Muchos autónomos y pequeñas empresas siguen pidiendo a sus empleados informes médicos detallados para justificar una ausencia, pero esa práctica acaba de recibir un límite claro en la sentencia 116/2026, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Los jueces han establecido que exigir más información de la necesaria, más allá de acreditar la asistencia a una consulta, puede vulnerar derechos fundamentales relacionados con la privacidad del trabajador.
La resolución fija un criterio que afecta directamente a la gestión diaria de cualquier negocio con plantilla, ya que impide solicitar datos adicionales como el motivo de la consulta, el tipo de centro o cualquier información clínica. “En la práctica, basta con un justificante que acredite la asistencia, sin que el empleado tenga que revelar detalles sobre su estado de salud”, resumió a este diario Valeria Alcázar de la Vega, letrada del Área Laboral de Ágora Legal & Gestión.
Este cambio resulta especialmente relevante porque muchas micropymes venían utilizando modelos de justificante más exigentes para evitar abusos o controlar mejor las ausencias. Pues bien, “a partir de ahora, ese margen de control se reduce y cualquier exceso puede derivar en conflictos laborales o incluso en reclamaciones por vulneración de derechos”, continuó la experta.
- Qué pueden y qué no pueden pedir ya los autónomos a sus empleados
- El cambio obliga a revisar cómo se gestionan los justificantes en las pymes
- Errores habituales que pueden generar problemas legales
- El equilibrio entre control e intimidad marcará la gestión de las ausencias médicas
Qué pueden y qué no pueden pedir ya los autónomos a sus empleados
El nuevo criterio del Supremo obliga a distinguir con claridad entre justificar una ausencia y acceder a datos médicos, dos ámbitos que hasta ahora muchos negocios mezclaban en la práctica diaria. “El justificante debe limitarse a acreditar que el trabajador ha acudido a una consulta en un momento determinado, sin añadir información innecesaria”, aclara la letrada.
Esto significa que los autónomos ya no pueden exigir informes médicos completos, ni documentos en los que se detalle el diagnóstico, el tratamiento o el motivo concreto de la visita. Tampoco pueden pedir que el facultativo indique si la consulta se ha realizado en la sanidad pública o privada, ni requerir datos adicionales que no estén directamente relacionados con la justificación de la ausencia.
En cambio, según Alcázar de la Vega, sí que pueden “solicitar un comprobante de asistencia que incluya datos básicos como la fecha y, en su caso, la franja horaria, siempre que sea necesario para justificar el tiempo de ausencia”. Este matiz es importante porque permite al negocio organizar su actividad sin invadir la esfera personal del trabajador.
La línea que marca el Supremo es clara: el control empresarial tiene límites cuando entra en juego la información sanitaria, que cuenta con una protección reforzada dentro del ordenamiento jurídico. “Superar ese límite, aunque sea con la intención de evitar abusos, puede considerarse una práctica contraria a los derechos del empleado”, recordó la letrada.
El cambio obliga a revisar cómo se gestionan los justificantes en las pymes
Este nuevo escenario obliga a muchos autónomos a revisar sus procedimientos internos, especialmente si utilizan plantillas estándar de justificantes o protocolos heredados que incluyen solicitudes de información médica detallada. Lo que hasta ahora podía considerarse una práctica habitual pasa a estar bajo sospecha jurídica.
En la práctica, esto implica adaptar formularios, instrucciones internas y la forma en que se solicitan y revisan los justificantes, evitando cualquier referencia a datos clínicos o aspectos que excedan la mera acreditación de la asistencia. También afecta a la relación con asesorías laborales, que deberán ajustar sus recomendaciones a este criterio.
Otro punto relevante es la formación de las personas que gestionan equipos dentro del negocio, ya que en muchas ocasiones son encargados o responsables intermedios quienes solicitan la documentación sin conocer los límites legales. “Ya que una mala práctica en este punto puede generar conflictos, incluso cuando el autónomo dueño del negocio no es consciente de ello”.
Además, el cambio introduce un elemento de inseguridad para quienes venían utilizando estos controles como herramienta para evitar ausencias injustificadas, lo que obliga a buscar otras vías de gestión que no invadan la intimidad del trabajador.
Errores habituales que pueden generar problemas legales
Uno de los errores más frecuentes es seguir solicitando el informe completo de la consulta médica, una práctica extendida que ahora queda claramente fuera de los límites fijados por el Supremo. Este tipo de documentos incluye información clínica que el trabajador no está obligado a compartir.
También es habitual pedir al médico que detalle el motivo de la visita o el tipo de tratamiento, “algo que entra de lleno en la esfera de datos especialmente protegidos”, recuerda Alcázar de la Vega. “Exigir este nivel de detalle puede interpretarse como una vulneración de la normativa sobre protección de datos y de los derechos del trabajador”.
Otro fallo común es rechazar justificantes considerados “insuficientes” por no incluir información adicional, lo que puede derivar en conflictos laborales si el documento acredita correctamente la asistencia. En estos casos, el problema no es la ausencia del trabajador, sino la exigencia indebida por parte de la pyme.
Por último, algunos autónomos siguen diferenciando entre consultas en la sanidad pública y la privada para exigir más información en uno u otro caso, un criterio que carece de respaldo legal según el nuevo pronunciamiento del Supremo.
El equilibrio entre control e intimidad marcará la gestión de las ausencias médicas
El fallo del Tribunal Supremo no elimina la posibilidad de que los autónomos controlen las ausencias de sus empleados, pero sí redefine cómo deben hacerlo para no invadir derechos fundamentales. El justificante médico sigue siendo una herramienta válida, siempre que se limite a su función básica.
A partir de ahora, “la clave estará en encontrar fórmulas que permitan organizar el trabajo y verificar las ausencias sin exigir información sanitaria innecesaria”, concluyó la experta. Para quien “esto obliga a las pequeñas empresas a afinar sus protocolos y a actuar con mayor cautela en este terreno”.
Así las cosas, la prevención cobra especial importancia, ya que evitar prácticas incorrectas resulta más sencillo que gestionar posteriormente un conflicto laboral o una reclamación por vulneración de derechos. Porque adaptarse a este nuevo criterio no es solo una cuestión legal, sino también de seguridad para el propio negocio.
