de los trabajadores podría formar parte del consejo pero solo si así lo decide la propiedad, no porque sea impuesto por el Gobierno, lo que abriría las puertas a un modelo de cooperativismo obligatorio lo que podría implicar “la pérdida del control por parte del propietario”.
Para ilustrarlo, expuso el caso de los ERE, señalando que la presencia de representantes de los empleados con capacidad de decisión dentro del consejo podría generar tensiones en momentos estratégicos. Según explicó, ante una situación de crisis la empresa podría debatir entre vender activos o ajustar plantilla, y la prioridad del representante de los trabajadores podría no coincidir con la visión del empresario sobre qué medida garantiza mejor la viabilidad futura del negocio.
Moncada valoró que este tipo de situaciones refleja un problema clásico de incentivos: si quienes participan en la toma de decisiones no están expuestos a los costes de los errores o a los beneficios del acierto, pueden generarse dinámicas disfuncionales. “Es como si las decisiones económicas de una familia las tomara alguien ajeno a ella, sin asumir las consecuencias”, explicó.
El informe plantea ampliar el acceso de los trabajadores a la propiedad de las empresas
El informe no se limita a la gobernanza. También propone ampliar el acceso de los trabajadores a la propiedad empresarial mediante porcentajes mínimos de capital social, que podrían situarse en torno al 2% en empresas a partir de 25 empleados y alcanzar hasta el 10% en grandes compañías, generalmente a través de vehículos colectivos o fideicomisos.
Moncada apuntó a que la forma más eficiente de fomentar esa alineación sería facilitar que los trabajadores participen en el capital de forma voluntaria, por ejemplo mediante planes de retribución variable o bonus en acciones, algo habitual en Estados Unidos y en países del centro de Europa.
Bajo su punto de vista, cuando los empleados tienen lo que denominó “skin in the game”, sus incentivos se alinean con la creación de valor empresarial, lo que favorece decisiones más eficientes.
También se plantea que los empleados asuman el relevo generacional en las pymes
Otro de los aspectos que aborda el informe es cómo afrontar el relevo generacional en miles de pymes españolas. Según sus autores, la falta de sucesión empresarial se ha convertido en uno de los principales riesgos para la continuidad del tejido productivo.
Desde esta perspectiva, la ampliación de la participación laboral se plantea también como una posible vía para evitar cierres o ventas forzadas cuando no existe relevo claro.
“La participación de los trabajadores en el accionariado puede ser una herramienta útil, especialmente en pymes sin relevo generacional, al facilitar la continuidad empresarial y evitar ventas a terceros con lógicas cortoplacistas”, señaló Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas de España (CGE). “Bien diseñada, refuerza el arraigo territorial y la estabilidad del empleo”.
Moncada coincidió en que la participación accionarial puede facilitar la continuidad empresarial, pero insistió en que debe basarse en acuerdos voluntarios y en adquisiciones reales de capital, no en la imposición de derechos políticos sin propiedad económica efectiva.
En cualquier caso, Fernández-Bravo matizó que estas propuestas también tendrían consecuencias para los trabajadores ya que “no debe confundirse con un simple complemento salarial: implica asumir riesgo empresarial y exige mecanismos claros de valoración, financiación y salida”.
Para el presidente de los Economistas Asesores Laborales del CGE, “técnicamente puede articularse mediante adquisiciones progresivas, vehículos colectivos o fondos específicos que permitan comprar participaciones sin tensionar la tesorería” pero en cualquier caso resultaría “clave garantizar liquidez futura y limitar la concentración del patrimonio del trabajador en su propia empresa” sin olvidar que “para la pyme, el éxito depende de una transición gradual y de separar propiedad y gestión en las primeras fases”.
La experiencia internacional apunta a modelos voluntarios, no a imposiciones por ley
Si nos fijamos en lo que sucede en otros países Fernández-Bravo expuso que los modelos más eficaces ya existen y funcionan.
Por ejemplo, “en Reino Unido, los Employee Ownership Trusts permiten que un vehículo colectivo adquiera la empresa y la gestione en beneficio de los empleados, facilitando sucesiones ordenadas” mientras que “en Estados Unidos, los planes ESOP financian la compra progresiva de acciones para los trabajadores”.
Por otro lado en Alemania “combinan representación en consejos con fórmulas de participación financiera, reforzando estabilidad y productividad” y Francia se decanta por “sistemas obligatorios de participación en beneficios vinculados a ahorro e inversión”.
En todo caso, Moncada recordó en que introducir representantes con poder de decisión sin una participación real en el capital puede generar incentivos perversos y deteriorar la calidad de las decisiones estratégicas y que no deberían imponerse por decreto a las empresas.
Por su parte, Fernández-Bravo concluyó que “los modelos más eficaces son graduales, colectivos y con reglas claras de financiación y salida”.
Sin embargo, la ruptura del diálogo social entre el Ministerio de Trabajo y los representantes empresariales no garantiza que esta propuesta pueda reunir estos requisitos y la debilidad parlamentaria del Gobierno dificultará su aprobación, como ha ocurrido con otras medidas controvertidas como la imposición de la reducción de jornada laboral por ley.
