Declaraciones trimestrales, cotizaciones, deducciones, ayudas del Estado, cambios normativos y un régimen sancionador bastante estricto son algunos de los parámetros con los que debe lidiar el colectivo de los autónomos. Cuando lo cierto es que, en muchos casos, no cuentan con estructura, ni recursos suficientes para asumir esa carga administrativa y fiscal.
Esta situación común ha convertido al gestor administrativo en una figura prácticamente imprescindible; incluso para autónomos con ingresos modestos. Y es que la falta de claridad normativa, el miedo a cometer errores que conlleven sanciones económicas y la sensación de inseguridad constante a la hora de relacionarse con la Administración empujan a miles de trabajadores por cuenta propia a asumir un coste fijo adicional que encarece su actividad y reduce su margen real.
Así lo refleja el último Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, elaborado entre finales de 2025 y comienzos de 2026.
- Los autónomos delegan el exceso de cargas administrativas en sus gestores
- Los autónomos desconfían más de la Administración y confían cada vez más en su gestor
- Miles de autónomos se plantean dejar su negocio por los trámites y la carga fiscal
Los autónomos delegan el exceso de cargas administrativas en sus gestores
Según el barómetro, el 82,04% de los gestores administrativos considera que la situación de los autónomos ha empeorado en los últimos cinco años. De hecho, sólo el 6,59% de ellos percibe alguna mejora. Y se trata, es importante recordarlo, de la percepción de las personas que gestionan diariamente todos los expedientes, declaraciones y procedimientos en nombre de los trabajadores por cuenta propia.
Así, entre las principales preocupaciones que trasladan los autónomos a sus gestores, los impuestos ocupan el primer lugar, citados por el 34,34% de los encuestados. Le siguen las cotizaciones y las cuotas, con un 27,11%, la inseguridad jurídica, con 12,05%, y la burocracia, con un 9,64%. Un reparto que muestra hasta qué punto la fiscalidad y la gestión administrativa condicionan la actividad económica de todos ellos.
Y es que el problema no es sólo la carga fiscal, que también, sino la dificultad para entenderla y aplicarla correctamente. Más de un 35% de los gestores reconoce que sus clientes no comprenden bien qué gastos pueden deducirse del IVA, por ejemplo, especialmente en conceptos cotidianos ligados al ejercicio profesional. El vehículo es, con diferencia, el elemento que genera más conflictos, señalado por dos de cada tres autónomos como el gasto más problemático.
Esta falta de claridad señalada a través del barómetro convierte, a ojos de los autónomos, cualquier trámite en un potencial riesgo. Porque un error en una declaración trimestral, una deducción mal aplicada o un plazo incumplido pueden derivar en sanciones económicas difíciles de asumir para pequeños negocios. El resultado es una dependencia casi obligatoria del gestor administrativo, incluso en actividades con ingresos ajustados.

Los autónomos desconfían más de la Administración y confían cada vez más en su gestor
El Barómetro del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos refleja asimismo un deterioro profundo en la relación entre los autónomos y las administraciones públicas. La mitad de los gestores encuestados califica el trato recibido por sus clientes como «muy insatisfactorio», y la percepción media de respeto institucional apenas alcanza un 1,65 sobre 5.
Además, el 89,22% de los gestores considera que el Gobierno no consulta a los autónomos antes de aprobar medidas que les afectan directamente. Esta sensación de exclusión refuerza la idea de que el marco normativo se impone sin diálogo previo, generando incertidumbre, pero sobre todo desconfianza.
Porque el sistema de protección social tampoco genera tranquilidad. Muchos autónomos perciben que cotizan sin una contrapartida clara y con reglas que cambian con frecuencia. De hecho, el 69% de los gestores detecta una fuerte incomprensión sobre el sistema de cotización y su impacto real en la pensión, especialmente tras la implantación del modelo de ingresos reales, que penaliza a quienes tienen rendimientos irregulares.
Todo esto explica que el 94,01% de los gestores afirme que los autónomos confían mucho más en su gestor administrativo que en la propia Administración. El gestor se convierte en una figura clave: interpreta la norma, anticipa riesgos, traduce el lenguaje jurídico y aporta una sensación de control en un entorno que es percibido como hostil.
Miles de autónomos se plantean dejar su negocio por los trámites y la carga fiscal
El gran problema de la complejidad administrativa es que tiene consecuencias directas sobre la continuidad del trabajo por cuenta propia. ATA, de hecho, ya ha denunciado en multitud de ocasiones lo innecesarios que son algunos trámites, y el atraso que lleva nuestro país en la implantación del IVA franquiciado, que exime a los autónomos de ingresos más bajos de declarar cuatro veces al año.
De nuevo según el barómetro, el 47,92% de los gestores señala que parte de sus clientes opta por pasar a trabajar por cuenta ajena o opositar, buscando estabilidad y menor exposición al riesgo administrativo. Otro 43,75% afirma que algunos autónomos abandonan directamente el mercado laboral.
Pero el dato más preocupante es que un 14,58% de los gestores reconoce que parte de los autónomos acaba desplazándose hacia la economía sumergida, incapaces de asumir las exigencias formales del sistema.
Y también hay que destacar la preocupación por el futuro, que es especialmente evidente en materia de jubilación. Casi la mitad de los gestores considera que menos del 25% de sus clientes alcanzará una pensión igual o superior a 1.200 euros mensuales. Y sólo un 7,23% de ellos cree que los autónomos podrán jubilarse entre los 60 y los 65 años, ya que actualmente más del 76% de los autónomos retrasa la expectativa hasta los 66 años o más.
Así las cosas, desde el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos reclaman estabilidad normativa, menos cambios, diálogo previo y una simplificación real de los procedimientos. Y aunque su actividad es útil y necesaria, lo cierto es que tras ella tiene que haber, por lo menos, un autónomo que pueda trabajar y generar ingresos suficientes.





