El Ministerio de Trabajo ha vuelto a pactar, por sexta vez consecutiva, una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin contar con el respaldo de la patrona. Y sin cumplir ninguna de las condiciones que pedían las organizaciones de autónomos y empresarios para disminuir los efectos de este incremento sobre el colectivo. Esta vez el incremento será del 3,1% y además no se incluirán las prometidas rebajas fiscales, ni tampoco se subirá el precio de los contratos públicos en la misma medida que el sueldo mínimo. 

Así lo anunció el Ministerio de Trabajo este jueves tras conocer el rechazo de la patronal a su propuesta de rebaja fiscal para compensar la subida del SMI que afectará a miles de autónomos y pymes. Incentivos que, Según confirmaron fuentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ni si quiera se llegaron a trasladar a la mesa de diálogo social, sino que se conocieron a través de la información filtrada por el Ejecutivo a los medios de comunicación. 

Por el lado del incremento, finalmente la ministra de Trabajo ha optado por pactar a solas con los sindicatos el incremento del 3,1% que proponía su propia mesa de expertos, y que es más de un 1% superior a lo que solicitaba la patronal, si se cumplían además otras condiciones que tampoco se han incluido en el acuerdo. Este incremento se aprobará en un Consejo de Ministros a mediados de febrero y tendrá efectos retroactivos desde enero de 2026. 

Pero además, el aumento de costes para autónomos y pymes no sólo vendrá por la propia subida, sino por un nuevo cambio de condiciones que también ha pactado Trabajo con los sindicatos. El acuerdo de este jueves contempla además prohibir que las empresas puedan absorber los complementos que pagan a sus trabajadores para alcanzar el SMI, algo que hasta la fecha podían hacer y que además había avalado el Tribunal Supremo en varias sentencias.

Díaz acuerda una subida del SMI que afectará a medio millón de autónomos, sin el respaldo de la patronal

El acuerdo alcanzado este jueves entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos fija una nueva subida del SMI del 3,1% para 2026, que elevará el sueldo mínimo hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas.

Según las estimaciones que manejan las organizaciones empresariales, este incremento afectará de forma directa a alrededor de medio millón de autónomos empleadores, especialmente en sectores intensivos en mano de obra y con márgenes ajustados como comercio, hostelería, transporte o servicios auxiliares. A la subida del salario se sumará el aumento de las cotizaciones sociales, lo que encarecerá entorno a 700 euros anuales el coste que asume la empresa por cada empleado.

Con esta decisión, el Gobierno culmina la novena subida del SMI desde 2019 y la sexta consecutiva sin el respaldo de la patronal. Además, el acuerdo se ha cerrado sin aceptar ninguna de las condiciones que CEOE y CEPYME habían planteado para amortiguar el impacto del incremento salarial: ni rebajas fiscales, ni compensaciones vía contratos públicos, ni flexibilidad en la aplicación de los complementos salariales.

El contexto no es menor. Desde las organizaciones empresariales recuerdan que el SMI ha aumentado más de un 60% en los últimos años, mientras que muchos pequeños negocios han tenido que absorber, en paralelo, el encarecimiento de la energía, los suministros, la financiación y las cuotas sociales, en un escenario de inflación acumulada todavía elevada.

Trabajo prohibirá absorber los complementos para alcanzar el SMI

Uno de los elementos más controvertidos del acuerdo es la decisión de prohibir la absorción de complementos salariales para alcanzar el salario mínimo. Hasta ahora, muchas empresas podían computar determinados pluses -como antigüedad, productividad o complementos voluntarios- para cumplir con el SMI.

Con el nuevo pacto, Trabajo y los sindicatos han acordado eliminar esta posibilidad, obligando a que el salario base alcance por sí solo el SMI fijado para 2026. Este cambio no se incluirá directamente en el real decreto de subida del salario mínimo, sino que se aprobará mediante una norma específica posterior, previsiblemente también por real decreto.

Para los autónomos y pymes, esta medida supondrá un nuevo incremento automático de costes laborales, incluso en casos en los que ya se estaban pagando salarios por encima del SMI gracias a complementos pactados en convenio o de forma individual. En la práctica, muchos negocios tendrán que subir el salario base y mantener los complementos, lo que elevará aún más el coste final por trabajador.

