Alrededor de 45.000 autónomos se habrían visto finalmente obligados a reintegrar las ayudas por cese de actividad que percibieron entre 2020 y 2022 a causa de la pandemia y el decreto de Estado de Alarma.
Así lo afirmó el Gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo del Partido Popular que fue recogida por Europa Press. En su contestación, afirmaron que, a día de hoy, exactamente 45.357 trabajadores por cuenta propia se habrían visto obligados a devolver miles de euros del cese de actividad extraordinario, varios años después de haber tenido que cerrar su negocio a causa del COVID-19,
Como ya avanzó este diario, las mutuas, bajo la orden de la Seguridad Social y distintas entidades fiscalizadoras, tuvieron que cumplir con el encargo de revisar si las prestaciones que se concedieron provisionalmente por el coronavirus. Se ceñían a las normas establecidas en aquel entonces por los distintos reales decretos que aprobó el Gobierno. Estos requisitos iban desde algunas cuestiones genéricas, como estar dado de alta en el RETA y al corriente de pago de cotizaciones, hasta haber sufrido una caída de ingresos superior al 50% o al 75%, respecto del trimestre anterior.
Organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya advirtieron en aquel entonces que el Ejecutivo debía eliminar los requisitos de acceso, o al menos flexibilizarlos al máximo, para una prestación extraordinaria, que venía a cubrir a autónomos que se habían quedado sin fuente de ingresos y tuvieron el negocio cerrado durante meses.
Sólo un 3% de todas las prestaciones se han tenido que devolver, a expensas de otras comprobaciones
En su momento, el Tribunal de Cuentas adelantó que la cifra de autónomos que, habiéndose beneficiado del cese de actividad por el COVID-19, iba a tener que devolver las ayudas recibidas podría superar los 250.000. Sin embargo, distintas voces, ya en ese momento apuntaron que, probablemente, la cifra terminaría siendo menor.
Es más, la propia Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) avanzó a este diario que lo que estaban haciendo en aquel entonces las entidades era comprobar, a encargo de la Seguridad Social, si se cumplían las condiciones de estas prestaciones provisionales para convertirlas en definitivas. Pero, en ningún caso, todos los beneficiarios que fueran a ser comprobados tendrían que reintegrar las ayudas.
De momento, parece que estas verificaciones podrían haber finalizado con esos cerca de 45.000 beneficiarios que han tenido que devolver la prestación. A expensas de conocer si pudiera haber nuevas revisiones, de ser estas devoluciones las definitivas, se podría decir que sólo un 3% de todos los beneficiarios del cese de actividad -más de 1,5 millones- habrían tenido que devolver las ayudas.
Cartas para comprobar que los autónomos tenían derecho al cese de actividad
Desde el año pasado, miles de autónomos recibieron notificaciones avisándoles de que se estaban realizando comprobaciones para verificar que, efectivamente, tenían derecho a cobrar la prestación de cese de actividad extraordinario a la que tuvieron acceso durante la pandemia.
Años atrás, las mutuas, entidades colaboradoras de la Seguridad Social, fueron las responsables de realizar el pago de más de 1,5 millones de prestaciones, a causa del coronavirus. Y a éstas mismas se les encargó también la tarea de solicitar a los trabajadores por cuenta propia perceptores que justificasen el cumplimiento de requisitos de acceso.
A causa del revuelo ocasionado, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) quiso recordar que la recepción de una de estas cartas no tenía por qué significar la devolución del cese de actividad. Es más, en la mayoría de los casos, únicamente se solicitaba documentación para acreditar el derecho a dicha prestación. Es decir, en estos escritos se les pedía que aportasen toda la documentación acreditativa que no hubieran aportado en su momento pero, en ningún caso, suponían la reclamación de una deuda.
El sentido de estas revisiones a posteriori vino dado por la concesión de muchas de estas prestaciones de forma provisional, sin verificación previa. Ya que, en ese momento, si el autónomo no disponía de los papeles necesarios, era suficiente con firmar una declaración responsable asegurando que cumplía requisitos.
Hay que recordar que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ya avisó en reiteradas ocasiones que la norma que regula estas ayudas adolecía de errores que impedían el acceso de los autónomos o bien complicaban su justificación. Como, por ejemplo, la acreditación de una previsión de caída de facturación o de beneficios sobre un trimestre que todavía no había concluido, por lo que el autónomo no podía saber a ciencia cierta si iba a cumplir o no las condiciones.
Ahora, lo que ha ocurrido es que, tras realizar las comprobaciones pertinentes, se ha solicitado la devolución de la prestación a los autónomos que, finalmente, no cumplían con los requisitos. Afortunadamente, a más del 95% se les ha reconocido la prestación de forma definitiva.
