El Ministerio de Trabajo trasladó este miércoles a los agentes sociales una nueva propuesta para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026, basada en incentivos fiscales a las empresas. El planteamiento, diseñado junto con Hacienda, busca acercar a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a un acuerdo que desbloquee la negociación salarial tras meses de desencuentros.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva desde finales del año pasado intentando sacar adelante una subida del SMI del 3,1%, que incrementaría el salario mínimo de los 1.183 euros brutos al mes en 14 pagas a unos 1.220 euros mensuales. Esto supondría un coste de hasta 700 euros al año para las pymes por cada uno de sus empleados cobrando el mínimo salarial.
Sin embargo, tanto la Confederación como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) han denunciado que el nuevo incentivo fiscal que propone Díaz deja fuera a todo los autónomos y excluye también a una gran parte de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta, a la que ha podido acceder este diario, plantea rebajas centradas sólo en el Impuesto de Sociedades y bajo unas condiciones que muchas pymes no podrían cumplir.
Además, la medida llega después de que Trabajo haya descartado aceptar dos de las principales exigencias de la patronal: permitir que las empresas sigan absorbiendo complementos salariales para subir el SMI y vincular automáticamente los contratos públicos al aumento del salario mínimo. A cambio, el Gobierno plantea ahora una deducción fiscal condicionada a incrementos de plantilla y a una estructura de costes muy concreta, lo que ha provocado el rechazo de las patronales, a expensas de conocer el texto definitivo.
Las nuevas rebajas para subir el SMI dejarían fuera a todos los autónomos y la mayoría de pymes
La CEOE ha advertido ya de que la propuesta presentada por Trabajo “no resuelve el impacto real del SMI sobre las empresas”, mientras que ATA ha denunciado públicamente que el planteamiento “da la espalda a los autónomos” y no compensa el aumento de costes laborales que asumen cada año. Ambas organizaciones coinciden en que los requisitos fijados hacen que el incentivo sea inaccesible para buena parte del tejido productivo.
En primer lugar, la deducción sólo podría aplicarse en el Impuesto de Sociedades, lo que excluye automáticamente a todos los autónomos persona física, que tributan por IRPF. Tampoco beneficiaría a muchos pequeños negocios que, aun teniendo empleados, no están constituidos como sociedad mercantil o no generan base imponible suficiente para aplicar una reducción fiscal.
Además, la propuesta exige que la empresa incremente su plantilla media con contratos cuyo salario sea superior al SMI. En el caso de compañías con menos de 100 trabajadores, sería obligatorio contratar al menos a un trabajador a tiempo completo durante un año. Para las empresas de 100 empleados o más, el aumento tendría que ser de al menos el 1% de la plantilla, con un mínimo de dos trabajadores. Este requisito deja fuera a muchas pymes que ya tienen estructuras ajustadas o que no pueden asumir nuevas contrataciones.
El incentivo exige más de un 70% de gastos de personal
A ello se suma una condición especialmente restrictiva: sólo podrán acceder a la deducción las empresas cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos totales del resultado de explotación. Este umbral excluye a numerosos sectores -como comercio, hostelería, transporte o industria- donde los costes de aprovisionamiento, energía o alquiler tienen un peso muy elevado y el gasto salarial no alcanza ese porcentaje.
El incentivo fiscal, además, está limitado por la propia base imponible: en ningún caso la reducción podrá generar una base negativa. Es decir, las empresas con márgenes ajustados o resultados cercanos a cero -una situación habitual entre pymes- no podrían beneficiarse plenamente del mecanismo. Y, como condición adicional, el incremento de plantilla y su mantenimiento deberán sostenerse durante dos años completos, bajo riesgo de tener que devolver la deducción con intereses.
En la práctica, CEOE y ATA sostienen que el diseño del incentivo beneficia sólo a un número reducido de empresas muy concretas, deja fuera a los autónomos y no compensa el impacto estructural de la subida del SMI sobre el conjunto del tejido productivo. Una crítica que vuelve a tensionar la negociación salarial y aleja, de momento, un acuerdo tripartito.
ATA y CEOE rechazan los incentivos porque excluirían a todos los autónomos y la mayoría de empresas
Tras conocer la propuesta, tanto ATA como la CEOE coincidieron en denunciar que los incentivos fiscales planteados no sólo no compensan la subida del SMI, sino que dejan directamente fuera a todo el colectivo de autónomos y a una parte muy mayoritaria del tejido empresarial.
Por su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, denunció a través de la red social X que este incentivo vuelve a “dar la espalda, una vez más, a los autónomos”, ya que se ha diseñado una medida vinculada exclusivamente al Impuesto de Sociedades.
Amor recordó que alrededor de 500.000 autónomos empleadores no tributan por este impuesto, sino en estimación directa u objetiva, por lo que no podrían beneficiarse de ninguna deducción. En su opinión, la propuesta no guarda relación con la reivindicación central de las empresas -la indexación de los contratos públicos al SMI- y tampoco soluciona el impacto real del aumento de los costes laborales.
Este Gobierno como siempre dándole la espalda a los autónomos
En este caso,obviando a 500.000 autónomos empleadores que no tributan en impuesto de sociedades,sino que lo hacen en estimación objetiva o en estimación directa
En cualquier caso,esta propuesta es una broma,un chiste… pic.twitter.com/rsLIVvdgkH— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) January 28, 2026
La CEOE y Cepyme, por su parte, emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron tanto el fondo como las formas. En primer lugar, denunciaron la “falta de respeto al diálogo social” por haber conocido la propuesta a través de filtraciones a los medios antes de ser presentada formalmente en la mesa de negociación. A juicio de las patronales, sustituir la concertación social por anuncios públicos “no hace un buen servicio ni a la economía ni a la sociedad”.
En cuanto al contenido, las organizaciones empresariales consideran que la deducción planteada sustituye de facto la prometida indexación de los contratos públicos por “fórmulas trileras” que no compensan los costes reales asociados a la subida del SMI. Según la CEOE, el diseño de la medida deja fuera “a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores”, pero además excluye de forma llamativa a compañías en pérdidas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, precisamente aquellas con menor margen para absorber incrementos salariales.
Las patronales también subrayan que las condiciones exigidas para acceder a la deducción son inalcanzables para buena parte de las pymes, al exigir incrementos de plantilla, mantenimiento del empleo durante dos años y una estructura de gastos muy concreta. A su juicio, esto supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y en la libertad de empresa, calificando la propuesta como “puro intervencionismo”.
La propuesta de Díaz aumentaría 700 euros al año los costes de los autónomos
Por el momento, la CEOE ha avanzado que su Comité Ejecutivo emitirá una valoración definitiva cuando el Gobierno facilite la documentación completa.
A expensas de que la CEOE reciba todos los detalles de la propuesta, parece que Díaz sigue adelante con su intención de aplicar una subida del 3,1%, como proponía su propia mesa de expertos.
Si se aplicara la subida del 3,1%, los actuales 1.183 euros brutos al mes en 14 pagas pasarían a situarse en torno a 1.220 euros mensuales, elevando el salario anual desde los 16.562 euros actuales hasta aproximadamente 17.075 euros al año.
Díaz retrasa la subida del SMI pero los autónomos pagarán igualmente el nuevo salario desde enero
Con las subidas planteadas, estos gastos también aumentarían. Con un incremento del 3,1%, el coste total para un autónomo empleador podría situarse en torno a 23.700 euros al año. Esto supondría un sobrecoste de unos 700 euros al año para las empresas por cada uno de sus empleados, teniendo en cuenta salario y cotizaciones.
