El encarecimiento del combustible provocado por el conflicto en Oriente Próximo ya está teniendo un doble efecto en la economía española: mientras miles de autónomos y pymes, especialmente del transporte, ven cómo se disparan sus costes, el Estado ha incrementado su recaudación. Según denunció el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, el Gobierno habría ingresado 50 millones de euros adicionales en apenas dos semanas a través del IVA de los carburantes.
Este aumento de ingresos no responde a una subida de tipos, sino al propio funcionamiento del impuesto. Al tratarse de un porcentaje sobre el precio final, cada incremento del coste del diésel o la gasolina se traduce automáticamente en más recaudación para Hacienda. Así, llenar un depósito medio de 50 litros cuesta ahora alrededor de 100 euros, frente a los 75 euros que se pagaban antes, lo que implica un sobrecoste cercano al 30%.
Sin embargo, pese a este incremento de la recaudación, el Gobierno ha descartado por ahora rebajar el IVA del carburante, una medida que llevan semanas reclamando las asociaciones de autónomos y las patronales. Organizaciones como ATA insisten en que la presión fiscal sobre la energía está agravando la situación de miles de pequeños negocios, especialmente en sectores intensivos en consumo de combustible.
- Aumenta la recaudación del Gobierno mientras se disparan los costes de los autónomos
- El Gobierno descarta rebajar el IVA mientras ATA y las patronales piden alivio fiscal urgente
- ATA pide rebajas fiscales para afrontar la subida de costes
Aumenta la recaudación del Gobierno mientras se disparan los costes de los autónomos
El impacto de la subida del combustible no es homogéneo, pero está golpeando con especial dureza a los autónomos del transporte. Según denuncian asociaciones del sector, muchos profesionales están soportando incrementos de hasta 1.500 euros mensuales en carburante, una cifra que reduce drásticamente sus márgenes y pone en riesgo la viabilidad de sus negocios.
Otros sectores como los agricultores y ganaderos han denunciado también subidas de miles de euros, no sólo por el carburante sino también por otros costes como los fertilizantes.
Desde el PP acusaron al Ejecutivo de “llenar sus arcas” gracias al encarecimiento del combustible, al tiempo que retrasa la adopción de medidas para aliviar a familias y empresas. Según sus cálculos, de los 25 euros adicionales que cuesta llenar un depósito, cerca de cinco euros corresponden directamente a impuestos.
Más allá del enfrentamiento político, lo cierto es que el sistema fiscal genera este efecto automático: cuando suben los precios energéticos, también lo hace la recaudación por IVA. Esto ya ocurrió durante la crisis energética de 2022 y vuelve a repetirse ahora con la escalada de tensiones en Oriente Próximo.
Para los transportistas y otros sectores dependientes del combustible, el problema es doble. Por un lado, afrontan costes cada vez más elevados. Por otro, no están recibiendo de momento medidas específicas que compensen ese aumento, más allá de posibles ayudas que el Gobierno aún está estudiando.
El Gobierno descarta rebajar el IVA mientras ATA y las patronales piden alivio fiscal urgente
A pesar de la presión creciente, el Ejecutivo ha optado por no tocar, al menos por ahora, el IVA del carburante. Desde el Gobierno defienden que las medidas que se aprobarán tendrán un enfoque “riguroso y flexible”, y que estarán dirigidas a apoyar a los sectores más afectados, aunque sin concretar una rebaja fiscal directa sobre gasolina o diésel.
En paralelo, sí se están valorando otras actuaciones, como intervenciones fiscales en la electricidad o ayudas específicas a determinados sectores. También se ha planteado la posibilidad de actuar sobre los costes energéticos de forma más selectiva, en lugar de aplicar rebajas generalizadas de impuestos.
Sin embargo, esta estrategia choca frontalmente con la postura de las asociaciones de autónomos y empresarios. ATA lleva semanas reclamando una rebaja del IVA del carburante, similar a la que ya aplican otros países europeos, así como otras medidas fiscales que permitan compensar el aumento de costes.
ATA pide rebajas fiscales para afrontar la subida de costes
Las patronales del sector energético y del transporte también han pedido reducir el impuesto de hidrocarburos o aplicar ayudas directas. Según sus estimaciones, una rebaja del IVA del 21% al 10% podría suponer un ahorro de hasta 17 céntimos por litro, lo que aliviaría de forma inmediata la presión sobre autónomos y pymes.
Además, los representantes del colectivo advierten de que el Estado está incrementando su recaudación sin necesidad de subir impuestos, simplemente por el efecto de la inflación energética. Esto, en su opinión, refuerza la necesidad de adoptar medidas compensatorias.
ATA, en particular, ha insistido en que el problema no es únicamente el carburante, sino el conjunto de costes que están soportando los autónomos: energía, cotizaciones, impuestos y ahora también el impacto indirecto de la inestabilidad internacional. En este escenario, consideran imprescindible una respuesta rápida para evitar más cierres de negocios y pérdida de actividad.
