- Más de 200.000 reclamaciones tributarias al año y la mayoría a favor del contribuyente
- La normativa tributaria cambia con frecuencia y resulta difícil de interpretar
- Miles de millones de euros quedan bloqueados durante años
- Propuestas para reducir la litigiosidad tributaria
Pleitear contra Hacienda acaba dando la razón al contribuyente en muchos casos. A pesar de ello, no todos los autónomos están dispuestos a asumir el coste, el tiempo y la incertidumbre que implica enfrentarse a la Agencia Tributaria. De hecho, cerca del 60% de las liquidaciones tributarias recurridas terminan siendo estimadas total o parcialmente a favor del contribuyente, según el estudio El problema de la litigiosidad tributaria en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Un dato revelador de hasta qué punto numerosas decisiones administrativo-tributarias acaban siendo corregidas posteriormente por los tribunales. “Más de la mitad de las liquidaciones recurridas terminan siendo estimadas total o parcialmente a favor del contribuyente, lo que demuestra que el sistema es ineficiente”, explicó a este diario Gregorio Izquierdo, director general del IEE.
A pesar de lo cual, no todos los contribuyentes recurren cuando discrepan de las cuentas hechas por el Fisco; en parte por el coste y en parte por la duración de estos procesos. El informe señala que los litigios fiscales pueden prolongarse hasta cerca de 10 años cuando se recorren todas las instancias. Y eso, además de exigir avales o pagos previos, lo cual es una carga difícil de asumir para muchos autónomos y pequeñas empresas.
Más de 200.000 reclamaciones tributarias al año y la mayoría a favor del contribuyente
El volumen de conflictos entre autónomos y Administración tributaria es elevado y relativamente estable en el tiempo. Según el estudio del IEE, en España se registran alrededor de 200.000 reclamaciones tributarias al año, lo que refleja el alto grado de litigiosidad existente en el sistema fiscal.
“Los contribuyentes no deberían verse obligados a soportar una carga administrativa adicional derivada de tener que recurrir para corregir liquidaciones que, en muchos casos, resultan incorrectas”, sostiene Izquierdo. En opinión de este experto economista, el elevado número de conflictos evidencia problemas estructurales en el funcionamiento del sistema.
A esta presión se suma el elevado volumen económico de los expedientes en disputa. El informe calcula que la deuda tributaria actualmente en litigio supera los 40.000 millones de euros, lo que viene a demostrar la dimensión financiera del problema.
Ese volumen de recursos tiene además consecuencias para el funcionamiento de la justicia tributaria. “Las pymes se ven obligadas a padecer situaciones de vulnerabilidad e incertidumbre, que pueden afectar incluso a la supervivencia del negocio”, advierte el director general del IEE.
La normativa tributaria cambia con frecuencia y resulta difícil de interpretar
Una de las causas principales de esta litigiosidad es la complejidad del propio sistema fiscal español. El estudio de los economistas sostiene que la normativa tributaria cambia con frecuencia y resulta difícil de interpretar, lo que genera discrepancias habituales entre la Administración y los contribuyentes.
“Los contribuyentes padecen una situación de inseguridad jurídica estructural, con una normativa excesivamente compleja, inestable y frecuentemente modificada”, afirma Izquierdo. Según explica, este contexto favorece conflictos interpretativos que terminan resolviéndose en los tribunales.
El modelo de autoliquidación predominante en el sistema tributario español también contribuye a esta situación. En la práctica, los propios contribuyentes deben interpretar y aplicar normas complejas, lo que aumenta el riesgo de discrepancias con la Administración.
En muchos casos, los conflictos surgen por interpretaciones distintas de una misma norma o por errores involuntarios. “El lenguaje técnico complejo y la proliferación de conceptos jurídicos indeterminados dificultan una interpretación coherente del sistema”, señaló el responsable del instituto.
Miles de millones de euros quedan bloqueados durante años
La duración de los procedimientos constituye otro de los factores que explican el impacto económico de la litigiosidad fiscal. Durante el tiempo que dura el proceso, parte de los importes reclamados quedan suspendidos o avalados durante años, lo que puede limitar la capacidad financiera de las empresas.
El informe señala que más de 10.000 millones de euros de deuda tributaria están actualmente suspendidos por recursos, lo que refleja la magnitud del dinero que permanece bloqueado mientras se resuelven los procedimientos.
Este efecto resulta especialmente relevante para negocios de menor tamaño. “Las cantidades recurridas han de anticiparse o avalarse, lo que puede suponer restricciones a la propia operativa de la empresa por los costes financieros que implica”, explica Izquierdo.
Además de los costes financieros directos, los procedimientos pueden afectar a decisiones empresariales estratégicas. “Los importes en disputa condicionan decisiones de inversión, financiación y expansión”, señaló Izquierdo.
Propuestas para reducir la litigiosidad tributaria
Ante este escenario, el estudio plantea la necesidad de introducir mecanismos que permitan reducir la conflictividad fiscal. Entre las propuestas figura impulsar fórmulas alternativas de resolución de conflictos antes de llegar a los tribunales.
“El objetivo sería alcanzar acuerdos o decisiones vinculantes en plazos más breves y con menor formalismo, evitando años de litigio y reduciendo costes para los contribuyentes”, explicó el director general del IEE. Este tipo de mecanismos ya funciona en otros sistemas tributarios europeos.
Otra de las medidas sugeridas es la introducción del denominado pleito testigo. Este mecanismo permitiría que un único procedimiento representativo marque el criterio para cientos de casos similares, evitando la tramitación individual de cada recurso.
Según el máximo responsable del IEE, este sistema permitiría reducir significativamente el número de procedimientos y agilizar la resolución de conflictos fiscales. “La resolución de un caso representativo serviría para orientar el resto de recursos y acortar sustancialmente los plazos”, concluyó.
