La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio en el que reclama una mejora del sistema tributario español basada en una mayor eficiencia, equidad y capacidad recaudatoria. La propuesta se basaría en adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo. 

Entre las medidas que propone la organización, se encuentran diferentes iniciativas centradas en mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, con propuestas orientadas a las pymes. En concreto, la fundación pide darles asesoramiento y un distintivo corporativo que identifique a las empresas como cumplidoras.

Asimismo, el texto recoge cambios estructurales concretos en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), que incluyen eliminar el sistema de módulos, ajustar el IRPF a la inflación, cambiar el funcionamiento de la Agencia Tributaria (AEAT) o modificar la forma de aplicar la deducción por el mínimo personal y familiar.

  1. Fedea pide más apoyo fiscal a las pymes y un sello para las que cumplan con Hacienda
  2. Los economistas de FEDEA también piden eliminar el sistema de módulos
  3. Fedea pide también ajustar el IRPF a la inflación
  4. Plantean también un cambio de funcionamiento de la Agencia Tributaria
  5. Piden reformar el mínimo personal y familiar que se aplican muchos autónomos

Fedea pide más apoyo fiscal a las pymes y un sello para las que cumplan con Hacienda

La fundación argumenta que para mejorar la eficiencia del sector público es necesario, entre otros, aumentar la equidad de los impuestos. “En esta mejora de la equidad de los impuestos, sería esencial eliminar los beneficios fiscales injustificados y lograr una progresividad efectiva” apunta el documento. 

Para ello, la propuesta concreta de Fedea se centra en aumentar la colaboración facilitando la relación entre contribuyentes y la Administración. En el caso de las pymes, inducirlas al cumplimiento voluntario mediante un acuerdo fiscal para que permita que la sociedad conozca si las empresas “pagan o no sus impuestos de manera adecuada”.

Según proponen los economistas de Fedea, a cambio de permitir a Hacienda acceso a toda la información fiscal relevante de la empresa:

  • Se proporcionaría a las pymes asesoramiento fiscal.
  • Se daría a las pymes derecho a utilizar un distintivo público, con el nombre de Transparente Fiscalmente. Estos podrían servir como garantía de cumplimiento también ante terceros, como otras certificaciones.
  • Para favorecer su implementación, el proceso comenzaría a implementarse en las empresas más grandes para extenderse hasta las de menor tamaño, progresivamente.

Los economistas de FEDEA también piden eliminar el sistema de módulos

Otro de los aspectos más destacables del estudio es la petición de que se elimine el sistema de módulos. Este asunto no es nuevo y ya se abordó en la mesa para la reforma fiscal del trabajo autónomo que se puso en marcha en 2021, pero que se encuentra estancada por el momento. Entre otras cosas, porque la Agencia Tributaria dejó en el tintero todas las medidas que se habían planteado y preacordado con los agentes sociales.

Esta medida se planteó con otras, como la exención del IVA para trabajadores por cuenta propia que no alcanzasen determinados umbrales de facturación. Propuesta que, aún a día de hoy, no tiene una fecha clara de entrada en vigor.

En cuanto a los módulos, la clave en su momento no estaba tanto en si debían permanecer o no, sino cuál sería el sistema transitorio para asegurar que su eliminación no afecta a miles de autónomos que dependen de este régimen. De hecho, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lanzó varias propuestas, con periodos de hasta tres años, para facilitar esta transición.

A día de hoy existen más de 350.000 trabajadores por cuenta propia que tributan a través de este sistema, y que cuentan con unas finanzas y una planificación fiscal ajustada a los módulos y dependiente de la prórroga de los límites. Sin embargo, los expertos aseguran que el sistema desaparecerá tarde o temprano, dando paso a una fórmula transitoria similar a la del resto de autónomos en estimación directa.

En ese sentido, la fundación afirma que mantener el sistema “no tiene sentido” y que, para asegurar la equidad tributaria, lo ideal sería que todos los autónomos pagaran sus impuestos a través de estimación directa, ya sea normal o simplificada. Asimismo, recuerda que los territorios forales ya han eliminado el régimen de su fiscalidad, según la valoración, con éxito. “En el País Vasco, se eliminó el sistema en el año 2014 y en Navarra en 2021, sin que esto haya supuesto ningún problema para los contribuyentes”. 

Precisamente, estas comunidades plantearon sistemas transitorios que permitieron a los autónomos en módulos distintas opciones, como por ejemplo tener a su disposición mayores deducciones al pasar a estimación directa.

Fedea pide también ajustar el IRPF a la inflación

Al igual que reclaman otros economistas, ajustar el IRPF a la inflación es otra de las peticiones del estudio. Esta medida sería “la más significativa” que se podría tomar de cara a este impuesto desde el punto de vista de la recaudación.

La no indexación al incremento de los precios lleva a un aumento de la presión fiscal individual de los contribuyentes (los autónomos ya podrían haber ahorrado más de 200 euros en este IRPF si se hubieran deflactado las tarifas). 

Los expertos economistas proponen dar un selló distintivo a las pymes que cumplan con Hacienda
Los expertos economistas proponen dar un selló distintivo a las pymes que cumplan con Hacienda.

Si las rentas aumentan por la subida de la inflación pero los impuestos no se indexan, la conclusión entre los expertos siempre es la misma: los contribuyentes pagarán tipos medios más altos con el mismo poder adquisitivo que tenían antes. Es decir, que terminarán pagando más.

En el caso de Fedea, el IRPF debería incluir hasta dos ajustes. El primero, indexar el impuesto por ley, con todas las variables monetarias (límites de los tramos de base, límites fijos en términos monetarios, deducciones, etcétera), para que se ajusten anualmente a la tasa de la inflación. 

Después, actualizar los cálculos de las plusvalías según la inflación acumulada desde que se adquirió el activo, para evitar que pérdidas reales de capital acaben tributando como ganancias, y aplicar ajustes similares en el pago de intereses.

Plantean también un cambio de funcionamiento de la Agencia Tributaria 

El funcionamiento de la AEAT también es un aspecto en el que se centra el informe para argumentar por qué es necesaria una reforma fiscal.

Entre los factores que apunta Fedea se encuentra que no existe ninguna entidad independiente que vigile la actividad del organismo público. “Las causas son que la AEAT a veces se guía por objetivos ajenos a sus funciones, que su actividad y eficacia no están controladas por nadie independiente y que debe mejorar su efectividad en relación con el fraude (…) y el cobro de deudas”. 

Piden reformar el mínimo personal y familiar que se aplican muchos autónomos

Otra de las propuestas del documento pasa por reformar el mínimo personal y familiar que aplican los contribuyentes en la declaración de la Renta. Entre los aspectos que necesitarían una reforma, se encuentra la cantidad que se puede aplicar por descendiente. 

Con el cálculo que se aplica en IRPF, la cantidad por descendiente es creciente con el número de hijos, y va desde los 2.400 euros desde el primero, a los 4.500 por el cuarto y siguientes. Sin embargo, el informe apunta que no está clara la motivación de este aumento. 

Como recoge, “el coste de mantener a un hijo adicional no es creciente” y la deducción que aplica difícilmente “va estimular a las familias a tener más hijos”. “Es decir, que por tener una deducción adicional de 1.000 euros (que puede dar lugar a una reducción de impuestos de 200 euros o poco más) alguien vaya a decidir tener un hijo más”.

Fedea afirma que la deducción debería ser igual para todos los hijos, aplicando como mínimo los 4.500 euros de máximo actual. Además, señalan que este importe debería estar ligado a algún índice de coste de vida para frenar la discrecionalidad de la Administración en su aplicación.