- Europa llevará a España ante los tribunales por no aplicar la franquicia del IVA a miles de pymes
- España tenía que haber eliminado el IVA para pymes con operaciones internacionales en enero de 2025
- ATA ya denunció al Gobierno en diciembre por no haber aplicado el IVA franquiciado
- La medida supondría un ahorro de hasta 600 euros para los autónomos
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber traspuesto a su legislación una directiva comunitaria que permitiría a miles de autónomos y pequeñas empresas dejar de declarar el IVA a Hacienda en determinadas operaciones internacionales. Bruselas considera que el Gobierno español ha incumplido la obligación de adaptar su normativa al régimen europeo de franquicia para pequeñas empresas, que debía estar en vigor desde el 1 de enero de 2025.
La decisión llega después de varios apercibimientos y procedimientos de infracción abiertos contra España por el retraso en la aplicación de esta normativa comunitaria. Según la Comisión Europea (CE), el país no ha comunicado ni adoptado todavía las medidas necesarias para adaptar su legislación a las directivas europeas que reforman el sistema común del IVA para pequeños negocios.
Este conflicto afecta directamente a miles de autónomos y pequeñas empresas que realizan operaciones con clientes o proveedores de otros países de la Unión Europea. En virtud de esta directiva, los negocios que facturen por debajo de determinados umbrales podrían quedar exentos de aplicar el IVA en determinadas operaciones internacionales, lo que reduciría su carga administrativa y sus costes de gestión.
La situación ha generado una reacción inmediata entre las organizaciones de autónomos. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) había denunciado previamente ante Bruselas el retraso del Gobierno español en la transposición de esta normativa europea. Ahora, la CE ha decidido escalar el procedimiento y llevar el caso ante los tribunales europeos, solicitando además posibles sanciones económicas para España.
La normativa en cuestión forma parte de una reforma del sistema europeo del IVA aprobada en 2020 y posteriormente ampliada, que buscaba facilitar la actividad transfronteriza de pequeñas empresas y autónomos dentro del mercado único. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de Estados miembros, España todavía no ha incorporado estas disposiciones a su legislación nacional.
La directiva no obliga a los países a implantar un régimen de franquicia del IVA en operaciones nacionales –algo que sigue siendo opcional–, pero sí exige que se reconozca la posibilidad de aplicar esta exención en determinadas operaciones entre países de la Unión Europea.
Europa llevará a España ante los tribunales por no aplicar la franquicia del IVA a miles de pymes
La Comisión Europea ha decidido finalmente llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la transposición de la Directiva (UE) 2020/285, que modifica el sistema común del IVA para pequeñas empresas.
Según la denuncia presentada ante las instituciones europeas, España no ha adoptado las disposiciones necesarias para aplicar el régimen especial de exención del IVA (conocido como IVA franquiciado) que permitiría simplificar las obligaciones fiscales de miles de autónomos que operan dentro del mercado europeo.
Desde ATA, organización que impulsó la denuncia ante Bruselas, celebraron la decisión del Ejecutivo comunitario al considerar que respalda las reclamaciones que llevan años realizando los autónomos españoles.
El presidente de la organización, Lorenzo Amor, aseguró que la situación actual coloca a los trabajadores por cuenta propia españoles en una clara desventaja frente a sus competidores europeos.
“A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida para transponer la Directiva Europea 2020/285. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado facturando menos de 85.000 euros”, afirmó Amor.
Según explicó Amor, la normativa española -recogida en la Ley del IVA de 1992- no contempla actualmente un sistema general de exención basado en umbrales de facturación, algo que sí existe en la mayoría de países europeos.
Esto provoca que los autónomos españoles tengan que seguir repercutiendo y declarando el IVA incluso en situaciones en las que otros profesionales europeos quedan exentos de hacerlo. “La falta de previsión legal de un umbral de exención y la inexistencia de procedimientos adaptados para aplicar la franquicia del IVA están generando inseguridad jurídica y discriminación frente a los autónomos europeos”, añadió Amor.
España tenía que haber eliminado el IVA para pymes con operaciones internacionales en enero de 2025
La directiva europea debía haber sido incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 2024, de modo que las nuevas normas pudieran aplicarse desde el 1 de enero de 2025.
Sin embargo, España no ha comunicado a Bruselas ninguna medida legislativa para aplicar estas disposiciones, lo que ha llevado a la Comisión Europea a activar el procedimiento de infracción y, finalmente, a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El objetivo de la directiva es facilitar la actividad de pequeñas empresas que realizan operaciones en varios países de la Unión Europea. Gracias a este sistema, los negocios que no superen determinados umbrales de facturación (que pueden alcanzar los 85.000 euros anuales) podrían quedar exentos de aplicar el IVA en operaciones realizadas en otros Estados miembros.
No obstante, es importante subrayar que esta obligación afecta únicamente a las operaciones transfronterizas. Es decir, a las ventas o servicios prestados entre empresas situadas en distintos países de la Unión Europea.
La implantación de un régimen similar dentro de cada país sigue siendo opcional. Por tanto, incluso si España aplicara completamente la directiva, los autónomos que facturan únicamente dentro del territorio nacional tendrían que seguir incluyendo el IVA en sus facturas, salvo que Hacienda decida implantar la franquicia nacional, como prometió años atrás.
En la práctica, la reforma europea busca simplificar el funcionamiento del mercado único y facilitar que pequeñas empresas puedan operar en distintos países sin tener que afrontar complejos trámites fiscales en cada uno de ellos.
ATA ya denunció al Gobierno en diciembre por no haber aplicado el IVA franquiciado
ATA ya había advertido en varias ocasiones del impacto que esta situación estaba teniendo sobre los pequeños negocios españoles que operan en el mercado europeo.
De hecho, la federación presentó en diciembre una denuncia formal ante la Comisión Europea por el incumplimiento del Gobierno español en la transposición de esta normativa.
Según la organización, la ausencia de este régimen supone un coste adicional para miles de autónomos que deben seguir gestionando obligaciones fiscales que en otros países europeos ya han sido simplificadas.
La medida supondría un ahorro de hasta 600 euros para los autónomos
El presidente de ATA aseguró además que los autónomos podrían tener un ahorro de hasta 600 euros en costes burocráticos gracias al IVA franquiciado. En este sentido, criticó la lentitud del Gobierno español para adaptar la normativa a las directivas europeas que benefician a los pequeños negocios. “El Ejecutivo es lento y perezoso cuando se trata de transponer directivas que facilitan la labor a los autónomos. Pero es muy ágil cuando se trata de medidas que implican más recaudación o más carga administrativa”, afirmó.
La organización considera que la falta de adaptación normativa está perjudicando a los autónomos españoles frente a sus competidores europeos y generando inseguridad jurídica en el desarrollo de su actividad.
Además, recuerdan que España es actualmente el único país de la Unión Europea que todavía no ha traspuesto completamente esta directiva, lo que ha llevado finalmente a Bruselas a tomar medidas judiciales.
Ahora será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien determine si España ha incumplido sus obligaciones comunitarias y si debe afrontar sanciones económicas por este retraso.
