Hacienda va a elevar el control sobre una de las operaciones más utilizadas en las empresas familiares y sociedades de autónomos para retirar dinero del negocio con menor carga fiscal. La Agencia Tributaria está empezando a cuestionar que un socio venda su participación a la propia empresa y, poco después, esta reduzca capital para amortizarla, al considerar que en algunos casos se trata de un mecanismo para pagar menos impuestos.
Este cambio de criterio puede suponer que lo que el autónomo declara como una ganancia patrimonial, con una tributación más favorable, acabe recalificándose como rendimiento del capital mobiliario, lo que incrementa la factura fiscal en el IRPF. Además, en caso de regularización, el autónomo societario o socio deberá abonar la diferencia junto con los intereses de demora.
Este enfoque afecta directamente a miles de autónomos que operan a través de sociedades, “sobre todo en entornos familiares, donde este tipo de operaciones se utilizan con frecuencia”, explicó a este diario Valeria Alcázar de la Vega, letrada experta en asuntos fiscales de Ágora Legal & Gestión. “Bien sea para reorganizar el negocio, para facilitar salidas de cara al relevo generacional o para generar liquidez sin recurrir al reparto de dividendos”.
- Hacienda considera “artificiosas” algunas operaciones habituales para sacar dinero de la empresa
- La Administración se apoya en la normativa antiabuso para recalificar estas operaciones
- Las empresas familiares están especialmente en el punto de mira de la inspección
- El riesgo para autónomos societarios es pagar más IRPF y afrontar regularizaciones
- No todas las operaciones están afectadas y el análisis es siempre caso por caso
- Qué deben tener en cuenta los autónomos antes de realizar estas operaciones
Hacienda considera “artificiosas” algunas operaciones habituales para sacar dinero de la empresa
El caso analizado por la Agencia Tributaria parte de una operativa relativamente común en sociedades familiares. Un socio transmite sus participaciones a la propia empresa, que las adquiere como autocartera, y de forma prácticamente inmediata se acuerda una reducción de capital para amortizarlas y devolver el dinero.
Desde el punto de vista del contribuyente, esta secuencia permite declarar la operación como una ganancia patrimonial, lo que en algunos casos posibilita aplicar coeficientes reductores o una tributación más favorable. “Sin embargo, Hacienda entiende que, en determinados supuestos, el resultado económico es equivalente a una devolución de aportaciones”, señaló Alcázar de la Vega.
Para quien esa diferencia es clave, “porque la devolución de aportaciones no tributa como ganancia patrimonial, sino que reduce el valor de adquisición de las participaciones y, si hay exceso, se considera rendimiento del capital mobiliario, con una carga fiscal mayor”.
La Administración se apoya en la normativa antiabuso para recalificar estas operaciones
Para justificar este cambio de criterio, la Agencia Tributaria recurre al concepto de conflicto en la aplicación de la norma, recogido en la Ley General Tributaria. Este mecanismo permite a la Administración actuar cuando considera que una operación, aunque legal en apariencia, se ha diseñado con el objetivo principal de reducir la carga fiscal.
En este sentido, Hacienda analiza “si existe una alternativa más directa para lograr el mismo resultado económico, aunque implique pagar más impuestos”, explicó la fiscalista. Si entiende que el contribuyente “ha optado por una vía más compleja únicamente para ahorrar en el IRPF, puede recalificar la operación”.
Uno de los elementos que más pesa en este análisis es la proximidad temporal entre los distintos pasos. Sobre todo, cuando la compra de participaciones y la posterior reducción de capital se producen en un intervalo muy corto. Lo que dificulta justificar una finalidad económica independiente.
Las empresas familiares están especialmente en el punto de mira de la inspección
Este tipo de actuaciones se concentra de forma específica en sociedades con control familiar, en las que los socios tienen capacidad para diseñar operaciones internas sin intervención de terceros. En estos casos, Hacienda considera que existe mayor margen para estructurar decisiones con impacto fiscal relevante.
Además, la Administración tributaria se centra sobre todo en situaciones en las que no se produce un cambio real en el control de la sociedad o en la distribución de participaciones. Lo que refuerza la idea de que la operación no responde a una necesidad económica sino a una planificación fiscal.
“También se analizan otros factores, como la existencia de reservas acumuladas en la empresa o la falta de una justificación clara desde el punto de vista mercantil”, aclaró Alcázar de Vega. Elementos que pueden inclinar la balanza hacia la recalificación.
El riesgo para autónomos societarios es pagar más IRPF y afrontar regularizaciones
Para los autónomos que operan a través de sociedades, el principal riesgo es que Hacienda revise estas operaciones y modifique su tratamiento fiscal. En ese caso, la diferencia entre tributar como ganancia patrimonial o como rendimiento del capital mobiliario puede suponer miles de euros adicionales.
A ello se suman los intereses de demora y, en determinados casos, posibles sanciones si la Administración considera que ha existido una conducta punible. Este escenario obliga a revisar con detalle cualquier operación de salida de dinero de la empresa.
El impacto es relevante en situaciones de relevo generacional o reorganización empresarial, “en los que estas fórmulas se han utilizado tradicionalmente para facilitar la transición entre socios o ramas familiares”, afirmó la fiscalista.
No todas las operaciones están afectadas y el análisis es siempre caso por caso
A pesar del endurecimiento del control, no todas las operaciones de este tipo son y serán consideradas artificiosas. La propia Administración reconoce que debe analizarse cada caso concreto, atendiendo a sus circunstancias específicas.
Existen situaciones en las que la compra de participaciones y la posterior reducción de capital responden a motivos económicos reales, como la salida efectiva de un socio o la necesidad de ajustar la estructura financiera de la empresa.
“En estos casos, la operación puede mantenerse dentro de los cauces habituales sin que se produzca una recalificación”, aclaró la experta, siempre que pueda acreditarse una finalidad económica distinta del ahorro fiscal.
Qué deben tener en cuenta los autónomos antes de realizar estas operaciones
Ante este escenario, la experta recomienda extremar la planificación fiscal y documentar adecuadamente las razones económicas de cualquier operación societaria que implique salida de dinero.
Es fundamental analizar “no solo la legalidad mercantil de la operación, sino también su posible interpretación desde el punto de vista fiscal, teniendo en cuenta los criterios cada vez más exigentes de la Agencia Tributaria”, concluyó Alcázar de Vega.
Y tampoco está de más evitar estructuras excesivamente complejas o secuencias de operaciones muy concentradas en el tiempo, ya que estos elementos son los que más fácilmente pueden ser cuestionados en una eventual inspección.
