Hacienda ha modificado las reglas para acceder a los contratos públicos de obra, permitiendo que autónomos y pymes puedan acreditar su experiencia técnica con trabajos realizados en los últimos 10 años, en lugar del límite anterior de cinco. Este cambio, recogido en la Orden HAC/34/2026, busca ampliar el número de pequeñas empresas que pueden presentarse a licitaciones en sectores en los que la participación era reducida.
La medida tiene un impacto directo en muchas pequeñas empresas que, pese a contar con trayectoria suficiente, habían quedado fuera de concursos públicos por no haber ejecutado obras recientes. Con la nueva norma, esa experiencia “caducada” vuelve a ser válida, lo que les permite recuperar opciones reales de competir por contratos públicos.
Además, la Administración prevé tramitar alrededor de 1.200 expedientes entre 2026 y 2027, lo que anticipa un aumento significativo de solicitudes de clasificación o revisión por parte de empresas interesadas en mejorar su posición. “Este volumen refleja que el cambio no será marginal”, explicó a este diario Adrián Montalvo Requena, profesor del Centro Universitario Europeo de Economía y Gestión, “sino que puede traducirse en una mayor entrada de pymes en el mercado de la obra pública”.
- Ahora, más pymes podrán volver a competir por contratos públicos
- La experiencia deja de “caducar” para muchas pymes
- La norma busca aumentar la competencia en sectores con pocos licitadores
- Muchas pymes quedaban fuera de los contratos por el sistema de clasificación
Ahora, más pymes podrán volver a competir por contratos públicos
Hasta ahora, el sistema de clasificación exigía que las empresas acreditaran obras ejecutadas en los últimos cinco años para poder optar a determinados contratos. “Un requisito que dejaba fuera a muchas pymes que, aunque tenían capacidad técnica demostrada, no habían logrado adjudicaciones recientes debido a la baja actividad en algunos sectores”, señaló Adrián Montalvo.
Con la ampliación a 10 años, esas compañías podrán volver a utilizar proyectos anteriores para demostrar su solvencia técnica. Esto supone, en la práctica, que “pequeñas empresas que habían quedado excluidas por un criterio temporal vuelven a cumplir los requisitos para presentarse a licitaciones”, como recordó el experto.
La modificación no se aplica de forma general a todos los sectores, sino que se limita a determinados subgrupos técnicos donde se había detectado una falta de competencia. Entre ellos destacan ámbitos como infraestructuras terrestres, obras ferroviarias, hidráulicas, marítimas o energéticas.
La selección de estos sectores responde a un análisis previo de la Administración, “que detectó, al parecer, que el número de empresas capacitadas para concurrir era especialmente bajo”, indicó Adrián Montalvo. El objetivo es, por tanto, “aumentar la competencia en áreas donde la falta de licitadores podía afectar a la ejecución de proyectos”.
La experiencia deja de “caducar” para muchas pymes
Uno de los efectos más relevantes de la medida es que permite a las pymes recuperar valor de trabajos realizados hace años, que hasta ahora no podían utilizar para acreditar su capacidad. Esto es más importante, si cabe, en sectores donde los ciclos de contratación son irregulares y pueden pasar varios años sin adjudicaciones.
“Gracias a este cambio, las empresas podrán sumar al cómputo de su experiencia obras ejecutadas en la última década”, lo que mejora, según el experto, su posición en los procesos de clasificación. Esta actualización puede traducirse en un aumento del nivel asignado dentro del sistema.
Esa mejora de categoría no es algo sin importancia, ya que determina el tipo de contratos a los que puede optar una pyme. A mayor categoría, mayor volumen económico de licitaciones a las que puede presentarse.
En la práctica, esto abre la puerta a que pymes “que antes solo podían aspirar a proyectos pequeños o medianos, puedan intentar acceder a contratos de mayor envergadura”, aclaró Adrián Montalvo. “Porque, si bien es cierto que el cambio no garantiza adjudicaciones, sí que elimina una barrera de entrada que limitaba su crecimiento”.
La norma busca aumentar la competencia en sectores con pocos licitadores
La reforma responde a una preocupación concreta de la Administración: la escasez de pymes que concurren a determinados contratos, especialmente en áreas altamente especializadas. En algunos casos, el número de compañías clasificadas era tan reducido que se consideraba insuficiente para garantizar una competencia adecuada.
Al ampliar el periodo de acreditación de experiencia, se espera incrementar el censo de empresas que cumplen los requisitos técnicos. “Esto no solo beneficia a las pymes, sino que también facilita el trabajo de los órganos de contratación, al contar con un mayor número de posibles adjudicatarios”.
La medida también tiene un efecto indirecto sobre la eficiencia del sistema, ya que una mayor competencia puede traducirse en mejores ofertas y en una ejecución más ágil de los proyectos. En este sentido, la reforma busca equilibrar el acceso de las empresas con las necesidades de la Administración.
Además, el listado de sectores en los que se aplica esta ampliación no es fijo, sino que podrá revisarse de forma periódica. Esto permite adaptar la norma a la evolución del mercado y a los cambios en la actividad de licitación.
Muchas pymes quedaban fuera de los contratos por el sistema de clasificación
Eso sí, para poder beneficiarse de esta medida, las empresas deben tramitar un expediente de clasificación o revisión, en el que acrediten su experiencia mediante certificados de buena ejecución. Estos documentos deben estar emitidos por el cliente o por el órgano competente y cumplir los requisitos establecidos.
“La Administración prevé gestionar alrededor de 1.200 expedientes en el bienio 2026-2027”, señaló el experto, lo que indica que muchas empresas podrían intentar mejorar su clasificación en este periodo. “Este volumen supone un incremento relevante de la actividad administrativa en este ámbito”.
El procedimiento tiene un plazo máximo de resolución de seis meses, un factor que resulta clave para las pymes que quieren presentarse a licitaciones en el corto plazo. Una tramitación lenta puede impedir concurrir a concursos concretos, lo que convierte el tiempo de respuesta en un elemento estratégico.
Una vez obtenida la clasificación, las pymes no tendrán que acreditar su solvencia técnica en cada contrato de forma individual, lo que simplifica el proceso de participación en futuras licitaciones. Este sistema reduce cargas administrativas y facilita el acceso recurrente al mercado público.
El impacto en las pequeñas empresas dependerá de que la Ley se aplique correctamente
El uso del criterio de los diez años no es generalizado, sino que se limita estrictamente a los subgrupos incluidos en la norma. Aplicarlo fuera de estos ámbitos puede dar lugar a problemas administrativos e incluso a la nulidad de los expedientes.
Por ello, tanto las empresas como los gestores deben prestar especial atención a los requisitos específicos de cada sector. La seguridad jurídica del sistema depende de que la aplicación de esta excepción se realice de forma precisa.
