La Dirección General de Trabajo (DGT) ha emitido un criterio interpretativo para zanjar la polémica sobre los salarios que deben pagar autónomos y pymes a sus empleados, después de que el Congreso tumbara este miércoles el decreto ómnibus que incluía, entre otras medidas, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025.
La caída del decreto ha generado una situación de incertidumbre inmediata en miles de pequeños negocios, que se preguntan si deberían mantener el SMI que venían aplicando en las nóminas o si, por el contrario, pueden ajustarlo tras haber quedado sin efecto la norma que lo respaldaba. Muchos tampoco tienen claro cuál es el salario que deberían aplicar a los nuevos contratos, puesto que el umbral mínimo para 2025 ya no estaría vigente.
Ante este escenario, Trabajo ha salido al paso para aclarar cómo deben actuar las empresas mientras no se apruebe una nueva regulación. En su opinión, el departamento dependiente del Ministerio de Trabajo recuerda que la anulación parlamentaria del decreto no habilita a las empresas a reducir salarios. Los sueldos que ya se estén abonando –ya sea por contrato individual, convenio colectivo o aplicación práctica del SMI vigente hasta ahora– siguen siendo exigibles y forman parte de las obligaciones laborales en vigor.
De hecho, según el organismo dependiente de Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores ni siquiera ampara a las pequeñas empresas para ofrecer salarios por debajo del SMI aprobado el año pasado. Esta limitación afecta a los nuevos trabajadores que se contraten desde esta semana y hasta que se apruebe el salario mínimo de 2026. Según avisa el propio Ministerio, la Inspección de Trabajo actuará ante posibles incumplimientos de los negocios que no respeten este umbral.
Trabajo avisa que las pymes deben seguir pagando el SMI de 2025, aunque ya no esté en vigor
Para los autónomos y pymes con trabajadores, el criterio interpretativo del Ministerio de Trabajo es claro: deben mantener las condiciones salariales ya aplicadas hasta que el Gobierno apruebe una nueva norma o el Parlamento valide de nuevo la subida del SMI. Cualquier rebaja unilateral podría derivar en reclamaciones, conflictos laborales o sanciones, en un contexto de máxima inseguridad jurídica.
De momento, el SMI vigente en España –a pesar de que no haya pasado el filtro del parlamento– está fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas (16.576 euros anuales). Y, por lo tanto, ninguna pyme podría pagar menos de esta cantidad a sus empleados.
El criterio emitido recuerda que «la desaparición abrupta del SMI para 2025 no afecta a los contratos ya vigentes, que no pueden reducir la cuantía por la mera derogación del Real Decreto Ley 16/2025, de 23 de diciembre».
El Ministerio de Trabajo recuerda que el propio Estatuto de los Trabajadores dice en su artículo 27 que la aprobación del Real Decreto que firme el SMI de forma anual es un deber del Gobierno, que «tiene por finalidad la protección de derechos y principios constitucionales. Y que dicho deber no puede sustraerse y no decae en ningún caso».
Tampoco afecta a las nuevas contrataciones, que deben respetar el SMI para 2026
Además, apunta la Dirección General de Trabajo, «por lo que respecta a las nuevas contrataciones que se produjeran durante el breve lapso en el que el SMI de 2025 no cuente con prórroga expresa y surta sus efecto el nuevo salario mínimo para 2026, estas no deberían tomar referencias inferiores al SMI vigente del año pasado».
Por ultimo, recuerdan desde el Ministerio que «la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila el cumplimiento de las normas del orden social, normas que reconocen los derechos de las personas trabajadoras».
Díaz quiere aprobar de inmediato un nuevo SMI para 2026, al margen del decreto ómnibus
Al margen de que el Parlamento haya tumbado el decreto ómnibus, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz sigue adelante con su intención de aprobar un nuevo salario mínimo para 2026. Y que además suba en un 3,1% la cuantía actual, hasta los 1.221 euros en catorce pagas.
De hecho, según recordó el propio Ministerio de Trabajo en su criterio, una vez entre en vigor ese salario mínimo, los autónomos y pymes deberán ajustarlo con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Como ya avanzó este diario, ahora mismo, el Gobierno, los sindicatos y la patronal siguen inmersos en la negociación para incrementar el SMI este año. A cambio de llevar a cabo este incremento, que dispararía los costes de miles de autónomos y pymes, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto crear una nueva deducción en el Impuesto de Sociedades para las empresas que tengan a trabajadores cobrando el SMI.
Según confirmaron a este diario fuentes cercanas a la mesa de negociación, a falta de que se concreten los detalles de esta medida, el nuevo incentivo fiscal tendría varias carencias. En primer lugar, la rebaja de impuestos planteada sí afectaría a los autónomos con empleados en estimación directa pero dejaría fuera a miles de trabajadores por cuenta propia que tributan en módulos y que también tienen a empleados cobrando el salario mínimo. Sería el caso de muchos comercios, bares, peluquerías y agricultores.
El nuevo SMI supondría un coste de 700 euros más al año por empleado
Además, Trabajo habría dejado fuera las dos condiciones que marcaba CEOE como indispensables para respaldar el acuerdo. Una es subir los contratos públicos que tienen miles de autónomos y pymes con la Administración en la misma medida que el SMI. Y la otra es que se siga permitiendo que las empresas utilicen los pluses y complementos que pagan a sus empleados para alcanzar el salario mínimo.
En cualquier caso, la subida del SMI de los actuales 1.184 euros a 1.220 euros al mes en 14 pagas volvería a disparar un año más los costes de miles de pequeñas empresas.
Si se aplicara la subida del 3,1%, en caso de que el Ministerio de Hacienda decida que el SMI no tribute en IRPF –que ahora mismo parece lo más probable–, los actuales 1.183 euros brutos al mes en 14 pagas pasarían a situarse en torno a 1.220 euros mensuales, elevando el salario anual desde los 16.562 euros actuales hasta aproximadamente 17.075 euros al año.
