Hacienda ha activado la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), un organismo que revisará, antes de licitarse, si las concesiones públicas son financieramente viables y si ofrecen una rentabilidad coherente con el riesgo asumido por las pymes. El objetivo de este observatorio no es otro que evitar proyectos mal diseñados, que terminen en conflictos o reequilibrios. En todo caso, para los pequeños negocios que trabajan con la Administración, el cambio clave es que ese análisis previo condicionará qué contratos llegan al mercado, cómo se estructuran económicamente y en qué condiciones pueden competir los licitadores.
“La ONE crea un órgano centralizado, independiente y especializado para evitar licitaciones de concesiones financieramente inviables”, explicó a este diario Fernando Cacho Barbeira, socio de Derecho Público y Regulatorio del bufete RSM. Quien recalcó que este filtro obliga a reforzar la preparación económica de los expedientes y a sostener con datos las hipótesis del modelo. “Para quienes licitan, el efecto práctico es que las ofertas deberán ser más realistas y sostener mejor el reparto de riesgos”, porque el diseño financiero del contrato quedará más expuesto a revisión.
El nuevo organismo no tiene poder de veto, pero su dictamen preceptivo y público introduce un estándar técnico previo sobre sostenibilidad económica, y obliga a la Administración a motivar por escrito si decide apartarse de ese criterio. El experto lo resume así el cambio: “La intervención de la ONE debe dotar de una mayor seguridad jurídica al mercado de las concesiones públicas”, lo que aportaría más previsibilidad a quienes compiten por contratos públicos.
- Más control previo para evitar concesiones inviables y reforzar la seguridad económica de los contratos
- El nuevo marco obliga a los operadores a reforzar la preparación de las ofertas
- Más transparencia y mayores exigencias financieras para subcontratistas y pymes proveedoras
Más control previo para evitar concesiones inviables y reforzar la seguridad económica de los contratos
Durante años, el análisis económico de muchas concesiones dependía casi exclusivamente del órgano de contratación. Lo que, en ocasiones, derivaba en proyectos que requerían reequilibrios financieros o generaban litigios durante su ejecución. La nueva supervisión pretende reducir esas situaciones mediante un examen técnico previo, que refuerce la sostenibilidad económica real de los contratos y limite concesiones mal estructuradas.
“Sin duda, el informe de la ONE es una garantía para los licitadores”, afirmó Cacho Barbeira, quien añadió que su incorporación al expediente “y su publicidad convierten ese dictamen en un estándar técnico relevante para valorar la razonabilidad de las decisiones administrativas”. En la práctica, esto significa que la Administración deberá justificar cualquier desviación relevante si decide apartarse del criterio técnico del organismo.
Uno de los puntos donde más se notará el nuevo control es en cómo se reparte el riesgo entre la Administración y las pymes, porque de ese equilibrio dependerá la rentabilidad admitida en cada contrato y, en consecuencia, el atractivo real de la concesión para el mercado. Cacho Barbeira advierte de que “la Administración no puede establecer una rentabilidad insuficiente, si el riesgo que asume el concesionario es elevado; ni un retorno excesivo si es bajo”, ya que en este último caso las concesiones podrían quedar desiertas.
Ese reparto de riesgos también condicionará cómo se preparan las ofertas y el nivel de exigencia técnica con el que las empresas deberán concurrir a los concursos públicos. Ya que el análisis previo obligará a justificar con mayor rigor la viabilidad económica del proyecto y la coherencia del modelo financiero.
Cacho Barbeira señaló que los autónomos y las pymes licitadoras “deberán fortalecer la fundamentación del coste de capital y del retorno esperado de la inversión”. Lo que en la práctica implica invertir más recursos en estudios financieros previos. El equilibrio entre rentabilidad y riesgo redefine la forma de competir en las licitaciones públicas
El nuevo marco obliga a los operadores a reforzar la preparación de las ofertas
incorporando análisis financieros más sólidos y justificando con mayor precisión el reparto de riesgos y la estructura de ingresos. Esta exigencia técnica puede transformar la forma en que las empresas concurren a contratos públicos, al requerir modelos económicos más coherentes y verificables desde la fase inicial.
“Los licitadores se verán obligados a presentar ofertas más realistas y coherentes con el reparto real de riesgos”, sostiene Cacho Barbeira, quien considera que este refuerzo del análisis previo puede reducir conflictos durante la ejecución del contrato. Esto implica reforzar la justificación financiera de cada propuesta antes de concurrir a la licitación.
La publicidad de los informes permite a las empresas anticipar qué modelos financieros generan objeciones y cuáles se consideran sostenibles, lo que influye en la competencia entre operadores y en la formulación de las ofertas. Este conocimiento previo ayuda a anticipar los criterios económicos del contrato antes de presentar una propuesta.
En determinados casos, la evaluación del riesgo puede incluso modificar la naturaleza del contrato si se concluye que el concesionario no asume un riesgo suficiente, lo que altera el diseño económico de la licitación y su viabilidad. Esta revisión puede cambiar la estructura económica del procedimiento y condicionar qué ofertas resultan viables.
Más transparencia y mayores exigencias financieras para subcontratistas y pymes proveedoras
El impacto del nuevo sistema no se limita a las pymes concesionarias, ya que las exigencias financieras se trasladan a toda la cadena contractual, incluidos proveedores y subcontratistas. “Aunque la ONE no analiza directamente la subcontratación, sus exigencias financieras se trasladarán al concesionario y éste, a su vez, a los subcontratistas”, lo que implica mayor presión financiera en toda la cadena del contrato público.
La preparación de ofertas exigirá modelos financieros más completos y verificables, con hipótesis realistas sobre ingresos, costes y demanda. “Las pymes deberán presentar modelos financieros más completos, sostenibles y susceptibles de comprobación”, lo que obliga a justificar con precisión costes e ingresos previstos antes de licitar.
Otra consecuencia práctica será la conveniencia de analizar los informes públicos antes de concurrir a una licitación, para anticipar qué niveles de riesgo y rentabilidad se consideran aceptables. El especialista señala que consultar previamente los informes publicados puede anticipar objeciones técnicas y facilitar la adaptación de la oferta.
El aumento del control implica también mayores exigencias técnicas y financieras en la fase previa, lo que puede elevar las barreras de acceso a determinados contratos. Cacho Barbeira concluyó que para empresas pequeñas “esto puede suponer una dificultad de acceso a las licitaciones, al requerir más recursos técnicos en la fase previa de preparación de la oferta”.
