- Muchas pymes perdían su derecho a licitar aunque tuvieran experiencia
- La ampliación del plazo a diez años permitirá que muchas pymes puedan licitar
- Las pymes que realizaron trabajos especializados podrán beneficiarse
- Esta medida permite a las pymes aportar su experiencia de los últimos 10 años
- Se abre una oportunidad real en la contratación pública para cientos de pymes
Una orden ministerial publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) amplía de cinco a diez años el periodo válido para acreditar la experiencia técnica en determinadas obras de alta especialización, un cambio que puede tener un impacto directo en el acceso de muchas pymes a la contratación pública.
La medida afecta a empresas que ejecutaron en el pasado obras complejas como túneles, presas, conducciones o grandes infraestructuras, pero que, por la falta de nuevos encargos en los últimos años, habían perdido la posibilidad de utilizar esos trabajos como referencia para mantener su clasificación como contratistas.
Según explicó Nicolás Ayensa, fundador de LicitaPyme, “esto no es un mero ajuste administrativo. Al revés, es un balón de oxígeno para las pymes especializadas, que pueden ahora sobrevivir a los ‘paréntesis’ de actividad provocados por crisis como la Covid-19 sin ser expulsadas del mercado público”.
Hasta ahora, la normativa exigía que las empresas acreditaran obras ejecutadas en los últimos cinco años, lo que dejaba fuera a muchas pymes que sí contaban con experiencia real, pero cuya actividad se había visto interrumpida por la caída de licitaciones en determinados sectores.
Con la ampliación del plazo a diez años en una serie de subgrupos concretos, estas empresas podrán volver a utilizar trabajos anteriores para justificar su solvencia técnica, recuperar su clasificación y presentarse de nuevo a concursos públicos.
Muchas pymes perdían su derecho a licitar aunque tuvieran experiencia
Para entender el alcance del cambio, primero hay que entender el problema que venían sufriendo muchas pymes especializadas.
Según explicó Nicolás Ayensa, fundador de LicitaPyme, en España las empresas que quieren acceder a contratos de obra de cierto importe deben estar “clasificadas”, una especie de acreditación oficial que certifica que la empresa es solvente y tiene capacidad técnica para ejecutar determinados trabajos.
Esa clasificación no es permanente. Para mantenerla, la normativa general obliga a demostrar que se han ejecutado obras en los últimos cinco años.
“Hablando en plata: si hiciste algo hace más de cinco años y no lo has vuelto a hacer, la Administración considera que se te ha olvidado cómo se hace”, explicó Ayensa.
El problema es que muchas pymes especializadas no tienen un flujo constante de contratos públicos. Si durante varios años no se licitan obras de su especialidad, esas empresas pueden quedarse sin nuevos trabajos, aunque sigan teniendo el conocimiento y los medios técnicos.
Bajo la regla de los cinco años, una pyme podía perder su clasificación únicamente porque sus obras de referencia habían “caducado” sobre el papel. Y una vez perdida la clasificación, entraba en un círculo difícil de romper: sin clasificación no se puede licitar, y sin licitar no se puede generar nueva experiencia que permita recuperarla.
La ampliación del plazo a diez años permitirá que muchas pymes puedan licitar
La Orden HAC/34/2026 introduce una excepción a esa regla general de cinco años para determinados subgrupos de obras de alta especialización.
Tal y como señaló Ayensa, “a través de la orden el Gobierno amplía de cinco a diez años el periodo válido para acreditar la experiencia técnica en obras de alta especialización”.
Esto significa que, en esos subgrupos concretos, las empresas podrán utilizar trabajos realizados en los últimos diez años -y no solo en los últimos cinco- para justificar su solvencia técnica y mantener o revisar su clasificación.
La orden parte del reconocimiento de que en algunos de estos tipos de obra el volumen de licitaciones en los últimos años ha sido reducido, lo que había provocado que quedaran muy pocas empresas clasificadas.
“La norma permite que, en estos sectores específicos, se valoren las obras realizadas en los últimos diez años en vez de en los últimos cinco. Esto significa que la ‘memoria’ de la Administración se duplica”, explicó el fundador de LicitaPyme.
Las pymes que realizaron trabajos especializados podrán beneficiarse
La ampliación del plazo no se aplica a todas las obras, sino a una serie de subgrupos vinculados a infraestructuras complejas y altamente técnicas, como túneles, presas, canales, grandes conducciones, dragados, gasoductos, oleoductos, líneas eléctricas de transporte o cimentaciones especiales, entre otros.
Se trata de actividades en las que no suele haber una contratación continua todos los años y donde muchas pymes dependen de que se reactive puntualmente la inversión pública.
Por eso, el impacto se concentrará especialmente en pymes constructoras y empresas técnicas que:
- Ejecutaron en su día obras de alta especialización.
- Llevan varios años sin poder acreditar nuevos trabajos en ese ámbito.
- Perdieron o estaban a punto de perder su clasificación como contratistas.
Según Ayensa, el cambio permitirá que estas empresas “puedan ahora sobrevivir a los ‘paréntesis’ de actividad provocados por crisis como la COVID-19 sin ser expulsadas del mercado público”.
Esta medida permite a las pymes aportar su experiencia de los últimos 10 años
El efecto práctico es sencillo: una obra antigua que ya no servía vuelve a ser válida. Ayensa lo ejemplificó con una situación habitual: una pyme que finalizó una obra compleja en 2018. Con la normativa anterior, esa referencia habría dejado de computar en 2023. Si durante esos años no hubo nuevas licitaciones, la empresa podía perder su clasificación.
“Con la entrada en vigor de la orden, esa misma obra de 2018 recobra su vigencia hasta 2028”, explicó. Esto permite a la empresa utilizar de nuevo ese trabajo como prueba de experiencia, mantener su clasificación o solicitar su revisión y presentarse a concursos públicos.
En la práctica, muchas pymes podrán reincorporarse casi automáticamente al sistema de contratación pública simplemente actualizando su expediente con obras que ya realizaron en el pasado.
Se abre una oportunidad real en la contratación pública para cientos de pymes
Desde el punto de vista de Ayensa, la medida cumple una doble función. Por un lado, protege a las pymes especializadas, evitando que desaparezcan del mercado público por motivos puramente administrativos.
Por otro, evita que determinadas obras queden en manos de muy pocas empresas. “Para evitar un oligopolio, la orden permite ampliar el periodo de valoración”, explicó. Esto implica que, cuando se liciten este tipo de infraestructuras, habrá previsiblemente más empresas capacitadas para competir, incluidas pymes.
Además, la vuelta de estas empresas al mercado público también puede generar actividad indirecta. La adjudicación de una obra suele arrastrar a proveedores, subcontratas y autónomos que participan en su ejecución.
