El Gobierno movilizará más de 7.000 millones de euros en ayudas para paliar los daños provocados por las últimas borrascas en Andalucía y Extremadura. Así lo anunció la ministra de Hacienda tras el Consejo de Ministros extraordinario, donde adelantó los detalles de este paquete que incluirá ayudas directas, exenciones fiscales y otras medidas para las pymes.
Aunque el plan abarca a hogares e infraestructuras públicas, una parte relevante se dirige a autónomos y pequeñas empresas que han visto paralizada su actividad o han sufrido daños materiales en sus locales, explotaciones agrarias o negocios. El Ejecutivo habilitará compensaciones económicas directas, rebajas fiscales y mecanismos de protección para el empleo.
Entre las medidas más destacadas figura una ayuda directa de hasta 150 euros al día para las personas afectadas, así como líneas específicas para empresas y trabajadores por cuenta propia que hayan sufrido pérdidas económicas derivadas del temporal.
- Ayudas directas de hasta 150 euros diarios
- Exenciones y reducciones tributarias para los afectados
- Otras medidas en materia laboral y de Seguridad Social
Ayudas directas de hasta 150 euros diarios
El paquete aprobado contempla ayudas directas para compensar la pérdida de ingresos y los daños sufridos. En el caso de los ciudadanos afectados, se habilita una subvención de hasta 150 euros diarios durante el periodo en que no puedan desarrollar su actividad habitual o residir en su vivienda con normalidad.
Para los autónomos y pymes, el Gobierno prevé subvenciones directas destinadas a cubrir daños materiales en instalaciones, maquinaria, vehículos profesionales o mercancías. Estas ayudas buscan facilitar la reanudación de la actividad cuanto antes y evitar cierres definitivos de pequeños negocios en zonas especialmente golpeadas por las inundaciones y fuertes lluvias.
Exenciones y reducciones tributarias para los afectados
En el ámbito fiscal, el Ejecutivo aplicará exenciones y reducciones tributarias. Entre ellas, destacan la posible exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para inmuebles dañados, así como reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para aquellos negocios que hayan tenido que suspender o reducir su actividad por causa directa del temporal.
Asimismo, se prevén aplazamientos y moratorias en el pago de impuestos estatales para autónomos y empresas afectadas, con el objetivo de aliviar tensiones de tesorería en los próximos meses. Hacienda también habilitará procedimientos abreviados para tramitar estas solicitudes y acelerar el acceso a las ayudas.
Estas medidas fiscales se complementarán con líneas de financiación avaladas por el Estado, dirigidas a facilitar liquidez a corto plazo para la reconstrucción de instalaciones o la reposición de existencias dañadas.
Otras medidas en materia laboral y de Seguridad Social
El paquete aprobado incluye también medidas laborales y de Seguridad Social destinadas a proteger el empleo en las zonas afectadas.
Las empresas que no puedan desarrollar su actividad con normalidad podrán acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. Esta vía permitirá suspender contratos o reducir jornada sin asumir el coste íntegro de los salarios, mientras los trabajadores perciben la prestación correspondiente.
En paralelo, se habilitarán exoneraciones en las cotizaciones sociales para las empresas que recurran a estos mecanismos, lo que reducirá el impacto económico de mantener plantillas en una situación de inactividad forzosa.
Para los autónomos, se prevé la posibilidad de solicitar la prestación por cese de actividad en condiciones extraordinarias cuando se acredite que el negocio ha quedado gravemente afectado por el temporal. Además, podrán solicitar moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social, evitando recargos mientras dure la situación excepcional.
El Ejecutivo también contempla ayudas específicas para explotaciones agrarias y ganaderas, uno de los sectores más perjudicados por las lluvias torrenciales. Estas incluirán compensaciones por pérdida de producción y daños en infraestructuras rurales.
Según explicó la ministra, el objetivo es “dar una respuesta rápida y eficaz” que permita a familias y negocios recuperar la normalidad lo antes posible. El Gobierno coordinará estas actuaciones con las comunidades autónomas afectadas para agilizar la evaluación de daños y la concesión de ayudas.
