Los borradores de los planes hidrológicos 2028-2033 han encendido las alarmas en el campo. Y es que podrían reducir la superficie de regadío en varias cuencas y afectar directamente a miles de agricultores autónomos y explotaciones familiares. Solo en la cuenca del Guadiana, las organizaciones agrarias calculan que las nuevas limitaciones podrían hacer pasar a secano un tercio (el 34%) de la superficie actual de riego: unas 115.000 hectáreas.
El impacto económico sería también elevado para muchos pequeños negocios agrarios, ya que la pérdida anual de valor de la producción se estima en 213 millones de euros. A los que se sumarían hasta 1.500 millones de depreciación patrimonial en fincas en las que se han realizado inversiones en sistemas de riego eficientes, viñedo, olivar, pistacho o almendro. En la cuenca del Segura, las cifras apuntan a los 100 millones menos de ingresos y más de 600 millones de pérdida patrimonial.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coinciden en que el debate no afecta sólo al reparto del agua, sino a la continuidad de muchas explotaciones agrarias.
Adoración Blanqué, presidenta de Asaja Almería, recordó a este diario que esta falta de garantías tuvo ya efectos reales en campañas anteriores: “Ocurrió hace un par de campañas, por ejemplo, en el Levante de la provincia de Almería y sur de la provincia de Murcia: dejaron de plantarse miles de hectáreas porque no se tenía el agua garantizada”.
- Los recortes hídricos podrían dejar tierras sin cultivar y expulsar a productores del sector
- Las organizaciones agrarias reclaman que el agua se reparta con criterios sociales
- Los jóvenes agricultores tendrían más difícil incorporarse al campo
- El sector pide inversiones antes que restricciones automáticas
Los recortes hídricos podrían dejar tierras sin cultivar y expulsar a productores del sector
La principal consecuencia para los agricultores sería la reducción de superficie cultivada. Sobre todo, en zonas donde los cultivos dependen de una planificación previa y de la seguridad de disponer de agua durante toda la campaña. “En producciones como la sandía”, explicó Blanqué, “muchos agricultores no asumen el riesgo de plantar si no saben si podrán completar el ciclo del cultivo”.
Ese riesgo afecta también a las explotaciones con titulares de mayor edad, que podrían optar por no volver a sembrar si desaparece la rentabilidad mínima o la seguridad de suministro. En esos casos, la reducción del regadío no solo supone producir menos, sino dejar tierras en baldío y acelerar el abandono de determinadas zonas rurales.
Cristóbal Cano, secretario general de UPA, advirtió a este medio de que los agricultores y ganaderos con menos superficie pueden quedar en peor posición, si las decisiones se toman solo con criterios técnicos o de volumen de agua disponible. “Se debe valorar el empleo generado, que se viva y se mantenga el territorio, el tipo de agricultura y ganadería que se realice”.
En Castilla y León, la Junta ha alertado de que las restricciones planteadas en el Plan Hidrológico del Duero podrían implicar el paso a secano de 32.000 hectáreas, un coste anual de 17,8 millones de euros y el posible abandono de más de 3.000 explotaciones. La comunidad cuenta con unas 550.000 hectáreas de regadío, el 15% de la superficie cultivable, por debajo de la media nacional, situada en el 22,3%.
Las organizaciones agrarias reclaman que el agua se reparta con criterios sociales
Uno de los puntos más delicados para las organizaciones agrarias es que los planes hidrológicos puedan tratar igual a grandes operadores, explotaciones familiares y agricultores autónomos que viven directamente de la actividad agraria. COAG reclama que, si se aplican restricciones, se priorice el llamado riego social; es decir, aquel que sostiene explotaciones profesionales y población en el territorio.
Andrés Góngora, secretario general de COAG, defendió que la seguridad del agua es determinante para sostener este modelo de agricultura. “Si se llegara a esa situación extrema, es fundamental que se tenga en cuenta quién es el que está detrás de estos regadíos y que se priorice precisamente el riego social”.
UPA plantea una línea similar y pide que las políticas de gestión y planificación incluyan criterios sociales en el reparto del agua. Según Cano, no basta con medir hectáreas o consumos, sino que debe analizarse si el titular es trabajador por cuenta propia en la agricultura o la ganadería, cuántos empleos genera y qué papel cumple la explotación en el mantenimiento del medio rural.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defiende estas medidas por la necesidad de recuperar acuíferos sobreexplotados y cumplir los objetivos ambientales. Sin embargo, las organizaciones agrarias sostienen que esa recuperación no debería traducirse automáticamente en recortes que hagan inviables explotaciones que ya invirtieron en modernización, cultivos permanentes y sistemas de riego más eficientes.
Los jóvenes agricultores tendrían más difícil incorporarse al campo
El relevo generacional aparece como otro de los grandes riesgos asociados a la incertidumbre hídrica. Las inversiones en regadío suelen requerir plazos largos de amortización; sobre todo cuando se trata de olivar, almendro, pistacho, viñedo o explotaciones hortofrutícolas que dependen de infraestructuras, balsas, conducciones y derechos de agua.
Andrés Góngora vinculó directamente la seguridad hídrica con la entrada de nuevos profesionales en el sector agrario. “Si no se garantiza el regadío en determinadas zonas, es muy difícil que un joven se pueda animar a formar parte del sector agrario”.
Asaja también relaciona la falta de agua con la salida de agricultores del sistema productivo, la pérdida de empleo y el deterioro del territorio. Blanqué señaló que la reducción de hectáreas cultivadas “no afecta solo a la renta de los agricultores, sino a la conservación del suelo y a la prevención de incendios: supone primero que se dejan tierras en baldío, con lo cual aumenta esa desertización”.
Las organizaciones agrarias reclaman alternativas antes de aplicar recortes generalizados; entre ellas, nuevas infraestructuras, trasvases con criterios técnicos, desalinización en zonas donde no exista otra opción y mejoras en el transporte del agua hasta las comarcas que la necesitan.
Solicitan además seguridad jurídica para los regantes, porque muchas plantaciones se pusieron en marcha con concesiones autorizadas por la propia administración.
El sector pide inversiones antes que restricciones automáticas
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha reclamado revisar los caudales ecológicos, aplicar criterios homogéneos para todas las cuencas y conocer con precisión cuánta agua deja de estar disponible para el regadío.
Fenacore recuerda también que hay 29 presas aprobadas en planes hidrológicos vigentes que todavía no se han construido y pide 100 millones de euros anuales para mantenimiento y mejora de la seguridad de estas infraestructuras.
COAG defiende igualmente una planificación estatal que no cambie en función de cada ciclo político. Góngora resumió esa reclamación en una propuesta concreta para el sector: “Es fundamental un plan nacional de regadíos y un plan hidrológico nacional al margen de vaivenes políticos”.
UPA advierte de que, si no se introducen criterios sociales, puede acelerarse un cambio de modelo en el campo, con menos explotaciones familiares y mayor dependencia de grandes operadores. Cano lanzó una advertencia sobre esa deriva: “Los agricultores y ganaderos actuales terminaremos siendo empleados de las grandes corporaciones especulativas de la alimentación”.
Y para Asaja, el mantenimiento del regadío es especialmente importante en producciones como frutas y hortalizas, que compiten en mercado y tienen menor dependencia de ayudas directas. Blanqué defendió que se deben “buscar alternativas a esa España más seca, que sean viables y que se haga un reparto equitativo de los recursos”.
