El nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026, aprobado mediante el Real Decreto publicado el pasado 19 de febrero, no sólo ha obligado a los autónomos con empleados a subir los sueldos desde ese momento. También les ha forzado a regularizar con efectos retroactivos todas las nóminas desde enero, algo que muchos pequeños negocios todavía podrían no haber hecho.
Esta situación abre la puerta a posibles sanciones. Según advirtieron expertos laboralistas, la Inspección de Trabajo ya podría actuar contra aquellos autónomos que no hayan adaptado tanto los salarios como las cotizaciones al nuevo SMI dentro de los plazos establecidos. En la práctica, esto afecta especialmente a quienes no abonaron los atrasos correspondientes al mes de enero ni ajustaron las bases de cotización en los meses siguientes.
Además, el contexto normativo se ha complicado en las últimas semanas. A la subida del SMI se ha sumado la publicación de la orden de cotización a finales de marzo, que también obligó a actualizar bases mínimas y cuotas. Todo ello ha incrementado la presión administrativa sobre los autónomos, que han tenido que adaptar en pocas semanas tanto salarios como cotizaciones para evitar incumplimientos.
- Consecuencias de no actualizar los sueldos y cotizaciones al nuevo salario mínimo en 2026
- La Inspección podría sancionar con hasta 7.500 euros por trabajador
- Los autónomos debían actualizar las nóminas antes de finales de marzo
- Los autónomos debieron pagar una nómina adicional por la subida del SMI de enero
- Un ajuste obligatorio que ya está en el radar de la Inspección
Consecuencias de no actualizar los sueldos y cotizaciones al nuevo salario mínimo en 2026
La subida del SMI hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas -17.094 euros brutos anuales- entró en vigor en febrero, pero con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Esto implica que todos los autónomos con trabajadores que cobraban el salario mínimo anterior debían recalcular las nóminas ya abonadas y abonar los atrasos correspondientes.
Según explicó el abogado laboralista Jaume Barcons, esta actualización no es opcional. “Por cada nómina no actualizada, el autónomo deberá abonar tanto la diferencia salarial como las cotizaciones no ingresadas a la Seguridad Social”, lo que convierte este ajuste en una obligación tanto laboral como administrativa.
En términos prácticos, la diferencia salarial por enero asciende a unos 37 euros brutos por trabajador -que se elevan a más de 43 euros si se tienen en cuenta las pagas extraordinarias prorrateadas-. A esto hay que añadir unos 16,60 euros adicionales en cotizaciones empresariales.
En total, cada autónomo debía regularizar cerca de 60 euros por empleado sólo por el mes de enero.
La Inspección podría sancionar con hasta 7.500 euros por trabajador
El principal riesgo para los autónomos no está tanto en las cotizaciones -que el propio sistema suele detectar automáticamente- como en los salarios.
Según explicó Jesús Prieto, vocal del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), el sistema de la Tesorería no permite consolidar bases de cotización por debajo del SMI, por lo que estas diferencias suelen regularizarse casi de forma automática.
Sin embargo, el impago de salarios sí puede dar lugar a sanciones directas. Si un autónomo no ha abonado la diferencia correspondiente al nuevo SMI, la Inspección podría levantar un acta por infracción grave.
En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 751 y 7.500 euros por trabajador afectado. Además, el empresario estaría obligado a abonar los atrasos salariales pendientes, lo que incrementa el impacto económico.
Por ejemplo, si un negocio continuó pagando en febrero el antiguo SMI -1.184 euros- en lugar de los 1.221 euros actualizados, estaría dejando de abonar tanto la diferencia de enero como la actualización de febrero, lo que podría derivar en una actuación inspectora.
Los autónomos debían actualizar las nóminas antes de finales de marzo
Aunque la norma entró en vigor en febrero, los autónomos no disponían de un margen indefinido para regularizar la situación.
