Los autónomos con empleados podrían perder próximamente la posibilidad de rebajar hasta un 40% las multas de la Inspección de Trabajo cuando estén relacionadas con accidentes laborales o enfermedades profesionales. El Gobierno ha incluido este cambio en el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aprobado ya en primera vuelta por el Consejo de Ministros, con la intención de endurecer el tratamiento de las infracciones más graves en materia de seguridad laboral.
La modificación afectaría a uno de los mecanismos más utilizados hasta ahora por las pymes para reducir el impacto económico de determinadas sanciones: el descuento por pronto pago. En la práctica, esta posibilidad permitía a las empresas cerrar antes el expediente y rebajar considerablemente la cuantía final de la multa. Algo que el Ministerio de Trabajo considera ahora incompatible con los casos en los que existe un accidente laboral ligado a incumplimientos preventivos.
“Para un autónomo con pocos empleados, una sanción sin reducción puede representar una carga económica muy importante”, advirtió a este diario Guillermo Dorronsoro, profesor de Estrategia en Deusto Business School. Según explicó este experto, el efecto no se limitaría únicamente al pago de la multa, sino que podría ir acompañado de “recargos de prestaciones, responsabilidades adicionales, pérdida de actividad”, necesidad de regularizar medidas preventivas o impacto en su reputación como empresa.
- El final de esta rebaja afectaría especialmente a sectores con más accidentes laborales
- Las pymes podrían replantearse si recurren determinadas sanciones
- Trabajo quiere reforzar también la prevención en salud mental y teletrabajo
El final de esta rebaja afectaría especialmente a sectores con más accidentes laborales
La reforma todavía no está aprobada definitivamente y deberá pasar de nuevo por el Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria. Aun así, el texto ya deja claro que el Ejecutivo quiere impedir que las sanciones vinculadas a accidentes de trabajo puedan beneficiarse de una rebaja automática por pago anticipado.
La medida tendría especial impacto en actividades con una exposición mayor al riesgo laboral, como construcción, transporte, industria, mantenimiento o determinadas tareas agrarias. Se trata además de sectores en los que la presencia de autónomos y pequeñas empresas es significativa. Y estos suelen tener una capacidad financiera más limitada para afrontar procedimientos sancionadores elevados.
“Se notará más en infracciones graves o muy graves vinculadas a accidentes laborales”, señaló Dorronsoro. Quien recordó que muchas microempresas pueden verse especialmente afectadas cuando coinciden varios costes derivados de un mismo incidente. En determinados casos, una sanción administrativa puede ir acompañada de indemnizaciones, paralizaciones de actividad o exigencias adicionales en prevención.
El Gobierno justifica el cambio en la necesidad de reforzar el carácter disuasorio de las multas relacionadas con siniestros laborales. Según la redacción del anteproyecto, cuando exista una relación directa entre el incumplimiento preventivo y el accidente o enfermedad profesional, el infractor no debería beneficiarse de una reducción automática de la sanción.
Las pymes podrían replantearse si recurren determinadas sanciones
Hasta ahora, el descuento por pronto pago funcionaba como un incentivo para aceptar rápidamente la sanción y cerrar el procedimiento. La posibilidad de reducir en un 40% la cuantía final hacía que muchas empresas renunciasen a recurrir, incluso cuando existían dudas sobre algunos aspectos del expediente.
Con el cambio planteado por Trabajo, ese escenario tiene todas las trazas de modificarse parcialmente. “Al desaparecer el incentivo económico del pronto pago, algunas empresas podrían estar más dispuestas a analizar si procede recurrir”, explicó Dorronsoro. Según añadió, esto podría ocurrir especialmente “cuando existan dudas sobre los hechos, la graduación de la sanción o la relación entre el incumplimiento preventivo y el accidente”.
El experto matizó, no obstante, que esta situación no debería interpretarse como un aumento generalizado de la litigiosidad. “No creo que deba interpretarse como una invitación general a acudir a los tribunales”, afirmó. Aunque sí consideró que las pymes necesitarán “estudiar con más detenimiento cada expediente, antes de decidir si asumen la multa o presentan alegaciones.
Ese análisis previo puede implicar también mayores costes de asesoramiento para autónomos y pequeñas empresas. Sobre todo, en procedimientos complejos o vinculados a accidentes con consecuencias graves. En estos casos, la estrategia de defensa y la documentación preventiva pasarían a tener todavía más importancia que hasta ahora.
Trabajo quiere reforzar también la prevención en salud mental y teletrabajo
La eliminación del descuento por pronto pago forma parte de una reforma más amplia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que pretende actualizar una normativa que el Gobierno considera desfasada respecto a los nuevos riesgos laborales.
Entre otros aspectos, el anteproyecto incorpora la edad como factor de riesgo, refuerza la evaluación de los riesgos psicosociales y de salud mental, e introduce referencias específicas al teletrabajo y al impacto del cambio climático sobre determinadas actividades profesionales.
Además, el texto prevé crear agentes territoriales de prevención, orientados a reforzar el control y asesoramiento en pequeñas empresas. Esta medida ha generado críticas en parte de las organizaciones empresariales, que consideran que la reforma sigue demasiado ligada a los planteamientos sindicales y que todavía presenta aspectos poco definidos durante su tramitación parlamentaria.
“Conviene ser prudentes, porque estamos todavía ante un anteproyecto y la tramitación puede introducir cambios”, recordó Dorronsoro. Según explicó, durante el recorrido parlamentario podrían modificarse “el alcance exacto de la exclusión de este descuento, los supuestos afectados, posibles excepciones o el régimen transitorio”.
El profesor de Deusto Business School consideró, en cualquier caso, que el mensaje que traslada el Ejecutivo es claro. “Se busca reforzar la prevención y evitar que el pronto pago opere como una vía ordinaria de reducción en expedientes vinculados a accidentes de trabajo”, resumió.
