Hacienda insiste en su plan de subir el Impuesto de Sucesiones a los autónomos que heredan un negocio

1. ¿Qué supondría el nuevo tipo mínimo en Sucesiones para los autónomos?
2. Eliminar las bonificaciones dificulta el relevo cuando el negocio no pasa de padres a hijos
3. Así tributa el Impuesto de Sucesiones en 2026 según cada comunidad autónoma
4. La ausencia de una reforma integral limita las políticas a favor de las pymes

En la actualidad, la mayoría de las comunidades autónomas mantienen bonificaciones muy elevadas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que facilitan el relevo generacional de miles de pequeños negocios. 

Gracias a estas ventajas fiscales, muchos autónomos pueden transmitir su empresa familiar a hijos, cónyuges o incluso a hermanos y sobrinos sin que el impuesto se convierta en un obstáculo que les obligue a cerrar.

Ese escenario podría cambiar si prospera la propuesta incluida por el Ministerio de Hacienda en su nuevo modelo de financiación autonómica, que plantea la introducción de un tipo mínimo estatal en Sucesiones y Donaciones. 

Una medida que, según advierten los expertos fiscales consultados, supondrá en la práctica una subida real de impuestos para los trabajadores por cuenta propia.

¿Qué supondría el nuevo tipo mínimo en Sucesiones para los autónomos?

Tras la idea de fijar un tipo mínimo estatal en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sigue la misma lógica aplicada recientemente con el impuesto a las grandes fortunas: vivas donde vivas, habrá un mínimo que pagar. El objetivo declarado es reducir las diferencias entre comunidades autónomas y frenar la competencia fiscal a la baja que se ha producido en los últimos años.

Según detalló Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), esa competencia ha sido clara y sostenida en el tiempo. “Madrid fue pionera y luego muchas comunidades han ido copiando ese modelo. Al final se ha producido un efecto dominó y la tendencia general, independientemente del color político, ha sido que se pague cada vez menos por sucesiones y donaciones”.

El problema, continuó, es que la introducción de un tipo mínimo desactiva esa capacidad de las comunidades para bonificar el impuesto de forma que equivale a “una subida de impuestos” porque “en la práctica, allí donde ahora no se paga, se pasará a pagar”, advirtió. Para los autónomos, esto supondría un impacto directo sobre la transmisión de la empresa familiar, tanto de las participaciones como de la propia actividad económica.

Aunque todavía no se ha concretado ni el porcentaje ni la base exacta, la lógica sería muy similar a la aplicada en el impuesto a las grandes fortunas, explicó el experto. Así, las comunidades autónomas podrían seguir gestionando el tributo, pero “no podrían reducirlo por debajo de un umbral fijado por el Estado”, por lo que todos los autónomos pagarían lo mismo independientemente de su lugar de residencia.

Un planteamiento que, según los expertos, encarece el relevo generacional y reduce la liquidez disponible en un momento especialmente delicado para muchos pequeños negocios.

Eliminar las bonificaciones dificulta el relevo cuando el negocio no pasa de padres a hijos

Uno de los aspectos que no siempre se tiene en cuenta en este debate es la realidad del tejido empresarial. La transmisión de un negocio no siempre se produce de padres a hijos, y esto es especialmente habitual entre autónomos y pequeños negocios.

En este sentido Rubén Gimeno recordó que “muchos autónomos no tienen hijos o sus hijos no quieren continuar con la actividad” por lo que “en esos casos, lo normal es que el negocio pase a un hermano o a un sobrino que ya trabaja en el negocio”. 

Por este motivo, varias comunidades autónomas han ido ampliando en los últimos años las bonificaciones fiscales a hermanos, tíos y sobrinos, conscientes de que limitar los beneficios solo a cónyuges e hijos puede ir en detrimento del relevo generacional de las pymes.

Es por ello que el experto concluyó que la introducción de un tipo mínimo estatal puede complicar la supervivencia de estos negocios. En transmisiones donde hoy la carga fiscal es asumible, el impuesto puede convertirse en un obstáculo insalvable, obligando a endeudarse, vender activos o incluso a replantear la continuidad del negocio, especialmente en empresas pequeñas con márgenes ajustados.

Así tributa el Impuesto de Sucesiones en 2026 según cada comunidad autónoma

Al ser un tributo cedido, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones presenta grandes diferencias según cada administración autonómica aunque la tendencia de los últimos años ha sido la de ampliar las bonificaciones y extenderlas a más grados de parentesco como notarán durante este año los contribuyentes valencianos.

