El próximo 2 de diciembre entra en vigor el real decreto del registro de viajeros, que afectará a miles de pequeños alojamientos turísticos y agencias de viajes, y a los negocios de alquiler de vehículos a motor. Esta nueva normativa obligará a partir del lunes a recabar y procesar todos los datos personales de sus clientes, y otros datos de su reserva, para ser enviados al Ministerio del Interior.
Desde ese día, los autónomos de este sector tendrán que hacer uso de una plataforma informática, en la que deberán introducir hasta 31 datos de sus huéspedes, aumentando su carga de trabajo y, en el caso de los negocios más pequeños, que cuentan con una gestión informatizada inferior, obligándoles a implementar esta aplicación informática para poder realizar el volcado de datos, como ya explicó este diario.
Al respecto, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) informó hace unos días de que emprenderá acciones legales ante la entrada en vigor del reglamento, al considerar que traerá graves perjuicios tanto para el sector como para los viajeros.
Además de la inseguridad jurídica que ha propiciado el cambio legislativo para estos pequeños negocios, se enfrentarán a sanciones de 30.000 euros si no cumplen la nueva normativa una vez que haya entrado en vigor. Sin embargo, la introducción de este nuevo real decreto se produce, paradójicamente, mientras los negocios son también penados por la Ley de Protección de Datos, que entró en vigor en 2018.
CEHAT advierte que esta recopilación de datos no se lleva a cabo en otros países europeos
Según CEHAT, la puesta en marcha inminente de esta medida supone un golpe a la capacidad para competir en el mercado turístico de España, al complicar las tareas administrativas y generar incertidumbre en los huéspedes, frente a otros países europeos con una tramitación de registro de clientes más sencilla y menos intrusiva.
Además, como explicaron, las patronales europeas ya alertaron a las autoridades españolas de que el nuevo reglamento constituye una práctica que vulnera la privacidad de los clientes, desalentando el flujo de turistas.
En concreto, el presidente de CEHAT, Jorge Marichal, publicó en a través de un comunicado de la Confederación que “los viajeros que vienen a España buscan disfrutar de su tiempo de ocio, no verse inmersos en procesos administrativos intrusivos e interminables que ponen en riesgo su privacidad”.
Cabe recordar que la normativa contempla, aparte de la solicitud de datos usuales como el nombre, el apellido o el DNI, otros como el lugar de residencia habitual, el número de teléfono, el correo electrónico, el número de viajeros de la reserva, y otros datos sobre la estancia, como la fecha y hora de entrada y salida, el método de pago utilizado por los clientes y detalles relacionados con el contrato.
Sanciones de hasta 30.000 euros por incumplir el nuevo reglamento de registro de viajeros
Si bien la Orden ministerial que desarrolla el real decreto estará en audiencia pública a partir del 2 de diciembre, el reglamento ya recoge el régimen sancionador al que se tendrán que enfrentar miles de pequeños negocios del sector si no dan cumplimiento a esta normativa.
En particular, las sanciones por irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de estos registros y realizar las comunicaciones obligatorias fuera de plazo, serán consideradas leves, mientras que aquellas por no llevar a cabo estos registros documentales previstos u omitir las comunicaciones al Ministerio del Interior serán calificadas como graves.
Para las infracciones graves, las multas serán de entre 601 a 10.400 euros en su grado mínimo; de 10.401 a 20.200 euros en su grado medio; y de 20.201 a 30.000 euros en su grado máximo.
Los negocios del sector denuncian la inseguridad jurídica que genera este cambio
Esta normativa, cuya entrada en vigor se lleva prorrogando desde 2021, está generando también inseguridad jurídica en estos pequeños negocios, quienes ya deben cumplir diferentes obligaciones en el tratamiento de datos de sus clientes a raíz de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018, siendo este uno de los problemas que denuncian desde la patronal.
La normativa que se ven obligados a cumplir es enorme y “desproporcionada”, y entra en conflicto con las directivas europeas que velan por la protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos recibió solo el año pasado 21.590 reclamaciones, más del doble que en el año 2021, alcanzando tres años de crecimiento consecutivo en el número de reclamaciones recibidas desde ese año.
