Apenas faltan unos meses para que entren en vigor las primeras obligaciones alrededor de la factura electrónica. En los próximos años, miles de negocios y autónomos tendrán que adaptarse a los nuevos requisitos y sistemas, recogidos en la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece. Sin embargo, más de dos de cada diez pymes, un 22%, consideran que no están preparadas para los cambios.

Así lo recoge un nuevo estudio publicado por Sage, que revela el alto nivel de desconocimiento sobre la inminente factura electrónica obligatoria, ya que el 65% de las pymes españolas encuestadas reconoce no saber aún cómo le afectarán los cambios en facturación a partir del próximo 1 de enero de 2026.

En este sentido, el 22% de las pymes de nuestro país admite no estar «nada preparada» y consideran que las nuevas leyes de facturación son «un lío». Entre las que afirman tener claras las nuevas obligaciones de facturación que están por venir, un 37% todavía no se ha planteado prepararse.

Ante estos datos, Carles Ransanz, vicepresidente de ventas para medianas empresas de Sage, afirmó que “la factura electrónica representa una oportunidad inmejorable para impulsar la eficiencia de los procesos, reducir la carga administrativa y garantizar una mayor transparencia en las operaciones del negocio”.

Sólo el 4% de las pymes ya están utilizando la factura electrónica

Asimismo, el estudio afirma que sólo un 4% de las pequeñas y medianas empresas españolas ya están utilizando la factura electrónica, mientras que menos de un tercio, el 31%, afirman contar con un software de facturación antifraude.

Este último dato es especialmente relevante, teniendo en cuenta que todos los programas de facturación deberán cumplir con nuevos requisitos en este sentido a partir de julio de este año. Por ejemplo, garantizar la integridad e inalterabilidad de los registros, así como la trazabilidad de éstos.

Por otro lado, está la Ley Crea y Crece que obligará a todos los autónomos y las empresas a emitir facturas electrónicas. Esta obligación depende de un reglamento que todavía no está aprobado.

Cuando se apruebe, dará un plazo de un año a las empresas con facturación superior a ocho millones de euros para empezar a emitir facturas electrónicas. Los autónomos y pymes con menos de esta cifra tendrán dos años para adaptarse.