El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido seguir adelante con la reforma del despido que pagan las pymes, pese al rechazo frontal de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tras la última reunión de la mesa de diálogo social, el departamento que dirige Yolanda Díaz se comprometió con Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) a elaborar un texto articulado para modificar la regulación actual. Y a remitir posteriormente la propuesta al Congreso, donde se abrirá el debate político sobre uno de los cambios laborales más relevantes de los últimos años.
La reforma podría tener un impacto directo sobre miles de autónomos y pequeñas empresas. Los sindicatos plantean aumentar la protección frente al despido improcedente mediante indemnizaciones más elevadas. Además de recuperar los salarios de tramitación en determinados supuestos y reforzar el derecho de readmisión cuando no exista una causa objetiva que justifique la extinción del contrato. Estas medidas supondrían un incremento significativo de los costes laborales asociados a muchos despidos.
La iniciativa llega además en un momento de fuerte enfrentamiento entre Trabajo y la patronal. La CEOE considera que el actual sistema ya cumple la normativa internacional y recuerda que el Tribunal Supremo ha respaldado recientemente la indemnización tasada vigente en España. Por ello, los empresarios rechazan cualquier modificación que incremente la incertidumbre jurídica o eleve los costes de contratación y despido para las empresas.
- La reforma del despido podría aumentar las indemnizaciones que pagan las pymes por sus empleados
- ¿Cómo y por qué aumentarían las indemnizaciones?
- La CEOE y el propio Supremo consideran que las indemnizaciones actuales son suficientes
- La posición empresarial se apoya en varias resoluciones recientes del Tribunal Supremo
La reforma del despido podría aumentar las indemnizaciones que pagan las pymes por sus empleados
Aunque el Ministerio todavía no ha presentado un texto definitivo, las líneas generales defendidas por los sindicatos permiten anticipar por dónde podría ir la reforma.
CCOO y UGT reclaman adaptar la legislación española a los criterios defendidos por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo que en los últimos años ha cuestionado que la indemnización española por despido improcedente sea suficientemente disuasoria y reparadora para los trabajadores.
Actualmente, cuando un despido es declarado improcedente, la empresa debe abonar una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Los sindicatos consideran que este sistema no siempre compensa adecuadamente el perjuicio sufrido por el trabajador ni desincentiva suficientemente los despidos sin causa.
¿Cómo y por qué aumentarían las indemnizaciones?
La propuesta sindical contempla varias vías para elevar el coste de los despidos improcedentes.
La primera sería permitir indemnizaciones superiores a las actualmente tasadas cuando las circunstancias concretas del trabajador justifiquen una reparación mayor. Es decir, que el importe deje de depender exclusivamente de la antigüedad y el salario y tenga en cuenta también otros daños derivados de la pérdida del empleo.
La segunda medida consistiría en recuperar o ampliar los salarios de tramitación. Actualmente, salvo excepciones muy concretas, las empresas no están obligadas a pagar al trabajador los salarios dejados de percibir entre el despido y la resolución judicial. Los sindicatos quieren volver a incorporar este coste en un mayor número de supuestos.
Además, también se plantea reforzar el derecho de readmisión cuando el despido carezca de una causa objetiva suficientemente acreditada. Esto limitaría la posibilidad de que algunas empresas opten directamente por indemnizar y extinguir la relación laboral.
Para una pyme o un autónomo con empleados, estos cambios podrían traducirse en una mayor exposición económica en los procedimientos judiciales relacionados con despidos improcedentes.
Los sindicatos defienden que estas modificaciones responden a los compromisos internacionales asumidos por España y a las observaciones realizadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales. Sin embargo, la patronal sostiene que introducir indemnizaciones abiertas o variables generaría inseguridad jurídica y dificultaría que las empresas puedan prever el coste real de una extinción contractual.
La CEOE y el propio Supremo consideran que las indemnizaciones actuales son suficientes
La principal oposición a la reforma procede tanto de la patronal como de la doctrina más reciente del Tribunal Supremo.
Durante la reunión celebrada con Trabajo, la CEOE trasladó formalmente su negativa a negociar cambios regulatorios en materia de despido. La organización empresarial sostiene que la legislación española ya se ajusta a la Carta Social Europea y a los convenios internacionales suscritos por España. Además, mostró su malestar por la intención del Ministerio de impulsar reformas laborales que, a su juicio, alteran acuerdos alcanzados previamente en el diálogo social.
La posición empresarial se apoya en varias resoluciones recientes del Tribunal Supremo
El Alto Tribunal ha establecido en distintas sentencias que la indemnización prevista en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores no puede incrementarse judicialmente mediante cuantías adicionales vinculadas a las circunstancias particulares de cada caso. Según el Supremo, el sistema español de indemnización tasada cumple con las exigencias del Convenio 158 de la OIT y de la Carta Social Europea, por lo que cualquier modificación debe realizarse a través de una reforma legislativa y no mediante interpretaciones judiciales.
Además, el tribunal considera que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no tienen carácter vinculante para los jueces españoles y que conceptos como «indemnización adecuada» requieren un desarrollo normativo específico por parte del legislador.
