En los últimos años, la figura de las Agrupaciones de Interés Económico se ha consolidado como una vía legal para canalizar inversión privada hacia proyectos de investigación y desarrollo, permitiendo a los inversores aplicar deducciones fiscales relevantes en el Impuesto sobre Sociedades. Estas ventajas pueden alcanzar el 25% de los gastos y llegar hasta el 42% en determinados supuestos, lo que ha despertado el interés tanto de empresas como de pequeños inversores.
Sin embargo, la Agencia Tributaria ha comenzado a reforzar el control sobre estas estructuras. A raíz de detectar posibles usos indebidos, como la presentación de proyectos que no son realmente de investigación o la manipulación de costes para incrementar las deducciones. Sólo en 2024, el Ministerio de Ciencia emitió 1.140 informes sobre proyectos de I+D que podían acogerse a estos incentivos, lo que refleja el volumen de operaciones vinculadas a este tipo de esquemas.
Este escenario sitúa a muchos autónomos y pequeñas empresas ante una oportunidad fiscal relevante, “pero también ante la necesidad de entender cómo funcionan estas fórmulas y qué riesgos pueden implicar si no se utilizan correctamente”, comentó a este diario Juan José Usaín Montero, consultor de la Confederación Nacional de Consultores Fiscales y Administrativos (Concfa).
- Hacienda controla cada vez más las deducciones por I+D y la Agrupación de Interés Económico
- Algunas de las infracciones: proyectos dudosos, costes inflados y uso indebido de incentivos
- Los riesgos para autónomos y pymes pasan por la pérdida de deducciones y posibles sanciones
- La necesidad de revisar cada operación y exigir garantías es clave ante el aumento del control
Hacienda controla cada vez más las deducciones por I+D y la Agrupación de Interés Económico
La Agrupación de Interés Económico es una figura legal que permite agrupar a varios participantes en torno a un proyecto concreto, normalmente vinculado a la innovación o al desarrollo tecnológico. Su particularidad es que no tributa directamente en el Impuesto sobre Sociedades, sino que traslada a sus miembros los resultados, ya sean beneficios, pérdidas o deducciones fiscales.
En la práctica, esto permite que una empresa o un autónomo “invierta en un proyecto de I+D desarrollado por terceros y se beneficie de las deducciones fiscales generadas por el proyecto, sin necesidad de participar directamente en su ejecución”, aclaró Usaín Montero. Este mecanismo ha sido impulsado por la normativa para fomentar la inversión privada en innovación.
No obstante, el uso de estas estructuras también ha dado lugar a prácticas cuestionadas por la Administración, “como la reutilización de un mismo proyecto con pequeñas variaciones para ofrecerlo a distintos inversores o la localización ficticia de actividades en territorios con ventajas fiscales”, según el experto.
Algunas de las infracciones: proyectos dudosos, costes inflados y uso indebido de incentivos
Entre las prácticas que están bajo revisión se encuentran la utilización de iniciativas que no cumplen los criterios técnicos de I+D exigidos por la normativa, así como el inflado artificial de los costes asociados para aumentar el importe de las deducciones. También se han identificado casos en los que un mismo proyecto se presenta a distintos inversores con cambios mínimos, multiplicando así los beneficios fiscales generados.
Otra de las cuestiones que está siendo objeto de atención es la utilización de territorios con regímenes fiscales más favorables, “como Canarias, para ubicar formalmente estas estructuras sin que exista una actividad real vinculada al proyecto en esa localización”, aclaró Usaín Montero.
El sistema prevé que el Ministerio de Ciencia evalúe si los proyectos cumplen los requisitos técnicos necesarios para aplicar las deducciones, mientras que la Agencia Tributaria se encarga de comprobar posteriormente los gastos declarados. No obstante, el elevado volumen de iniciativas ha generado una cierta saturación administrativa.
Los riesgos para autónomos y pymes pasan por la pérdida de deducciones y posibles sanciones
Para los pequeños negocios que participan como inversores, el principal riesgo es que la Administración considere que el proyecto no cumple los requisitos exigidos o que los gastos han sido incorrectamente declarados. “En ese caso, podrían perder las deducciones aplicadas y verse obligados a regularizar su situación fiscal”, indicó el consultor experto.
Además de la devolución de las cantidades deducidas, esta regularización puede ir acompañada de recargos e intereses de demora, e incluso de sanciones si se aprecia la existencia de infracciones tributarias. Esto convierte en especialmente relevante la revisión previa de las condiciones de cada operación.
Ante esta posibilidad, “resulta fundamental que autónomos y pymes analicen con detalle las características del proyecto, la documentación disponible y el papel de las entidades que intermedian en la operación antes de decidir su participación”, comentó Usaín Montero.
La necesidad de revisar cada operación y exigir garantías es clave ante el aumento del control
Antes de entrar en una estructura de este tipo, los expertos recomiendan comprobar que el proyecto cuenta con la validación técnica correspondiente y que los gastos asociados están debidamente justificados. También es importante conocer quién desarrolla realmente la actividad y cuál es la relación entre los distintos participantes.
Otra cuestión clave es evaluar la transparencia de la operación y las garantías ofrecidas por los promotores, especialmente en un contexto en el que han proliferado intermediarios que diseñan estas estructuras sin un marco homogéneo de buenas prácticas.
“La creciente atención de la Agencia Tributaria sobre estas operaciones ha puesto de manifiesto la necesidad de combinar el atractivo de las deducciones fiscales con una adecuada gestión del riesgo”, concluyó el experto. “En especial, cuando hablamos de pequeñas empresas, que buscan optimizar su carga fiscal sin exponerse a problemas futuros”.
