La regulación de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales en el ámbito laboral vuelve a situarse en el centro del debate. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este jueves que el Gobierno defenderá una regulación más estricta del uso de la IA y de los algoritmos en las relaciones laborales. Incluso a pesar de que la Unión Europea ha decidido retrasar hasta diciembre de 2027 la aplicación de las obligaciones más exigentes del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).
La ministra realizó este anuncio durante una conferencia en la Universidad de Oxford, donde criticó el acuerdo alcanzado recientemente por las instituciones europeas para aplazar la entrada en vigor de las obligaciones relativas a los sistemas de inteligencia artificial, considerados de alto riesgo en el ámbito laboral. Según defendió, España no debería esperar a esa fecha y pretende impulsar una regulación propia que refuerce los derechos de los trabajadores.
La propuesta afectaría de lleno a miles de autónomos y pymes que ya utilizan programas de inteligencia artificial o software con algoritmos para seleccionar candidatos, gestionar turnos, evaluar el rendimiento, asignar tareas, organizar horarios, calcular incentivos o apoyar decisiones relacionadas con ascensos, modificaciones contractuales o despidos.
Todo ello mientras la propia Administración continúa avanzando en el uso de algoritmos para controlar el fraude fiscal. Un ámbito en el que ha surgido un intenso debate, como contó ayer mismo este diario, tras la intención de Hacienda de mantener reservados los sistemas automatizados que emplea para seleccionar contribuyentes objeto de comprobación.
- Díaz quiere endurecer la IA que usan las empresas para gestionar contrataciones, nóminas o despidos
- ¿Cómo afectaría a los autónomos y pymes una regulación más estricta del uso de la IA?
- El reglamento europeo, aplazado hasta diciembre de 2027
Díaz quiere endurecer la IA que usan las empresas para gestionar contrataciones, nóminas o despidos
La ministra considera que el retraso aprobado por la Unión Europea puede favorecer que muchas empresas aceleren el despliegue de herramientas de inteligencia artificial antes de que entren en vigor las futuras obligaciones comunitarias.
Durante su intervención aseguró que los sistemas de alto riesgo relacionados con el empleo –como los algoritmos utilizados para contratación, evaluación del rendimiento, asignación de tareas, monitorización o despidos– no deberían permanecer durante más tiempo sin una regulación específica.
La regulación afectaría a prácticamente toda la gestión laboral realizada mediante algoritmos
Según explicó Díaz, la inteligencia artificial ya interviene en buena parte de las decisiones laborales que adoptan las empresas.
En su opinión, actualmente los algoritmos participan en procesos como:
- La selección de personal.
- La evaluación del rendimiento.
- La asignación de tareas.
- La organización de jornadas.
- Las modificaciones de las condiciones laborales.
- Los ascensos.
- Los despidos.
- La gestión de la permanencia en el empleo.
Por ello, defendió que toda esta actividad debe quedar sometida a normas específicas que garanticen el respeto de los derechos laborales y la transparencia de las decisiones automatizadas.
La vicepresidenta recordó además que España ya fue pionera en Europa con la aprobación de la conocida como Ley Rider, que obligó a las plataformas digitales a facilitar a la representación de los trabajadores información sobre los algoritmos utilizados para organizar el trabajo de los repartidores.
Ese precedente hace pensar que el Ministerio de Trabajo podría volver a optar por una regulación nacional más exigente que la prevista inicialmente por Bruselas.
¿Cómo afectaría a los autónomos y pymes una regulación más estricta del uso de la IA?
Aunque todavía no existe un texto normativo concreto, las declaraciones de la ministra permiten anticipar el tipo de herramientas que podrían verse afectadas.
Cada vez son más los pequeños negocios que utilizan programas con inteligencia artificial para filtrar currículums, clasificar candidatos, distribuir turnos automáticamente, controlar la productividad, elaborar calendarios laborales, calcular incentivos o incluso generar propuestas de despido basadas en indicadores de rendimiento.
También se está extendiendo el uso de software de recursos humanos que incorpora modelos predictivos para detectar rotación de plantilla, analizar bajas laborales o recomendar promociones internas.
Los pequeños negocios podrían tener que justificar cómo utilizan estos algoritmos
La futura regulación podría imponer nuevas obligaciones de transparencia cuando estas herramientas influyan en decisiones laborales relevantes.
Entre otras cuestiones, las empresas podrían verse obligadas a explicar qué sistemas automatizados utilizan, qué datos analizan, qué grado de intervención humana existe antes de adoptar una decisión y cómo se garantiza que los algoritmos no generan discriminaciones o resultados arbitrarios.
El objetivo, según defendió la ministra, es evitar que decisiones tan relevantes como una contratación o un despido dependan exclusivamente del funcionamiento de un algoritmo sin suficientes garantías para los trabajadores.
Todo ello se produce en un momento en el que el propio AI Act europeo ha retrasado precisamente las obligaciones aplicables a estos sistemas considerados de alto riesgo.
El reglamento europeo, aplazado hasta diciembre de 2027
El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial entró formalmente en vigor en 2024, pero el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político, dentro del denominado paquete Omnibus, para aplazar hasta diciembre de 2027 la aplicación de buena parte de las obligaciones que afectan a los sistemas de IA utilizados en el ámbito laboral.
Díaz criticó duramente este retraso, al considerar que supone una desregulación que beneficia principalmente a las grandes compañías tecnológicas.
En paralelo, el Gobierno mantiene una estrategia de creciente utilización de sistemas automatizados en la Administración. La Agencia Tributaria, por ejemplo, impulsa cada vez más herramientas de inteligencia artificial para detectar riesgos fiscales y recientemente ha promovido modificaciones legales para mantener bajo reserva los algoritmos empleados en sus actuaciones de control, una cuestión que ha sido cuestionada por distintas asociaciones de asesores fiscales.
Para Trabajo, sin embargo, el enfoque debe ser distinto cuando la inteligencia artificial afecta directamente a los derechos laborales de millones de trabajadores.
La ministra insistió en que el debate ya no consiste en decidir si la IA debe utilizarse o no, sino en determinar bajo qué reglas debe hacerlo. En su opinión, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta útil para mejorar la productividad y crear nuevos empleos, pero únicamente si su desarrollo queda acompañado de garantías suficientes para evitar decisiones opacas, discriminatorias o incompatibles con la legislación laboral.
