En unos días terminará el curso político y el Gobierno dejará en el tintero varias reformas que tenía preparadas para los autónomos y pequeñas empresas. Sin embargo, esta vez, el Consejo de Ministros retomará su agenda a partir del 25 de agosto. A la vuelta del verano, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentará sacar adelante hasta cinco cambios normativos que lleva meses anunciando.
El propio Plan Anual Normativo del Gobierno sitúa distintas modificaciones laborales entre las prioridades del Ejecutivo para este tramo final del año. A ello se suman los anuncios de la vicepresidenta segunda durante los últimos meses y los compromisos adquiridos por el Ministerio de Trabajo tanto en la mesa del diálogo social como tras la aprobación de distintas normas.
No todas estas reformas se encuentran en la misma fase. Algunas, como el nuevo registro horario digital, cuentan ya con un calendario prácticamente confirmado. Otras siguen pendientes de negociación, de la redacción definitiva de un texto legal o de reunir una mayoría parlamentaria suficiente. Sin embargo, todas comparten un elemento: de aprobarse en los términos planteados por Trabajo, supondrían nuevas obligaciones o un incremento de los costes para miles de autónomos y pequeñas empresas.
Las cinco reformas laborales que podrían disparar los costes de las pymes a partir de septiembre
El nuevo control horario digital, la reforma más inmediata
La reforma del registro horario es, probablemente, la medida más avanzada de todas las que prepara el Ministerio de Trabajo. Tras el bloqueo parlamentario de la reducción de jornada, Yolanda Díaz confirmó que impulsaría de forma independiente el nuevo sistema de control horario mediante un Real Decreto, una vía que no requiere pasar por el Congreso.
El nuevo modelo obligaría a abandonar definitivamente los registros en papel para implantar un sistema completamente digital, objetivo y trazable. Además, permitiría a la Inspección de Trabajo acceder telemáticamente a la información, reforzando el control sobre las jornadas efectivamente realizadas por los trabajadores.
El borrador conocido hasta ahora también obliga a registrar con mayor detalle la jornada, incluyendo las pausas o interrupciones, conservar la información durante cuatro años y garantizar el acceso inmediato tanto a los empleados como a sus representantes y a la propia Inspección.
Aunque todavía falta conocer el texto definitivo, la propia ministra ha situado esta reforma entre las primeras que quiere aprobar tras el verano. Para miles de pequeños negocios supondrá, además del coste de adaptación tecnológica, la necesidad de revisar completamente sus sistemas internos de control horario.
La reforma del despido para elevar las indemnizaciones
Otra de las prioridades del Ministerio será la reforma del despido improcedente. Tras la última reunión de la mesa de diálogo social, Trabajo se comprometió con CCOO y UGT a elaborar un texto articulado para modificar la regulación vigente y remitir posteriormente la propuesta al Congreso.
La iniciativa responde tanto a las reivindicaciones sindicales como a las observaciones realizadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que considera que el actual sistema español podría no garantizar una reparación suficientemente adecuada ni resultar lo bastante disuasorio frente a los despidos sin causa.
Entre las medidas que defienden los sindicatos figuran la posibilidad de establecer indemnizaciones superiores a las actualmente tasadas en determinados supuestos, recuperar los salarios de tramitación en más casos y reforzar el derecho de readmisión cuando no exista una causa objetiva suficientemente acreditada.
La patronal rechaza frontalmente estos cambios. CEOE sostiene que el sistema vigente ya cumple la normativa internacional y recuerda que el Tribunal Supremo ha reiterado recientemente que cualquier modificación del modelo indemnizatorio debe realizarse mediante una reforma legal y no a través de interpretaciones judiciales. Si finalmente prospera la propuesta de Trabajo, el coste económico de muchos despidos improcedentes podría aumentar de forma significativa.
La prohibición de absorber complementos para alcanzar el SMI
La tercera gran reforma gira en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero no consiste en una nueva subida salarial. El objetivo de Trabajo es impedir que las empresas puedan utilizar los complementos salariales para absorber el incremento del SMI, una práctica actualmente permitida con carácter general por el Estatuto de los Trabajadores salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa.
Según anunció Yolanda Díaz, el Ministerio quiere aprobar un Real Decreto específico para obligar a que el salario base alcance por sí solo el nuevo SMI, manteniéndose además todos los complementos que ya perciba el trabajador.
El cambio afectaría especialmente a sectores como la hostelería, el comercio, la limpieza, la agricultura o la seguridad privada, donde es habitual que el salario base se complete mediante pluses de antigüedad, disponibilidad, transporte u otros conceptos salariales.
La propia vicepresidenta llegó a afirmar que esta modificación podría traducirse en un incremento medio cercano a los 3.000 euros anuales por trabajador en aquellos casos en los que actualmente opera la absorción de complementos. A esa cifra habría que añadir el propio incremento derivado del SMI, lo que elevaría todavía más el coste para muchos pequeños empleadores.
Además, el último trimestre del año volverá a abrir previsiblemente la negociación del SMI para 2027, mientras Trabajo mantiene desde hace años su intención de estudiar un sistema de actualización más estable y menos dependiente de una negociación política anual.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas
La reducción de la jornada semanal de 40 a 37,5 horas sigue siendo una de las grandes banderas políticas de Yolanda Díaz, pese al revés parlamentario sufrido antes del verano.
El primer intento de sacar adelante el proyecto quedó bloqueado tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Este último partido justificó su rechazo asegurando que no se oponía a reducir la jornada, sino a hacerlo sin consenso con el diálogo social y sin tener en cuenta la realidad económica de las pequeñas empresas.
Pese a ello, la vicepresidenta ya ha anunciado su intención de volver a impulsar la medida durante el nuevo periodo de sesiones, intentando reconstruir una mayoría parlamentaria suficiente para aprobarla.
Las organizaciones empresariales sostienen que la reducción supondría un incremento relevante de los costes laborales, especialmente para las empresas más pequeñas y para aquellos sectores con mayores dificultades para reorganizar turnos o contratar personal adicional. Por ese motivo, tanto CEOE como Cepyme, ATA o Foment del Treball han mantenido su rechazo a la iniciativa durante toda la negociación.
La transposición de la Directiva europea de transparencia salarial
La quinta gran reforma pendiente será la transposición de la Directiva europea sobre transparencia retributiva, incluida también entre las prioridades regulatorias del Ministerio de Trabajo.
El departamento de Yolanda Díaz ya ha elaborado un primer borrador que ha remitido a sindicatos y patronal para iniciar el diálogo social. Aunque todavía no existe un texto definitivo ni un calendario cerrado de aprobación, la intención del Gobierno es adaptar la legislación española a las nuevas exigencias comunitarias.
La futura norma reforzará las obligaciones de información salarial de las empresas, ampliará las herramientas para detectar posibles diferencias retributivas entre hombres y mujeres y obligará a justificar objetivamente los criterios utilizados para fijar los salarios y las promociones profesionales.
Además, las empresas deberán responder a las solicitudes de información salarial formuladas por sus trabajadores dentro de unos plazos determinados y, en el caso de las compañías de mayor tamaño, asumir nuevas obligaciones de reporte y evaluación de las diferencias retributivas.
Aunque muchas de estas obligaciones ya existen parcialmente en la normativa española, la transposición de la directiva supondrá un nuevo incremento de las cargas administrativas para numerosas empresas y obligará a revisar buena parte de sus políticas salariales durante los próximos meses.