El plazo habitual para regularizar salarios suele ser de 30 días Según explicó Jaume Barcons, en la práctica los convenios colectivos suelen otorgar un plazo aproximado de 30 días para adaptar los salarios tras la publicación de una norma de este tipo.
Teniendo en cuenta que el Real Decreto del SMI se publicó el 19 de febrero, este plazo situaría la fecha límite en torno al 20 de marzo de 2026.
A partir de ese momento, los autónomos que no hayan actualizado las nóminas -incluyendo los atrasos de enero- podrían estar incurriendo en incumplimientos sancionables.
Esto implica que, desde abril, la Inspección ya podría actuar con normalidad sobre estos casos, especialmente si detecta denuncias de trabajadores o irregularidades en los registros salariales.
También debían regularizar las cotizaciones mediante liquidaciones complementarias
Además del salario, los autónomos estaban obligados a ajustar las cotizaciones sociales. La subida del SMI incrementa automáticamente la base mínima de cotización, lo que obliga a presentar liquidaciones complementarias a la Seguridad Social para regularizar las diferencias generadas desde enero.
Este trámite se realiza a través del Sistema RED y permite ajustar las bases de cotización al nuevo salario mínimo. No hacerlo puede generar deudas con la Seguridad Social, recargos e incluso sanciones adicionales.
Los autónomos debieron pagar una nómina adicional por la subida del SMI de enero
Uno de los aspectos más relevantes de esta actualización es su carácter retroactivo. Al haber entrado en vigor con efectos desde el 1 de enero, los autónomos debieron abonar una nómina complementaria para cubrir la diferencia salarial de ese mes.
Esta nómina adicional incluye:
- La diferencia salarial (unos 43,17 euros mensuales con pagas prorrateadas).
- La cotización adicional correspondiente (unos 16,60 euros).
En conjunto, cerca de 59,76 euros por trabajador que debían regularizarse en una única liquidación o en la siguiente nómina ordinaria.
No realizar este ajuste implica que el trabajador ha cobrado por debajo del mínimo legal durante ese periodo, lo que constituye una infracción laboral.
El coste laboral de cada empleado en el SMI supera los 1.972 euros al mes en 2026. Más allá de los atrasos, la subida del SMI tiene un impacto estructural en los costes de los autónomos.
Con el nuevo salario mínimo, el coste total por trabajador -incluyendo salario y cotizaciones- asciende a unos 1.972 euros mensuales.
Este importe se desglosa en:
- 1.424,50 euros de salario bruto mensual (con pagas extras prorrateadas).
- 547,72 euros de cotizaciones sociales a cargo del empleador.
En términos anuales, el coste supera los 23.600 euros por empleado, lo que supone un incremento de más de 700 euros respecto al año anterior.
Este aumento afecta especialmente a sectores intensivos en mano de obra —como hostelería, comercio o servicios personales— donde una gran parte de la plantilla percibe el salario mínimo.
Un ajuste obligatorio que ya está en el radar de la Inspección
La combinación de subida del SMI, efectos retroactivos y cambios en las bases de cotización ha convertido el inicio de 2026 en uno de los más exigentes para los autónomos con empleados.
En este contexto, la Inspección de Trabajo suele prestar especial atención al cumplimiento de las obligaciones salariales, especialmente en los meses posteriores a una subida del salario mínimo.
El impago -aunque sea parcial- de las cantidades correspondientes al SMI es uno de los principales focos de actuación inspectora, ya que afecta directamente a los derechos del trabajador.
Por ello, los expertos advierten de que los autónomos que no hayan regularizado todavía las nóminas y cotizaciones podrían enfrentarse no sólo al pago de atrasos, sino también a sanciones económicas relevantes.
En un entorno de costes crecientes y márgenes ajustados, este tipo de incumplimientos puede suponer un impacto significativo para pequeños negocios que, en muchos casos, han tenido que asumir varias actualizaciones normativas en apenas unas semanas
