El Gobierno ha anunciado la creación de una plataforma estatal para facilitar el acceso a la tierra a jóvenes agricultores, en un intento por frenar el envejecimiento del campo y fomentar el relevo generacional. Bajo el nombre de Tierra Joven, la medida contempla movilizar hasta 17.000 fincas rústicas de titularidad pública para ponerlas a disposición, con prioridad, de nuevos profesionales agrarios. Se trata de una de las apuestas más concretas de la Administración para activar oportunidades reales de emprendimiento en el medio rural.
La plataforma, impulsada por el Ministerio de Agricultura, pretende centralizar y coordinar la oferta y la demanda de tierra agrícola en todo el país. El objetivo es que jóvenes, mujeres y nuevos autónomos del campo puedan encontrar parcelas disponibles, con información clara sobre su ubicación, condiciones legales y acceso a recursos básicos. “Si esas tierras están bien seleccionadas y son fértiles, puede haber un punto de inflexión real”, afirmó a este diario Alicia Martínez Rubio, secretaria de Relevo Generacional y Digitalización de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
El anuncio llega en un momento clave, de fuerte preocupación por el futuro del campo español: solamente el 9 % de los agricultores tiene menos de 41 años, y muchos profesionales en activo se acercan a la jubilación, sin relevo aparente. El programa prevé articularse mediante un decreto ley, que servirá de anticipo para la futura Ley de Agricultura Familiar. “El acceso a la tierra es uno de los principales problemas que encuentran los jóvenes que quieren incorporarse”, advierte Eva Marín, agricultora y presidenta de Asaja Joven.
- Las asociaciones agrarias piden tierras con acceso al agua, infraestructura y agilidad normativa
- Los agricultores mayores sin relevo también pueden necesitar incentivos
- La PAC y la fiscalidad como palancas clave
Las asociaciones agrarias piden tierras con acceso al agua, infraestructura y agilidad normativa
El contenido concreto del programa aún no se ha detallado, pero su acogida inicial mezcla expectativas con cautela. Eva Marín subraya que la propuesta no se puede evaluar del todo sin conocer el tipo de terrenos que se ofrecerá, sus características agronómicas o su localización. “No podemos hacer una valoración exhaustiva, porque se pondrá en marcha en los próximos meses”, señala. Aun así, considera positiva toda medida que contribuya a derribar las barreras de entrada.
Martínez Rubio pone el acento en que la tierra debe llegar acompañada de agua, infraestructura y agilidad normativa. En su opinión, solo si las parcelas son productivas “y el proceso está bien regulado podrá aumentar la tasa de incorporación de jóvenes”. La organización a la que representa lleva años pidiendo una red nacional de bancos públicos de tierras. “Hay que asegurar que esta vez se ejecute sin retrasos y con criterios claros”, afirma.
La situación del relevo generacional en la agricultura y la ganadería no es solo cuestión de voluntad, sino también de condiciones reales para emprender. El coste de iniciarse en la actividad agraria sigue siendo elevado y difícil de asumir sin ayuda externa. “En muchas ocasiones, si no fuese por la familia que nos rodea, no podríamos pagar los créditos, ni arrancar la actividad”, opina Eva Marín.
Otro de los obstáculos señalados es el retraso en la llegada de las ayudas, lo que agrava los problemas de liquidez al principio. La financiación, el papeleo y la inestabilidad del mercado provocan incertidumbre, incluso entre los jóvenes más motivados. “Aunque nos concedan esa ayuda para incorporarnos, no nos la pagan inmediatamente”, lamenta Marín.
Los agricultores mayores sin relevo también pueden necesitar incentivos
Ambas expertas insisten en que el enfoque debe ser integral y tener en cuenta también al agricultor que deja su explotación. En muchos casos, la jubilación no basta para mantener unos ingresos estables, y por tanto no se produce la cesión natural de la tierra. “Asesorar al que cede es tan importante como ayudar al que llega”, subraya Alicia Martínez, quien insiste en la necesidad de incentivos también para la generación saliente.
Marín coincide en que muchas explotaciones acaban cerrando porque el traspaso se complica o directamente no se plantea. La incertidumbre legal, fiscal y administrativa hace que muchos mayores opten por no transmitir la actividad. “El hecho de tener que pagar los impuestos correspondientes a la transmisión no es fácil”, recuerda esta agricultora.
Otro de los aspectos clave, según ambas, es garantizar una vida digna en el entorno rural más allá del trabajo agrario. Martínez Rubio defiende que los jóvenes no solo necesitan un proyecto productivo, sino también la posibilidad de vivir y criar a sus hijos en condiciones similares a las urbanas. “La profesión debe ser atractiva y contar con servicios adecuados en el medio rural”, resume.
Marín añade que la desconexión digital y la falta de conciliación son barreras que frenan aún más la permanencia en el territorio. Reclama inversiones en conectividad, transporte y sanidad, y critica la carga burocrática que resta tiempo a la producción. “Necesitamos dedicar más tiempo a producir que a sentarnos en el despacho”, denuncia con contundencia.
La PAC y la fiscalidad como palancas clave
Ambas coinciden también en que la próxima reforma de la Política Agraria Común (PAC) debe blindar los fondos para jóvenes y priorizar su instalación. “La PAC no puede cambiar a peor, porque seguirán cerrándose explotaciones cada día”, afirma Eva Marín. Reclama que se mantenga e incluso se refuerce el presupuesto destinado a las nuevas incorporaciones.
Martínez Rubio considera que ningún joven debería quedarse fuera por falta de presupuesto, si tiene un proyecto viable. Cree que debe existir un compromiso político real, con herramientas eficaces para acompañar la instalación desde el principio. “Debe sentirse acompañado, y su proyecto tiene que contar con garantías de éxito”, sostiene.
En el plano fiscal, ambas exigen reducciones significativas en los impuestos asociados a la transmisión de tierras y explotaciones. Marín recuerda que ni siquiera con bonificaciones puntuales es sencillo amortizar una compra o asumir un arrendamiento. “El acceso a la tierra no puede estar condicionado a trabas impositivas difíciles de asumir”, insiste esta agricultora.
Por su parte, Martínez Rubio propone además que los bancos de tierras se complementen con bancos públicos de agua, para garantizar la rentabilidad a medio plazo. “No se trata solo de instalarse, sino de que la actividad sea viable durante años”, afirma. “Queremos explotaciones viables y rentables. No un salto al vacío”, concluye.
