Los autónomos del transporte que trabajan a través de determinadas cooperativas volverán a estar en el punto de mira de la Inspección durante 2026. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado que mantendrá e intensificará la vigilancia sobre aquellas fórmulas organizativas que puedan encubrir actividad irregular en el sector, especialmente cuando los socios facturan servicios de transporte sin disponer de la correspondiente autorización administrativa.
La advertencia llega después de una intensa campaña inspectora desarrollada durante 2025. Según los datos oficiales difundidos por el propio Ministerio, se inspeccionaron 27 cooperativas de transporte y se abrieron más de 1.200 expedientes sancionadores. Además, una actuación específica realizada en Barcelona terminó con sanciones a 16 cooperativas y 276 socios por facturar servicios de transporte sin la autorización exigida por la normativa.
El control sobre estas estructuras constituye uno de los ejes destacados del Plan de Inspección de Transporte por Carretera para 2026, que también incluirá vigilancia sobre los nuevos documentos digitales de control, los tacógrafos inteligentes de segunda generación y el cumplimiento de la normativa sobre pesos máximos. Sin embargo, la lucha contra las denominadas «falsas cooperativas» vuelve a ocupar un lugar prioritario por el impacto que estas prácticas pueden tener sobre la competencia y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
- La inspección aumentará la vigilancia sobre la facturación a través de falsas cooperativas del transporte
- En 2025 se impusieron más de 1.200 sanciones y multas superiores a 1,6 millones
- Otras infracciones que vigilará la inspección en el transporte este 2026
La inspección aumentará la vigilancia sobre la facturación a través de falsas cooperativas del transporte
El Ministerio de Transportes ha explicado que el objetivo es garantizar que las distintas formas de organización societaria operen dentro de la legalidad y evitar situaciones que generen competencia desleal frente a los transportistas que cumplen todas las obligaciones exigidas por la normativa.
La cuestión afecta de manera especial a determinadas cooperativas de trabajo asociado utilizadas por algunos profesionales para desarrollar actividad de transporte sin disponer de autorización propia. Según recuerda el ministerio, en el transporte de mercancías existen dos modelos diferentes de cooperativismo.
Por un lado, las cooperativas de transportistas, donde cada socio debe ser titular de su propia autorización de transporte. Por otro, las cooperativas de trabajo asociado, en las que la autorización corresponde a la propia cooperativa y los socios trabajadores desarrollan su actividad bajo esa cobertura.
El problema aparece cuando algunos socios actúan en la práctica como autónomos independientes, captando clientes, emitiendo facturas o prestando servicios de transporte por cuenta propia sin disponer de autorización administrativa. Según Transportes, este modelo puede generar ventajas competitivas indebidas y un tratamiento fiscal que no se corresponde con la realidad de la actividad desarrollada.
En 2025 se impusieron más de 1.200 sanciones y multas superiores a 1,6 millones
Los datos de la última campaña inspectora muestran la dimensión del fenómeno.
Durante 2025, la Inspección revisó 27 cooperativas y abrió más de 1.200 expedientes sancionadores. Además, una actuación específica realizada en junio en varias cooperativas ubicadas en el entorno de Barcelona concluyó con sanciones económicas muy relevantes.
Según informó el Ministerio, 16 cooperativas fueron sancionadas por contratar servicios con socios que carecían de autorización de transporte. El importe total de estas multas ascendió a 552.276 euros.
A ello se sumaron las sanciones impuestas a 276 socios que habían facturado servicios sin disponer de autorización propia. En este caso, las multas alcanzaron 1.104.276 euros.
En conjunto, sólo esta campaña específica generó sanciones por más de 1,65 millones de euros.
El Ministerio recuerda además que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres considera infractores tanto a las cooperativas como a los socios trabajadores cuando realizan este tipo de prácticas.
Por ello, Transportes ha advertido expresamente de que continuará actuando durante 2026 contra cualquier estructura que permita facturar servicios de transporte sin cumplir los requisitos legales exigidos.
Otras infracciones que vigilará la inspección en el transporte este 2026
El control sobre las cooperativas no será la única prioridad inspectora durante el próximo año. El nuevo plan incorpora también varias novedades normativas que afectarán directamente a miles de autónomos y pequeñas empresas del transporte.
Documento de control digital obligatorio
Uno de los cambios más importantes será la implantación definitiva del documento de control digital.
A partir de octubre, los transportistas deberán sustituir progresivamente la documentación tradicional en papel por documentos electrónicos con código QR y acceso digital para los agentes de control.
Estos documentos permitirán identificar al transportista, al cargador, la mercancía transportada y el resto de información obligatoria mediante sistemas electrónicos.
La ausencia de esta documentación o su incorrecta utilización puede dar lugar a sanciones de hasta 6.000 euros.
Tacógrafo inteligente de segunda generación
La Inspección continuará controlando también la instalación del nuevo tacógrafo inteligente.
Este dispositivo es obligatorio para numerosos vehículos que realizan transporte internacional y ha supuesto una inversión adicional de entre 1.200 y 2.500 euros por vehículo para muchos autónomos del sector.
Las sanciones por incumplir esta obligación pueden alcanzar los 30.000 euros en los casos más graves.
El control se centrará tanto en la correcta instalación como en el uso adecuado del dispositivo y la transmisión de la información exigida por la normativa europea.
Nuevos límites de peso y dimensiones
Otro de los ámbitos prioritarios será la vigilancia sobre la normativa de pesos máximos.
Desde la aprobación de la reforma que elevó hasta 44 toneladas la masa máxima autorizada para determinados conjuntos de vehículos, los transportistas deben adaptarse a nuevos límites técnicos y operativos.
La Inspección verificará el cumplimiento de estas condiciones y podrá sancionar los excesos detectados.
La cuantía de las multas dependerá del porcentaje de exceso sobre la masa máxima autorizada y de las características del vehículo utilizado.
Control de competencia desleal y fraude sectorial
Más allá de las obligaciones técnicas, Transportes mantiene una línea de actuación centrada en combatir prácticas que alteren la competencia dentro del sector.
En este apartado se enmarca precisamente la vigilancia sobre cooperativas, sociedades interpuestas y cualquier otro modelo organizativo que permita desarrollar actividad económica sin cumplir las mismas obligaciones que el resto de operadores.
Según explica el ministerio, estas actuaciones buscan garantizar un entorno competitivo equilibrado y proteger a los transportistas que operan conforme a la normativa.
La Administración incluso ha recordado la existencia del Buzón de la Inspección de Transporte por Carretera, disponible en la sede electrónica ministerial, a través del cual pueden comunicarse de forma anónima posibles irregularidades relacionadas con cooperativas u otras prácticas fraudulentas.