La subida del SMI no se trasladará a los contratos públicos

El acuerdo alcanzado tampoco contempla una de las principales reivindicaciones de la patronal y de los autónomos que trabajan para la Administración: la indexación de los contratos públicos al Salario Mínimo Interprofesional. Esto significa que, pese a la subida salarial obligatoria, las administraciones no actualizarán automáticamente los precios que pagan por los servicios contratados.

Esta decisión afecta especialmente a miles de autónomos y pymes que operan como contratas o subcontratas en servicios públicos -limpieza, mantenimiento, ayuda a domicilio, seguridad o transporte- y que tienen plantillas con un alto porcentaje de trabajadores cobrando el SMI. En estos casos, el incremento salarial deberá asumirse íntegramente con los precios actuales, reduciendo márgenes o generando pérdidas.

Desde la CEOE han advertido en reiteradas ocasiones de que esta falta de indexación convierte al SMI en un factor de desequilibrio económico en los contratos públicos, ya que traslada a las empresas un coste sobrevenido sin posibilidad de repercutirlo

ATA y CEOE denuncian que el Gobierno ha vuelto a dar la espalda a los autónomos

Tanto ATA como CEOE y CEPYME han rechazado de plano la forma y el fondo del pacto, al considerar que vuelve a adoptarse de espaldas al diálogo social y sin medidas reales de compensación para autónomos y pymes, que son quienes concentran la mayor parte de los trabajadores que cobran el salario mínimo.

Desde ATA, su presidente y también vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, explicó que «el Comité Ejecutivo de CEOE ha dicho no, de forma unánime, a la propuesta de subida del SMI del 3,1%”. Además, apuntó que la decisión no responde sólo al porcentaje de incremento, sino a la ausencia total de medidas fiscales o correctoras que amortigüen el impacto sobre los pequeños empleadores.

Amor denunció que el Gobierno nunca llegó a poner sobre la mesa las supuestas rebajas fiscales que se habían filtrado a los medios en los días previos. “No ha habido propuesta fiscal. La única rebaja que conocemos es la que hemos leído en la prensa”, afirmó. En la misma línea, aseguró que tampoco existió ninguna propuesta para la desindexación o compensación salarial que permitiera absorber parte del impacto del SMI en los costes empresariales.

Desde CEOE y CEPYME, el comunicado difundido tras el acuerdo incide en esta misma idea. Las organizaciones empresariales denuncian una “falta de respeto al diálogo social” y rechazan que se sustituya la concertación por “la política del anuncio”. En cuanto al contenido, advierten de que el pacto supone imponer una nueva subida del SMI sin indexar los contratos públicos, sin rebajas fiscales y sin tener en cuenta el impacto acumulado de los costes laborales sobre las pequeñas empresas, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y, de forma especial, los autónomos empleadores.

Para Amor, el contexto económico hace aún más difícil asumir una nueva subida. “No es una buena propuesta para el tejido empresarial ni para los autónomos”, afirmó, recordando que los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan menos autónomos empleadores, menos empleo generado por el colectivo y una pérdida de cerca de 60.000 comerciantes autónomos en los últimos cinco años. “Es precisamente donde se concentra el SMI, en las pequeñas empresas y en los autónomos, donde más daño se está haciendo”, concluyó.

Los costes laborales de las pymes han subido 5.000 euros en cinco años

Según recordó Lorenzo Amor a través de la red social X, los costes laborales de un trabajador que cobra el salario mínimo han aumentado 5.000 euros en los últimos cinco años y hasta 9.000 euros en los últimos ocho. Un incremento que, en muchos casos, no ha podido trasladarse a precios ni compensarse con mayor productividad.

En la práctica, explicó Amor, el coste laboral total de un empleado con SMI asciende ya a 1.893,68 euros al mes para el empleador, una cifra que incluye salario y cotizaciones sociales. “Cada vez es más difícil mantener empleo para aquellos autónomos con un solo trabajador que facturen menos de 12.000 euros al mes”, advirtió.

Desde ATA insisten en que, sin rebajas fiscales, sin indexación de contratos públicos y sin medidas específicas para los autónomos empleadores, una nueva subida del SMI vuelve a trasladar todo el ajuste a los pequeños negocios, estrechando márgenes y poniendo en riesgo la continuidad del empleo en sectores donde el salario mínimo es la referencia dominante.