Hacienda va a empezar a reclamar a autónomos y pymes las ayudas europeas por no cumplir ciertos objetivos

1. Hacienda activa los controles para reclamar devoluciones por incumplimientos
2. Los errores administrativos están detrás de buena parte de las devoluciones
3. La falta de justificación y de cumplimiento documental dispara el riesgo
4. Miles de expedientes pendientes de revisión aumentan la incertidumbre​

Hacienda prepara una orden para empezar a reclamar de forma sistemática la devolución de fondos europeos a las pymes que no cumplan los objetivos comprometidos, no ejecuten el gasto previsto o no puedan acreditarlo documentalmente. La medida afecta también a autónomos y pequeños negocios beneficiarios de programas vinculados al Plan de Recuperación: el reintegro podrá ser total o parcial, según el grado de incumplimiento.

Por ejemplo, una pequeña empresa de reformas que recibiese en su momento una ayuda europea para digitalizar su gestión, puede haber descubierto meses después que parte del software que le instalaron con el Kit Digital no cumplía los requisitos exigidos, y podría verse ahora obligada a devolver una parte del dinero. O un comercio minorista, que accedió a fondos para modernizar su tienda, si no justificó correctamente todos los gastos puede haber recibido ya un requerimiento para aclarar la ejecución del proyecto.

La novedad no es que las ayudas deban devolverse si no se cumplen las condiciones, algo que ya estaba previsto, sino que la Administración quiere activar un procedimiento más claro y automático para revisar miles de expedientes. Esto convierte en un riesgo real lo que hasta ahora muchos pequeños negocios percibían como una posibilidad remota. En especial, cuando todavía hay numerosos proyectos financiados pendientes de cerrar y justificar.

“El verdadero riesgo para muchos pequeños negocios no está en el uso indebido de las ayudas, sino en la falta de justificación documental adecuada”, explicó a este diario Jacinto Escorial, experto contable de Martínez&Galdón Abogados.

Hacienda activa los controles para reclamar devoluciones por incumplimientos

La orden en preparación establece que deberán reintegrarse los fondos cuando no se haya realizado el gasto comprometido, cuando el proyecto no alcance los hitos fijados o cuando falte documentación que demuestre su ejecución. Se considerará también causa de devolución no obtener el certificado de cumplimiento o no presentar informes que acrediten la consecución de los objetivos previstos.

Las revisiones podrán iniciarse de oficio por la Administración que concedió la ayuda, ya sea estatal, autonómica o local, y también por los órganos responsables del control de los fondos europeos. Esto supone que miles de expedientes podrán ser examinados, aunque no exista denuncia previa ni sospecha de fraude, únicamente por falta de acreditación suficiente. “Y es que Hacienda está pasando de un modelo reactivo a uno proactivo y sistemático de control de fondos europeos”, señaló Jacinto Escorial.

Si el beneficiario no devuelve el dinero en periodo voluntario, la Administración podrá iniciar el procedimiento de cobro por vía ejecutiva, lo que implica recargos e intereses. Para muchos pequeños negocios, el problema no sería tanto la sanción como la falta de liquidez para afrontar una devolución inesperada.

Los errores administrativos están detrás de buena parte de las devoluciones

En numerosos casos, los reintegros no se producen por un uso indebido deliberado, sino por fallos en la justificación o por no cumplir exactamente las condiciones técnicas del proyecto financiado. “Gastos fuera de plazo, facturas incompletas, modificaciones no autorizadas o desviaciones respecto al objetivo aprobado pueden desencadenar el procedimiento”, aclaró el experto contable.

Otro motivo frecuente es no alcanzar los indicadores comprometidos, como niveles de digitalización, implantación real de herramientas o impacto medible del proyecto. En ayudas vinculadas a modernización, sostenibilidad o digitalización, “el simple hecho de comprar equipos o contratar servicios no garantiza el cumplimiento, si no se demuestra su utilización efectiva”.

También se están detectando casos en los que el beneficiario no conserva toda la documentación exigida o no puede aportarla cuando se le requiere, lo que impide acreditar el destino de los fondos. “Las pymes deben entender que la ayuda no se consolida con el gasto, sino con la justificación”, indicó Jacinto Escorial. En estos supuestos, la Administración puede exigir la devolución incluso si el proyecto se realizó, al no poder verificarse formalmente.

La falta de justificación y de cumplimiento documental dispara el riesgo

Los pequeños negocios suelen subestimar la importancia de la fase final del proceso, centrados en ejecutar el proyecto, pero no en documentarlo correctamente. Sin embargo, la justificación es el elemento clave que determina si la ayuda se consolida o debe reintegrarse.

El incumplimiento puede ser total o parcial, lo que significa que no siempre se exigirá devolver toda la ayuda, sino solo la parte correspondiente al gasto no justificado o al objetivo no alcanzado. “Esta graduación del reintegro puede aliviar el impacto, aunque no elimina el problema financiero para el beneficiario”, señaló el experto.

En programas masivos, como los destinados a digitalización o modernización, la Administración prevé revisar expedientes de forma más sistemática una vez finalicen los plazos de ejecución. Esto implica que muchos requerimientos podrían llegar meses después de haber recibido y utilizado los fondos.

Miles de expedientes pendientes de revisión aumentan la incertidumbre

Para autónomos y micropymes, el principal riesgo no es solo económico, sino también de gestión, ya que responder a un procedimiento de reintegro exige tiempo, asesoramiento y capacidad administrativa. Muchos negocios pequeños no cuentan con estructura suficiente para afrontar estos procesos con agilidad.

El especialista en ayudas públicas señaló que una parte importante de los problemas “podría evitarse con una mejor planificación inicial, revisando condiciones, plazos y obligaciones antes de ejecutar el proyecto”. De hecho, según Escorial, “la falta de seguimiento durante la ejecución es uno de los factores que más incidencias genera en la fase de control”.

La activación de un procedimiento más sistemático por parte de Hacienda marca, concluyó el experto contable, “un cambio en la gestión de estas ayudas, ya que transforma en revisiones reales lo que hasta ahora era, en muchos casos, una supervisión limitada”. Con numerosos proyectos financiados aún abiertos, el proceso de comprobación podría prolongarse durante los próximos ejercicios.