El nuevo vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido a la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dé un año de margen para la implementación del nuevo control horario para los autónomos y las pymes con empleados.
Durante una entrevista concedida a la Cadena Ser, Cuerpo señaló que la propuesta por parte del gabinete socialista pasa por extender los plazos de aplicación de la norma a un año, mientras que el texto de la medida señala 20 días para su entrada en vigor desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE.
Sin embargo, el vicepresidente primero también recalcó que las diferencias de criterio entre Trabajo y el Gobierno acerca de cómo se va a poner en marcha la medida no implican que el reglamento vaya a encontrar impedimentos para salir adelante, pese al informe desfavorable del Consejo de Estado emitido hace unos días. Este se implementará antes o después, ya que se trata de una medida respaldada por el Gobierno, cuyo texto se espera que sea aprobado en las próximas semanas.
- Cuerpo pide extender el plazo de implementación del nuevo control horario para autónomos y pymes
- Los requisitos técnicos de los programas para fichar también generaron desavenencias
- Costes añadidos: las pymes tendrán que elaborar un informe técnico si utilizan sistemas alternativos de fichaje
- El nuevo control horario podría costar 50 euros por empleado y año a las pymes
Cuerpo pide extender el plazo de implementación del nuevo control horario para autónomos y pymes
En ese sentido, el ministro apuntó que la medida es “necesaria” como parte del proceso para alcanzar la reducción de la jornada laboral. Al respecto, señaló que es necesario implementar la medida de forma que las pymes y los autónomos con trabajadores a cargo puedan adaptarse.
“Es importante tener una forma equilibrada de llegar a ello, que ayude a las empresas (…). Es importante la transitoriedad que metamos en la implementación de este registro, para que, por ejemplo, nuestras pymes puedan irse adaptando sin un coste adicional”, aclaró.
En ese sentido, para Economía, una de las formas de conseguir este objetivo es ampliar el plazo de cumplimiento de la norma adoptando un régimen transitorio que facilite su viabilidad a los negocios.
El texto del reglamento, por el momento, incluye un plazo de aplicación de 20 días desde la publicación de la norma para que entre en vigor en las empresas y los negocios de los autónomos. Un plazo que, para Cuerpo, debería extenderse a doce meses.
“Que tengan en cuenta las condiciones reales de nuestro tejido productivo. Una de las propuestas que ponemos sobre la mesa es, en vez de los 20 días que se proponen actualmente en el texto que hay sobre la mesa, que nos fuéramos a un año (…)”.
Sin embargo, el ministro también asegura que la medida es un compromiso de este Gobierno que saldrá adelante –a pesar de no contar con el respaldo de la patronal– y que las diferencias con su compañera de Gobierno se encuentran solo en el “cómo” y no en el “qué”.
“Lo he dicho muchas veces y no me importa volver a decirlo. Yo creo que es una medida necesaria para seguir avanzando de manera efectiva en la reducción de la jornada laboral. Es uno de los elementos más importantes y un compromiso de este Gobierno: (…) un registro que permita la interoperabilidad con el sector público, para que los inspectores de trabajo puedan realizar una verificación de lo que está sucediendo; un control reforzado, al fin y al cabo (…). Compartimos el propósito, compartimos el objetivo, y vamos a seguir avanzando hacia ello”, afirmó.
Estas declaraciones de Cuerpo llegan poco después de que el Consejo de Estado se opusiera a su aprobación.
Los requisitos técnicos de los programas para fichar también generaron desavenencias
Asimismo, las patronales también expresaron su preocupación por la capacidad de la norma para proteger el tratamiento de los datos de los empleados durante el uso del registro digital, otra de las cuestiones que generó controversia sobre la implementación de la medida.
El texto presentado por Trabajo en audiencia pública señaló que el acceso de los datos de los fichajes a la representación legal de las personas trabajadoras se haría teniendo en cuenta la normativa de protección de datos.
Asimismo, estableció que las empresas podrán adoptar un sistema de registro que cumpla con los requisitos técnicos que se establezcan en las disposiciones de desarrollo o, bien optar, por otro alternativo siempre que se garanticen los principios y requisitos exigidos.
Costes añadidos: las pymes tendrán que elaborar un informe técnico si utilizan sistemas alternativos de fichaje
En caso de optar por un sistema alternativo, que no cumpla con los registros técnicos que, a priori, se desarrollan en la norma, será necesario asegurar que se garantizan los principios y requisitos sobre su objetividad, fiabilidad y accesibilidad, así como el contenido mínimo que deberá tener para almacenar los fichajes, que exigirá la normativa cuando se apruebe.
En estos casos, pymes y autónomos con empleados están obligados a contar con un informe elaborado por un técnico competente que justifique la adopción de este sistema alternativo en función de las características del negocio o empresa en cuestión. Esta pauta podría generar otro pequeño sobrecoste a los negocios si deciden implementar sistemas de fichaje más flexibles.
El nuevo control horario podría costar 50 euros por empleado y año a las pymes
Asimismo, como avanzó este diario, el nuevo sistema de registro horario digital podrá suponer un coste mínimo directo de unos 50 a 55 euros anuales por empleado. El coste sería una estimación media del precio del software a partir de los requisitos técnicos que se exigen en la norma.
