La cita previa obligatoria en las oficinas públicas se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los autónomos cuando necesitan ser atendidos presencialmente para resolver algún trámite con Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
Según un informe elaborado por el Observatorio de Gestión Pública del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), algunas gestiones llegaron a acumular en julio demoras de hasta 36 días de espera.
El estudio, realizado sobre 25 procedimientos administrativos, revela que en más del 80% de ellos hubo periodos sin disponibilidad de cita previa, lo que en la práctica bloqueó el acceso de miles de ciudadanos y profesionales a la Administración.
- Los trámites con Seguridad Social, entre los más afectados
- Los gestores piden que no sea necesario reservar una cita para relacionarse con la Administración
Los trámites con Seguridad Social, entre los más afectados
La investigación señala que las mayores dificultades se encuentran en las oficinas de la Seguridad Social, las jefaturas de Tráfico y los servicios de Extranjería, donde las citas se agotan rápidamente y las agendas permanecen cerradas durante semanas.
En concreto, estos organismos tuvieron hasta siete trámites bloqueados en algunos meses y esperas de más de 27 días.
Los procedimientos vinculados a pensiones de orfandad, viudedad, incapacidad o jubilación presentaron demoras medias de 14 a 15 días, llegando en algunos periodos a superar los 28 días sin cita disponible.
Para los autónomos, que necesitan agilidad en gestiones como altas, bajas o trámites con la Seguridad Social, esta situación supone un grave perjuicio económico y de tiempo.
El único organismo que mantuvo un nivel de atención aceptable fue Hacienda, aunque también allí se registraron picos de demora de hasta diez días.
Un trámite aparentemente tan sencillo, pero necesario, como la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) llegó a acumular una demora de 36 días a partir del día en que se solicitaba la cita hasta que hubiera algún hueco libre para poder ser atendido.
El informe detecta un patrón de estacionalidad pues los meses de verano y finales de año concentran los mayores retrasos, coincidiendo con periodos vacacionales del personal y un aumento de la demanda en determinados servicios. En este sentido mayo fue el mes con más trámites sin cita disponible, con 18 bloqueados
Además, las grandes ciudades como Madrid y Barcelona resultan las más castigadas, debido a la elevada demanda y a la falta de refuerzo de recursos humanos en las oficinas administrativas.
Aunque en el primer semestre de 2025 la espera media bajó a 5,74 días, sigue estando muy por encima de países de referencia como Francia o Alemania, donde la media se sitúa en 2-3 días.
Los gestores piden que no sea necesario reservar una cita para relacionarse con la Administración
Ante esta realidad, el Consejo General de los Gestores Administrativos ha lanzado una campaña a nivel nacional para reclamar el fin de la cita previa obligatoria y recuperar la atención presencial efectiva.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo manifestó que “la Administración no puede comportarse como un club privado” pues “los derechos no se reservan, se ejercen».
El representante de los gestores, que tienen que lidiar a diario con este tipo de trámites, advirtió que si un ciudadano “no puede obtener una cita, no puede ejercer su derecho. Y eso es inadmisible en un Estado de Derecho”.
En este sentido, los gestores recordaron que el artículo 14.1 de la Ley 39/2015 reconoce expresamente el derecho de los ciudadanos a elegir entre atención electrónica o presencial, un derecho que la imposición de la cita previa convierte en “papel mojado”.
Como subrayó Santiago: “Lo que debía ser una herramienta de orden y eficiencia, se ha transformado en un filtro excluyente sin base legal suficiente”.
Para tratar de recuperar la normalidad anterior a la pandemia, los gestores han publicado el “Manifiesto por el Derecho a la Atención Presencial Efectiva”, en el que proponen que la cita previa deje de ser obligatoria y vuelva a ser una opción complementaria para quienes deseen planificar su visita.
El documento incluye varias demandas concretas:
- Garantizar siempre una ventanilla de atención presencial sin necesidad de cita.
- Reforzar recursos humanos y tecnológicos en las oficinas públicas.
- Prohibir la cita previa como única vía de acceso a los servicios.
La campaña subraya que este bloqueo perjudica especialmente a los autónomos, que dependen de la rapidez en sus trámites para cumplir con plazos fiscales, laborales y de Seguridad Social.
También afecta de manera notable a personas mayores, migrantes y colectivos con dificultades para el acceso digital, que quedan prácticamente excluidos.
Los gestores insisten en que no se trata de rechazar la digitalización ya que “es perfectamente posible tener una Administración moderna y eficaz sin excluir a los ciudadanos del mostrador”.
El Consejo ha habilitado un formulario en su web y redes sociales para recoger adhesiones de ciudadanos, colectivos y asociaciones, además de un correo electrónico para sumar apoyos institucionales.
Asimismo, el informe se trasladará al Defensor del Pueblo y a diferentes instancias parlamentarias con el objetivo de presionar para que la Administración garantice el derecho a una atención presencial real y efectiva.