• Comunidad de Madrid: herencias y donaciones entre cónyuges, hijos y padres tributan con una bonificación del 99% de la cuota, lo que en la práctica supone un coste casi simbólico. Desde 2025, también existe una bonificación del 50% cuando la transmisión se produce entre hermanos, tíos y sobrinos.
• Andalucía: aplica una bonificación del 99% en herencias y donaciones entre cónyuges, descendientes y ascendientes. En donaciones, además, se han simplificado los requisitos formales para acceder a la bonificación.
• Canarias: mantiene una de las fiscalidades más bajas del país, con una bonificación del 99,9% para transmisiones entre padres, hijos y cónyuges, tanto en herencias como en donaciones.
• Comunidad Valenciana: desde el 1 de junio de 2026, las herencias y donaciones entre padres, hijos y cónyuges cuentan con una bonificación del 99%. Como novedad, las transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos disfrutan de una bonificación del 25% en 2026, que aumentará al 50% en 2027.
• Galicia: mantiene reducciones muy amplias para transmisiones entre familiares directos, aunque en 2026 se introducen límites técnicos cuando existen varias transmisiones sucesivas entre el mismo causante y heredero, algo habitual en pactos sucesorios.
• Cataluña: no aplica bonificaciones generalizadas como otras comunidades. El impuesto sigue teniendo un peso fiscal relevante, tanto en transmisiones entre padres e hijos como entre otros familiares. En 2026 cobra especial importancia la comprobación de valores de inmuebles, que puede elevar la base imponible.
• Castilla y León: contempla importantes reducciones y bonificaciones para herencias entre cónyuges, hijos y padres, con una tributación efectiva reducida.
• Castilla-La Mancha: aplica una bonificación del 100% en herencias entre padres, hijos y cónyuges, dentro de determinados límites.
• Extremadura, Murcia, La Rioja y Cantabria: han aprobado bonificaciones del 99% para transmisiones entre familiares directos, tanto en herencias como en donaciones.
• Islas Baleares: bonificación del 99% para herencias y donaciones entre cónyuges, hijos y padres.
• Asturias y Aragón: mantienen reducciones relevantes para familiares directos, aunque con una mayor carga fiscal que en las comunidades con bonificación casi total.
• País Vasco y Navarra: cuentan con regímenes forales propios, con normas y tipos diferentes al régimen común y, en general, una fiscalidad más favorable para la transmisión de empresas familiares.
• Ceuta y Melilla: aplican una bonificación del 99% en la cuota del impuesto.

Este escenario explica por qué la introducción de un tipo mínimo estatal tendría un impacto muy desigual, pero que afectaría a la mayoría de autónomos.

La ausencia de una reforma integral limita las políticas a favor de las pymes

Además de los cambios en Sucesiones y Donaciones, la propuesta sobre financiación incluye el denominado Mecanismo IVA Pyme, que el Ministerio de Hacienda ha presentado herramienta para favorecer a las pequeñas empresas. Sin embargo, para los expertos fiscales, su impacto real sobre los autónomos sería limitado.

Según manifestó Raquel Jurado, técnica del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), aunque el nombre puede inducir a la confusión este incentivo no está pensado directamente para el empresario, sino para las comunidades autónomas. Estas recibirán más recursos si concentran más pymes o si estas generan mayor recaudación, lo que “en teoría debería animarlas a desarrollar políticas de impulso empresarial”.

El beneficio para el autónomo, por tanto, solo “sería indirecto y dependería de que su comunidad decidiera aplicar ayudas, reducir trabas o lanzar programas específicos”.

Para Rubén Gimeno, este planteamiento ilustra bien el problema de fondo de la estrategia del Gobierno que calificó como “poner parches”. Ni el impuesto mínimo en sucesiones ni el nuevo mecanismo supondrían, a su juicio, una política fiscal verdaderamente orientada a facilitar la actividad de las pymes o a garantizar la continuidad de los negocios familiares.

El secretario técnico del REAF insistió en que lo que necesita el autónomo no son soluciones parciales, sino una reforma integral del sistema de financiación autonómica, consensuada y estable, que incorpore incentivos fiscales reales y duraderos. 

“Sin ese cambio profundo”, concluyó, “se seguirá hablando de ayudar a las pymes mientras, en la práctica, se les añaden nuevas cargas y se posponen las reformas que sí podrían marcar la diferencia”.