La inseguridad jurídica en materia fiscal preocupa más que nunca a autónomos y pymes tras la advertencia lanzada por el Consejo General de Economistas, que denuncia que algunas medidas tributarias están aplicándose en la práctica mediante interpretaciones de Hacienda, pese a no haber sido convalidadas en el Congreso. Este escenario, que los expertos consideran excepcional, introduce dudas relevantes para miles de contribuyentes. Sobre todo, en sistemas como el régimen de módulos, del que dependen muchos miles de autónomos.
El aviso se ha producido durante la presentación del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026. En él, los economistas han cuantificado además la creciente complejidad del sistema tributario en España, con más de 1.100 cambios normativos en un solo año impulsados por las comunidades autónomas. Este volumen de modificaciones, unido a la disparidad de criterios entre territorios, complica cada vez más el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la planificación de la actividad económica.
Desde el punto de vista práctico, esta situación se traduce en decisiones difíciles para autónomos y pymes, que deben operar en un entorno ya de por sí tenso y, en ocasiones, poco claro. “Aunque no se treta de una práctica habitual, sino más bien excepcional”, advirtió a este diario Raquel Jurado Ibáñez, técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas (CGE), este tipo de actuaciones “genera riesgos evidentes para autónomos y pymes”, al obligarles a actuar sin una base normativa plenamente consolidada.
Según los economistas, Hacienda aplica «criterios sin ley» y genera dudas fiscales
Uno de los aspectos más delicados que destaca el informe es el uso de interpretaciones administrativas para mantener efectos de normas que han decaído. Lo cual, según los expertos, desdibuja los límites del marco legal vigente. En este contexto, Raquel Jurado explica que la situación “introduce un terreno gris desde el punto de vista jurídico, al no existir un desarrollo normativo claro que respalde estos criterios”.
Este problema no se queda en el plano teórico, sino que tiene consecuencias directas en la gestión diaria de los autónomos. En especial, para aquellos que dependen de regímenes fiscales simplificados. La falta de claridad normativa obliga a muchos profesionales por cuenta propia a tomar decisiones sin la seguridad de estar aplicando correctamente la legislación vigente.
El ejemplo más evidente es el del régimen de módulos, cuya prórroga ha vuelto a generar dudas al no aprobarse mediante una norma en tiempo y forma. Para la técnica del Servicio de Estudios del CGE, “los autónomos no saben con seguridad si pueden seguir tributando en este sistema”. Lo que, según ella, introduce una incertidumbre que afecta directamente a su operativa diaria.
Esta situación tiene implicaciones inmediatas en aspectos clave de la fiscalidad de los autónomos. Puesto que “los pagos fraccionados, el cálculo del rendimiento y las obligaciones formales son completamente distintos”, explicó la experta, dependiendo del régimen aplicable. El margen de error, por tanto, aumenta considerablemente cuando no hay una base normativa clara sobre la que actuar.
Errores en pagos, cambios de régimen y más costes de cumplimiento
Más allá de casos concretos, los economistas del CGE advierten de que esta inseguridad jurídica está ocasionando problemas generalizados en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La acumulación de normas, cambios y criterios interpretativos está dificultando que los contribuyentes sepan con certeza qué reglas deben aplicar en cada momento.
En la práctica, esto se traduce en incidencias que afectan al día a día de autónomos y pymes; desde errores en la elección del régimen fiscal hasta dudas en el cálculo de los pagos periódicos. “La inseguridad jurídica se está traduciendo en problemas cotidianos”, señaló Raquel Jurado, que enumeró también la necesidad de rehacer decisiones ya adoptadas cuando cambian los criterios aplicables.
El impacto no es solo técnico, sino también económico, puesto que muchas pymes y autónomos se ven obligados a destinar más recursos a la gestión fiscal. “Resulta muy difícil tomar decisiones empresariales a corto y medio plazo cuando las reglas fiscales no son estables ni completamente claras”, añadió la experta, en referencia a la planificación de inversiones, gastos o cambios de actividad.
A este escenario se suma el incremento de los costes de cumplimiento, tanto en tiempo como en necesidad de asesoramiento especializado. Lo que penaliza especialmente a los negocios de menor tamaño. La complejidad normativa, lejos de simplificarse, continúa aumentando con cada nueva modificación.
Los cambios autonómicos dificultan las comparaciones y generan desigualdades
El informe identifica también una creciente fragmentación del sistema tributario español, especialmente en el IRPF, debido a que las comunidades autónomas han ido introduciendo cambios que dificultan las comparaciones y generan desigualdades. Aunque muchas de estas modificaciones afectan a aspectos concretos, como deducciones o tarifas, su acumulación contribuye a un entorno fiscal más complejo.
No obstante, Raquel Jurado matiza el alcance de esta cifra de cambios normativos, al señalar que el millar de modificaciones registradas se refiere a tributos cedidos y no impacta de forma directa en todos los contribuyentes. En pocas palabras: aunque el sistema es más complejo, no todas las variaciones tienen el mismo efecto sobre autónomos y pymes.
Aun así, la coexistencia de múltiples normativas autonómicas introduce una capa adicional de dificultad para quienes operan en distintos territorios o deben adaptarse a cambios constantes en su comunidad. La falta de homogeneidad complica la toma de decisiones y aumenta el riesgo de errores involuntarios.
Por eso, los economistas del CGE insisten en la necesidad de recuperar un marco más estable y predecible, que permita a los autónomos planificar con mayor seguridad. La actual “vorágine normativa” se convierte, según ellos, en un obstáculo añadido para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La prudencia y el asesoramiento, claves para reducir riesgos fiscales
Ante este escenario, sus recomendaciones pasan por reforzar la cautela en la gestión fiscal y apoyarse en profesionales cualificados que ayuden a interpretar correctamente las normas. La anticipación y la revisión periódica de la situación tributaria se convierten en herramientas esenciales para evitar errores.
En concreto, Raquel Jurado destacó que la clave “es la prudencia y la anticipación”, lo que implica no solo seguir de cerca los cambios normativos, sino también “documentar adecuadamente los criterios aplicados en cada caso”. Esta práctica puede resultar determinante en caso de discrepancias con la Administración.
La recomendación final de los economistas es clara: revisar con frecuencia la situación fiscal, anticiparse a posibles cambios y actuar siempre con respaldo profesional para minimizar riesgos. Máxime en un sistema que, por ahora, sigue mostrando signos de inestabilidad.
