- El registro horario digital se complica por la falta de avances regulatorios
- La implantación del control horario digital genera dudas en muchos sectores
- Las firmas de ‘software’ ven peligro el mensaje que se le puede enviar a las pymes
- Un retraso podría aliviar la presión sobre las pymes
- El control horario digital en España sería más estricto que en el resto de Europa
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue teniendo en mente aprobar una ley que reforme el control horario que tienen que hacer todas las empresas con empleados a su cargo para que sea digital y además esté interconectado a la Inspección. Además, tiene intención de hacerlo a principios de 2026, según ha confirmado en distintas ocasiones.
Sin embargo, cada vez parece más complicado cumplir con el calendario y hay distintos factores que hacen pensar a los expertos que esta obligación podría postergarse hasta finales del año que viene, o incluso 2027.
Entre estos factores, según fuentes consultadas, destacan la complejidad técnica del sistema, la falta de consenso político (incluso entre los miembros de la coalición de investidura), la escasa preparación tecnológica de miles de pymes y la ausencia de una obligación europea que marque plazos cerrados.
A este conjunto de elementos se suma que acaba de suceder algo similar con otro cambio tecnológico importante: el aplazamiento de Verifactu demostró que los calendarios iniciales pueden variar cuando la Administración detecta que la implantación no está madura en el tejido empresarial y presenta complicaciones para los negocios más pequeños. Aún más cuando organizaciones como ATA y distintos partidos políticos ejercen presión para que así sea.
Al igual que ha ocurrido con Verifactu, este aplazamiento tendría efectos directos sobre las decisiones de inversión de autónomos y pequeños negocios, que llevan meses intentando anticiparse a una norma cuyos requisitos definitivos no están cerrados. La incertidumbre generada por anuncios sin desarrollo concreto está llevando a muchos a paralizar compras o implantar solo soluciones provisionales.
Este diario ha consultado a organizaciones empresariales, compañías tecnológicas, expertos en regulación europea y representantes políticos para conocer el estado real de la cuestión. En este sentido, los únicos que no han querido pronunciarse son precisamente los partidos políticos, pues ninguno ha querido comentar esta posible demora; lo que, en sí mismo, refuerza la sensación de que el debate sigue abierto.
El registro horario digital se complica por la falta de avances regulatorios
En la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) insisten en que no existe todavía un texto aprobado, ni un calendario oficial. Su presidente, Lorenzo Amor, recordó a este diario que no se ha “aprobado nada de los cambios anunciados sobre el registro horario digital planteados por el Ministerio de Trabajo”, lo que evidencia una falta total de certezas para los autónomos.
Amor subrayó que el sector ya cumple con la obligación existente. “Existe un registro horario, al que se han acoplado los autónomos”, afirmó, advirtiendo de que endurecer el sistema “solo añade más presión administrativa a pequeños negocios que ya están adaptados”.
En la organización reclaman estabilidad normativa para poder planificar. Amor insiste en que “dejen de poner más trabas y más zancadillas a los autónomos”, y defiende que el objetivo debería ser simplificar obligaciones, no multiplicarlas en un contexto económico complejo.
En la CEOE tampoco consideran adecuado el planteamiento actual del registro horario digital. La patronal advierte de que el borrador conocido “introducirá costes adicionales y desproporcionados, en especial para autónomos y pequeñas y medianas empresas, lo que puede generar un impacto económico relevante en numerosos sectores”.
La implantación del control horario digital genera dudas en muchos sectores
La organización empresarial añade que “el texto propuesto no tiene en cuenta las circunstancias de cada sector productivo”. En este sentido, alertan de que actividades como el transporte, la agricultura o el sector marítimo podrían tener dificultades técnicas reales para cumplir un modelo digital homogéneo.
Según la CEOE, imponer un sistema único ignora realidades muy distintas dentro del tejido productivo. “Esta falta de flexibilidad normativa podría provocar incumplimientos involuntarios y mayor inseguridad jurídica para pequeñas empresas”.
Incluso en el ámbito tecnológico, algunas compañías consideran probable que la norma acabe retrasándose. Víctor Pérez Martín, CEO de Adiss, empresa desarrolladora del software de registro horario Kairos, afirmó que el escenario “de un posible aplazamiento es realista y no debería sorprender al mercado”, recordando que ya ha ocurrido con Verifactu.
Pérez señaló que los problemas no son solo técnicos. “Los principales obstáculos no son tanto tecnológicos como culturales y organizativos”, explica, destacando que muchas pymes dudan sobre qué sistema implantar y temen invertir sin saber qué exigirá finalmente la norma.
Las firmas de ‘software’ ven peligro el mensaje que se le puede enviar a las pymes
El directivo de Adiss advirtió además del riesgo de un mensaje confuso. “Si lo que llega al mercado es ‘no hace falta hacer nada todavía’, mal vamos”, señala, porque eso podría “generar parálisis en la adopción tecnológica de negocios que podrían avanzar de forma progresiva”.
En otra de las empresas tecnológicas consultadas también detectan una brecha importante. Carlos Ortiz, director de pymes en Vodafone Empresas, explicó que muchas compañías “entienden la necesidad de digitalizarse, pero no siempre cuentan con presupuesto o estructura interna suficiente para afrontar el proceso”.
Ortiz subrayó que uno de los principales frenos está en la elección de las herramientas. “Muchas saben lo que quieren hacer y las áreas dónde requieren más ayuda, pero les cuesta encontrar las soluciones que cubren estas necesidades”, lo que acaba retrasando decisiones clave de inversión.
El directivo apunta además a carencias internas para abordar estos procesos. “La falta de personal cualificado para liderar el proyecto tecnológico a nivel interno afecta especialmente en sectores muy tradicionales”, lo que incrementa las dificultades organizativas.
Un retraso podría aliviar la presión sobre las pymes
Incluso para las pymes que ya han iniciado la transición al control horario digital, un posible aplazamiento podría suponer un respiro. Ortiz explicó que postergar la obligación permitiría “adoptar las soluciones de una forma responsable”, consolidando sistemas y formando a los equipos antes de la obligatoriedad.
En el sector tecnológico coinciden en que un calendario más amplio ayudaría a evitar improvisaciones. Disponer de más tiempo permitiría elegir proveedores con garantías y no tomar decisiones precipitadas bajo la presión de plazos demasiado ajustados.
En todo caso, los proveedores advierten de que retrasar indefinidamente las decisiones tampoco es una solución. Mantener sistemas manuales o poco robustos puede generar problemas futuros cuando la norma finalmente se concrete, aumentando el riesgo de errores.
El control horario digital en España sería más estricto que en el resto de Europa
El profesor Carmelo Dusaín, especialista en relaciones internacionales y regulación europea, explicó que en la UE no se impone un modelo digital único. “Lo que se exige es que exista un sistema objetivo, fiable y accesible”, aclara, pero no que sea necesariamente electrónico ni centralizado.
Dusaín señaló que en muchos países se permiten registros en papel o herramientas internas. Según explica, el foco europeo está en garantizar el control del tiempo de trabajo y evitar abusos, no en imponer un tipo concreto de software.
El experto consideró que España está diseñando un modelo más estricto que el de la mayoría de países del entorno. “La propuesta española plantea que el fichaje sea obligatoriamente electrónico”, explica, lo que exige un nivel de trazabilidad y control que implica una infraestructura más exigente.
Esta diferencia con el entorno europeo influye en los plazos. Al no existir una obligación comunitaria que marque fechas cerradas, España dispone de margen para ajustar el calendario a la realidad del tejido productivo, lo que hace creíble la opción del retraso.
