El debate sobre el coste del despido vuelve a situarse en el centro de la agenda laboral. El Consejo de Europa ha instado formalmente a España a modificar su legislación para garantizar que las indemnizaciones por despido improcedente sean más disuasorias para los autónomos y pymes, de forma que compensen de manera adecuada el perjuicio sufrido por los trabajadores.
La petición coincide además con la intención ya manifestada por el Ministerio de Trabajo de reformar el sistema actual de despido. El departamento que dirige Yolanda Díaz lleva meses trabajando junto a los sindicatos en una modificación que podría elevar las indemnizaciones, recuperar determinados salarios de tramitación y reforzar el derecho de readmisión de los trabajadores despedidos.
Sin embargo, la iniciativa choca con la oposición frontal de la patronal y con la doctrina más reciente del Tribunal Supremo. Mientras Europa sostiene que España incumple la Carta Social Europea Revisada, tanto el alto tribunal como la CEOE consideran que el sistema vigente de indemnizaciones tasadas ofrece una protección suficiente y proporciona seguridad jurídica a las empresas.
- Europa dice que las indemnizaciones que pagan las pymes españolas son insuficientes
- El Supremo y la patronal defienden que el sistema actual es suficiente
- ¿Cuánto pagan las mismas ahora por el despido de un trabajador y cuánto aumentaría la indemnización?
Europa dice que las indemnizaciones que pagan las pymes españolas son insuficientes
La presión llega esta vez directamente desde el Consejo de Europa. El Comité de Ministros de esta institución ha adoptado una resolución formal en la que insta a España a modificar su normativa laboral para garantizar que las indemnizaciones por despido improcedente sin causa justificada sean verdaderamente disuasorias para el empleador.
La resolución asume íntegramente las conclusiones emitidas previamente por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), organismo que concluyó que el sistema español vulnera el Artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada.
Según el Consejo de Europa, el problema no radica únicamente en la cuantía económica de la indemnización. También cuestiona la capacidad real de los tribunales para valorar la readmisión de los trabajadores y la protección que reciben determinados empleados temporales contratados en fraude de ley.
La institución europea recuerda que la reforma laboral de 2012 redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado y rebajó el límite máximo de 42 a 24 mensualidades.
Por ello, solicita al Gobierno español que revise el sistema actual para que la compensación económica tenga en cuenta no sólo la antigüedad y el salario, sino también el perjuicio real sufrido por cada trabajador y las circunstancias particulares de cada caso.
Además, reclama que los jueces dispongan de mayores herramientas para valorar la readmisión cuando el despido carezca de una causa suficientemente acreditada.
El origen de esta resolución se encuentra en una reclamación colectiva presentada por Comisiones Obreras en 2022, que denunciaba que el sistema español ya no cumplía los estándares exigidos por la Carta Social Europea.
La posición del Consejo de Europa coincide en gran medida con las reivindicaciones que vienen defendiendo CCOO y UGT en la mesa de diálogo social. Ambos sindicatos llevan años reclamando un aumento de las indemnizaciones y una reforma profunda del despido improcedente.
El Supremo y la patronal defienden que el sistema actual es suficiente
Frente a las exigencias europeas, tanto la CEOE como el Tribunal Supremo mantienen una posición muy diferente.
La patronal considera que la normativa española ya ofrece una protección adecuada a los trabajadores y advierte de que introducir indemnizaciones abiertas o variables generaría una enorme inseguridad jurídica para las empresas.
El principal temor de autónomos y pymes es que desaparezca la previsibilidad actual sobre el coste de un despido. En la actualidad, cualquier empresa puede calcular con bastante exactitud cuánto le costará extinguir un contrato declarado improcedente. Una situación que podría cambiar si la cuantía dependiera de las circunstancias particulares de cada trabajador.
Esta tesis ha sido respaldada recientemente por el Tribunal Supremo. En varias resoluciones dictadas durante los últimos meses, el Alto Tribunal ha rechazado que los jueces puedan incrementar libremente las indemnizaciones fijadas por la legislación vigente.
Según el Supremo, la indemnización tasada prevista en el Artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores cumple tanto con el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo como con las exigencias básicas de la Carta Social Europea.
Además, el tribunal ha recordado que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no tienen efecto vinculante directo sobre los jueces españoles y que cualquier modificación del sistema debe realizarse mediante una reforma legislativa aprobada por el Parlamento.
¿Cuánto pagan las mismas ahora por el despido de un trabajador y cuánto aumentaría la indemnización?
Actualmente, cuando un despido es declarado improcedente, la empresa debe abonar una indemnización equivalente a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
En los contratos anteriores a la reforma laboral de 2012 se mantiene la parte generada hasta esa fecha a razón de 45 días por año trabajado, aunque únicamente respecto al período acumulado antes de la entrada en vigor de la reforma.
Por ejemplo, un trabajador con 10 años de antigüedad y un salario bruto anual de 30.000 euros tendría derecho a percibir aproximadamente unos 27.000 euros de indemnización por despido improcedente bajo la normativa actual.
La gran incógnita es cuánto podría aumentar esa cuantía si finalmente prospera la reforma impulsada por Trabajo y respaldada por Europa.
Por el momento no existe un texto definitivo, pero los sindicatos han planteado varias posibilidades. Entre ellas, permitir que los jueces puedan reconocer indemnizaciones superiores cuando acrediten que el daño sufrido por el trabajador excede de la compensación tasada actualmente.
También se ha planteado recuperar en determinados supuestos los salarios de tramitación, es decir, los salarios dejados de percibir entre el despido y la resolución judicial del conflicto.
Otra de las propuestas pasa por reforzar la readmisión obligatoria en algunos casos donde se considere que la empresa no ha acreditado suficientemente la causa del despido.
Para autónomos y pequeñas empresas, cualquiera de estas medidas supondría un incremento potencial del coste de extinguir contratos laborales. No sólo porque podrían aumentar las indemnizaciones, sino porque también crecería la incertidumbre sobre el importe final que tendría que asumir cada negocio.
